Uruguay da un paso relevante en la reformulación de su sistema tributario. Actualmente, las personas físicas residentes tributan un 12% en concepto de IRPF por los rendimientos de capital mobiliario generados en el exterior. Esto incluye intereses, dividendos y otros resultados derivados de colocaciones de capital fuera del país.
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, recientemente ingresado al Parlamento, propone extender este alcance, incorporando nuevas fuentes de renta extranjera al régimen del IRPF. Entre las principales novedades se incluye la gravabilidad de los incrementos patrimoniales originados en el exterior —como la venta de acciones, participaciones, bonos o inmuebles— con una alícuota del 2,4% sobre el valor de transferencia. También se propone gravar con el 12% los rendimientos de capital inmobiliario en el exterior, como los alquileres.
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El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, recientemente ingresado al Parlamento, propone extender este alcance, incorporando nuevas fuentes de renta extranjera al régimen del IRPF
Estos cambios se enmarcan en lo que el gobierno denomina “convergencia fiscal”: un conjunto de ajustes normativos que buscan adaptar la estructura tributaria nacional a las tendencias globales, corregir inconsistencias técnicas y garantizar mayor equidad horizontal. Según la exposición de motivos del proyecto, no se busca aumentar la carga fiscal de los contribuyentes, sino relocalizar en Uruguay la recaudación de impuestos que hoy se tributan en el exterior.
El proyecto también mantiene ciertas exoneraciones. No estarán alcanzados por el tributo los ingresos derivados del arrendamiento de bienes muebles, regalías, derechos de autor, cesión de imagen o instrumentos financieros derivados como futuros y forwards.
Asimismo, se prevé que si el contribuyente ya tributa en el exterior por estas rentas, podrá computar ese pago como crédito fiscal contra el IRPF generado en Uruguay, evitando así situaciones de doble imposición.
Otro punto relevante es la introducción de una cláusula antiabuso para evitar maniobras de planificación fiscal que buscan eludir impuestos mediante transferencias indirectas de activos situados en el país a través de estructuras en el exterior. En esencia, se busca igualar el tratamiento tributario de operaciones con idéntico contenido económico, aunque ejecutadas bajo formas jurídicas distintas.
En definitiva, el proyecto propone una reforma focalizada, sin cambios disruptivos en las alícuotas, pero con una ampliación de la base imponible que refuerza la equidad del sistema. Para los contribuyentes, implica una mayor obligación de monitoreo y cumplimiento fiscal, pero también una señal clara de hacia dónde avanza el régimen tributario uruguayo: hacia una estructura más integrada, moderna y globalmente alineada.
