El Gobierno le pidió a la Justicia que no intervenga con el DNU porque lo trata el Congreso
Los abogados de la Procuración del Tesoro destacaron que la evaluación de la excepcionalidad, necesidad y urgencia reside en el Poder Ejecutivo y el Congreso, no en el Poder Judicial.
El Gobierno Nacional instó a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal a no entrometerse en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por Javier Milei, argumentando que el Congreso Nacional ya está interviniendo en el asunto.
En respuesta a la acción de amparo presentada por el Observatorio del Derecho en la Ciudad, los abogados de la Procuración del Tesoro destacaron que la evaluación de la excepcionalidad, necesidad y urgencia reside en el Poder Ejecutivo y el Congreso, no en el Poder Judicial. Afirmaron que una vez dictado el DNU, se notifica al Congreso, que tiene la facultad de revocarlo mediante un proceso sujeto a la voluntad del legislativo y al debate democrático, aspectos en los cuales los jueces no deben intervenir.
Además, advirtieron que la intervención judicial en este momento sería prematura, dado que ya está en marcha el mecanismo institucional previsto por la Constitución y la tramitación parlamentaria de la Ley N° 26.122, destinada al control legislativo del DNU.
En cuanto al demandante, el Observatorio del Derecho en la Ciudad, la Procuración del Tesoro argumentó que carece de legitimación al no ser titular de un derecho afectado por el DNU. Consideraron que permitirle demandar sin demostrar el perjuicio sería desviar el control de constitucionalidad de su función tutelar, convirtiéndolo en una herramienta de gobierno no designada por la Constitución.
En relación con las sesiones extraordinarias en el Congreso, el Gobierno recordó que el Poder Ejecutivo puede utilizar facultades legislativas en circunstancias excepcionales, como la crisis económica actual, justificando la implementación del DNU N° 70/2023. Argumentaron que la urgencia derivada de la crisis es incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley, dada la diversidad de las materias abordadas.
La decisión sobre la constitucionalidad del DNU queda ahora en manos del juez Lavié Pico, quien determinará si satisface las demandas de diversas entidades, particulares y ONGs, entre otros. Cabe destacar que solo la Justicia ha detenido a través de tres cautelares las reformas laborales propuestas por Javier Milei.
