Tras un fallo de la Cámara de Apelaciones que respaldó al Gobierno de la Ciudad y a Subterráneos de Buenos Aires S.E., y que significó un revés para la cautelar presentada por la Izquierda, la Justicia porteña confirmó este viernes que la tarifa del subte seguirá costando $650.
La jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4, Elena Amanda Liberatori, había dictado una medida cautelar el lunes 27 de mayo y será quien deba resolver la cuestión de fondo ante el amparo presentado. El fallo de revocación, por su parte, lleva las firmas de los magistrados Hugo Ricardo Zuleta, Gabriela Seijas y Horacio Corti.
En medio de los anuncios de aumentos de tarifas, partidos de Izquierda presentaron un recurso de amparo y lograron frenar las subas en primera instancia. Posteriormente, consiguieron que la jueza ordenara al Gobierno porteño presentar un plan de adecuación, al considerar excesivos los aumentos.
El precio del boleto a $650 comenzó a regir el sábado 1° de junio. Este primer tramo implica un incremento de casi el 360% con respecto al valor del mes anterior.
A partir del tercer tramo, se establecerá una tarifa diferenciada por SUBE sin nominalizar. Quienes tengan la tarjeta registrada pagarán $757 para el subte y $264,95 para el premetro. De lo contrario, abonarán $859,07 y $300,67 respectivamente.
En su presentación contra la compañía de Subterráneos de Buenos Aires S.E., los denunciantes calificaron el plan de aumentos previsto como “ilegal y fraudulento”.
El reclamo de Myriam Bregman
En el escrito presentado ante el Juzgado, Myriam Bregman puntualizó que se trata de un “aumento ilegal” que viola la Constitución Nacional, la de la Ciudad de Buenos Aires, tratados internacionales y leyes reguladoras. También mencionó que el incremento afecta negativamente a miles de usuarios.
En ese contexto, argumentó que el aumento de $125 -vigente desde febrero- a una tarifa de $574 -vigente desde el 17 de mayo- equivale a un incremento del 359%, “muy por encima de los índices inflacionarios para ese período”.
Además, la diputada argumentó que la tarifa técnica incluye “gastos irrazonables y arbitrarios”, y que la falta de reglamentación de la Ley 4472 permite estas prácticas, criticando también la falta de políticas para fomentar el uso del subte por los trabajadores.