La fiscal Mónica Cuñarro se opuso esta semana a una maniobra de la defensa de Alejandro Muszak, el CEO de la Fintech Wenance, para que se suspenda su indagatoria en un caso en el que está imputado por estafas reiteradas.
A fines de julio la fintech, que opera en Uruguay y España, fue imputada por estafas reiteradas en el otorgamiento de cŕeditos conocidos popularmete como "basura". Luego del requerimiento fiscal, el juez Alberto Baños, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Convencional de Argentina, dispuso recientemente la citación a indagatoria del CEO y otros ejecutivos de la fintech Wenance.
Ante el pedido de la fiscal, el juez Alberto Baños fijó las fechas de indagatorias para la segunda semana de agosto. Además de Muszak, fueron citados Santiago Hardie, Gustavo Molas y Paola Vallone, integrantes de la empresa. Para la fiscal, ellos integran una organización criminal que cometió delitos al menos desde 2016. Ahora la fiscal Cuñarro se opuso al pedido que hizo Muszak para que se suspenda su indagatoria en un caso.
Según Infobae, los imputados pidieron la suspensión de las indagatorias debido a que habían hecho acuerdos de mediación prejudicial civil con varios de los denunciantes de los hechos por los cuales deben ser indagados. A partir de esos acuerdos, pidieron que se les acepte el instituto de la conciliación o reparación integral del daño que avala la extinción de la acción penal luego de un acuerdo económico entre víctima y victimario.
La fiscal se opuso a la suspensión de la indagatoria por varias razones. Una de ellas es que los acuerdos firmados en las mediaciones no son aplicables de manera directa a la causa penal. Se deben presentar las partes en la causa penal en una audiencia oral en la que se esgrimen los términos del acuerdo.
Cuñarro también se opuso porque los acuerdos presentados en los casos que están sumados al expediente se hicieron por cifras “irrisorias” que no tienen relación con los montos por los cuales fueron perjudicados los que fueron estafados. Además, la fiscal calificó al pedido de suspensión de la indagatoria como “dilatorio”.
Las empresas del grupo Wenance, que operan bajo nombres de fantasía como Presto, Más salario, Mango o Luquitas, atraían a personas a través de anuncios y redes sociales. Los préstamos generalmente se destinaban a pagar deudas o alquilar inmuebles y eran de pequeñas cantidades pero con enormes intereses. La empresa otorgaba el préstamo de inmediato y casi sin requisitos, ya sea en efectivo o mediante transferencias a las cuentas de los clientes. Para cobrar, realizaban débitos directos de las cuentas de los clientes, en algunos casos continuando los débitos incluso después de que la deuda había sido cancelada.
Wenance sumó este el 3 de agosto un nuevo problema judicial luego que su CEO Muszak fuera allanado por efectivos de la Policía Federal tras un pedido de la justicia federal de Ushuaia. Este vez el motivo fueron las sospechas por estafas en fideicomisos.
Esta es la segunda causa en que Wenance es investigado por estafa. La Justicia porteña pidió las indagatoria de los responsables en una causa, también por estafas,pero en otorgamientos de préstamos.
A causa de los problemas judiciales en Argentina la fintech señaló el pasado 26 de julio a sus clientes en Uruguay que debía suspender los pagos ya pactados de manera temporal.
Fintech Wenance anunció a clientes uruguayos que temporalmente debe suspender pagos de interés
El abogado de las víctimas, Milton Kees, señaló al El Observador que además de Muszak son investigados otros tres directivos de la Fintech. "Se dispuso inmovilización de fondos, la prohibición de salida del país y comparecer dos veces por semana en la comisaria". Agregó que hasta ahora son 80 personas, inversores de Argentina y España, que se presentaron ante la Justicia
La operatoria que investiga la justicia es el otorgamiento de créditos "basura" para luego transformarlos en título privados que son vendidos en el mercado. Wenance prometía una rentabilidad no acorde a lo que rige este tipo de transacciones. Por ahora la totalidad de las personas afectadas son argentinas y españolas pero no se descarta que se presenten víctimas de Uruguay.
Al ser fideicomisos privados no están sujetos a ninguna autoridad de control, como por ejemplo la Comisión Nacional de Valores.