Tras el triunfo electoral bonaerense, el gobierno provincial formalizó la exigencia de que las billeteras digitales—y otros proveedores de servicios de pago (PSPOCP)—retengan el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esta medida se articula mediante la Resolución Normativa 25/2025, publicada en el Boletín Oficial, y marca la adhesión de la provincia al sistema SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago), que funciona como una extensión del SIRCREB (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones de Ingresos Brutos), un mecanismo de recaudación ya implementado para las entidades financieras tradicionales.
El objetivo de la medida es equiparar el tratamiento fiscal de las apps de pago con el que ya se aplica a las entidades financieras tradicionales, promoviendo una mayor equidad entre los medios de pago y facilitando la administración tributaria. En este sentido, SIRCUPA se presenta como una extensión del SIRCREB, permitiendo una recaudación más eficiente y transparente sobre los montos acreditados en cuentas de pago, sin importar si están en pesos, moneda extranjera (excepto dólares estadounidenses), valores o instrumentos equivalentes a moneda de curso legal.
La normativa incluye exclusiones específicas: no alcanzará a jubilaciones, pensiones, remuneraciones, operaciones de exportación, intereses de plazos fijos, rescates de fondos comunes de inversión, devoluciones de impuestos ni planes sociales.
Se establece un cronograma para el inicio de la retención: desde el 1° de octubre de 2025 para los proveedores de servicios de pago ya habilitados en otras jurisdicciones y registrados en el listado oficial de agentes de recaudación; y desde el 1 de noviembre de 2025 para el resto de los proveedores que cumplan con los requisitos. Esto refuerza la intención de establecer un sistema coherente y unificado con el SIRCREB, que ya regula el sistema de recaudación de Ingresos Brutos en otras plataformas de pago.
Expertos tributarios subrayan que no se trata de un nuevo impuesto, sino de una unificación con el régimen ya vigente a través del convenio multilateral. Este planteo tiene como objetivo ordenar el sistema tributario y asegurar un tratamiento equitativo para todos los medios de pago.
Sin embargo, preocupa que los contribuyentes puedan acumular saldos a favor difíciles de recuperar. Para mitigar esto, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) elevó el monto habilitado para solicitar en línea la devolución de saldos favorables: de $1.000.000 a $3.500.000. Con esta ampliación, más del 95% de quienes acumulen saldo a favor podrán tramitar su devolución por esta vía digital, lo que también optimiza la administración de saldos a favor en el marco del sistema SIRCREB.
Qué es el SIRCREB y cómo opera
El Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) es un mecanismo tributario que permite a las provincias adheridas recaudar automáticamente el impuesto a los Ingresos Brutos a través de retenciones sobre las acreditaciones bancarias y ahora también sobre las transacciones en billeteras digitales.
Creado para armonizar los sistemas de recaudación entre jurisdicciones, el SIRCREB opera mediante un padrón mensual donde se establecen las alícuotas de retención para cada contribuyente. El sistema funciona como un pago a cuenta del impuesto: los bancos, las billeteras digitales y otros agentes actúan como agentes de retención, descontando automáticamente un porcentaje de los depósitos y transferencias.
Estos montos retenidos luego se imputan como pagos anticipados del impuesto a los Ingresos Brutos. Cuando las retenciones superan el impuesto adeudado, se genera un saldo a favor que el contribuyente puede utilizar para compensar futuras obligaciones o solicitar su devolución.
El sistema abarca múltiples jurisdicciones: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Chaco, Formosa, La Rioja, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego están adheridas al régimen, lo que representa aproximadamente el 85% de la recaudación nacional de Ingresos Brutos.
hands-holding-credit-card-using-laptop-computer-and-mobile-phone-for-online-shopping
Las críticas del sector empresario
Las entidades empresarias vienen manifestando su oposición sistemática al SIRCREB desde su implementación, argumentando que genera distorsiones económicas significativas en el funcionamiento de las empresas, especialmente las de menor tamaño.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ha sido una de las voces más críticas del sistema. Alfredo González, presidente de CAME, sostiene que las retenciones automáticas generan "un impacto severo en el flujo de caja" de las pequeñas y medianas empresas. "El sistema castiga desproporcionalmente a las PyMEs, que no tienen la estructura financiera para soportar retenciones que muchas veces duplican o triplican el impuesto realmente adeudado", manifestó González en sucesivas presentaciones ante organismos gubernamentales.
La entidad elaboró un relevamiento entre sus asociados que documenta que el 60% de las PyMEs experimenta problemas de liquidez derivados de las retenciones del SIRCREB. El estudio reveló que las empresas del sector comercial son las más perjudicadas, especialmente aquellas con alta rotación de mercadería y márgenes reducidos, donde las retenciones pueden representar hasta el 15% de su facturación mensual.
La Confederación de la Producción, el Comercio y los Servicios (COPAL) amplió las críticas hacia aspectos estructurales del régimen. La entidad que nuclea a las grandes empresas señaló que el sistema genera "una transferencia indebida de costos" del Estado hacia el sector privado, tanto por los gastos administrativos como por el costo financiero de tener fondos inmovilizados.
Las críticas también se extienden a la inequidad del sistema. Las cámaras empresarias argumentan que afecta desproporcionalmente a las empresas que operan con márgenes ajustados y alta rotación, mientras que beneficia relativamente a aquellas con ciclos de cobranza largos o márgenes elevados. Esta distorsión genera competencia desleal entre sectores y afecta la asignación eficiente de recursos en la economía.
La complejidad administrativa representa otro foco de críticas sistemáticas. Los contribuyentes deben gestionar constantemente sus saldos a favor, presentar solicitudes de exclusión cuando corresponde, y lidiar con retenciones que frecuentemente superan el impuesto realmente adeudado. El sistema obliga a las empresas a destinar recursos humanos especializados para el manejo tributario, generando costos adicionales especialmente gravosos para las PyMEs.
Propuestas de reforma
La iniciativa de Mendoza
La propuesta más ambiciosa proviene del gobierno mendocino, que planteó una estrategia de eliminación progresiva del sistema. Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, anunció en mayo de 2025 la exclusión de 12.500 contribuyentes del régimen SIRCREB como primer paso de un plan más amplio.
El ministro de Producción mendocino, Rodolfo Vargas Arizu, fue más allá en la estrategia y propuso "a la Nación y a las provincias eliminar el SIRCREB" de manera coordinada entre jurisdicciones. Vargas Arizu argumentó que "el sistema genera más costos que beneficios para la actividad productiva" y planteó un cronograma de eliminación gradual que comenzaría con las PyMEs y se extendería posteriormente a todas las empresas.
La propuesta mendocina incluye compensar la pérdida recaudatoria mediante mejoras en la administración tributaria directa y el desarrollo de sistemas de fiscalización más eficientes. El gobierno provincial estimó que la eliminación del SIRCREB podría generar un incremento del 8% en la actividad económica provincial debido a la mejora en el flujo de caja de las empresas.
Las propuestas sectoriales
El sector agropecuario también desarrolló una propuesta integral de reforma. En la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, presidente de la entidad, planteó la eliminación total del SIRCREB para actividades primarias, argumentando que "el sistema es incompatible con la estacionalidad y los ciclos productivos del campo".
La propuesta rural incluye la creación de un régimen especial para actividades agropecuarias que contemple las particularidades del sector: ciclos productivos largos, dependencia de factores climáticos y alta variabilidad en los ingresos. El planteo fue respaldado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro, que presentaron un estudio conjunto demostrando que las retenciones SIRCREB pueden representar hasta el 25% del margen bruto en años de precios bajos.
La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso una reforma gradual basada en umbrales de facturación progresivos. Durante la gestión de Daniel Funes de Rioja al frente de la entidad, planteó excluir del sistema a empresas con facturación menor a $100 millones anuales en una primera etapa, elevando progresivamente este umbral hasta alcanzar los $500 millones.
La propuesta industrial incluye además la creación de un sistema de compensación automática que permita a las empresas utilizar inmediatamente sus saldos a favor del SIRCREB para cancelar otras obligaciones fiscales, reduciendo así el impacto financiero del régimen sin eliminarlo completamente.
