El Gobierno negocia las reformas con las provincias a cambio de la reversión de Ganancias
En el círculo cercano al Presidente, señalan que no se procederá con la reversión del impuesto hasta que se apruebe la amplia reforma propuesta. Incluso, advierten sobre la posibilidad de emitir otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para eliminar "todo lo que se pueda".
Decidido a avanzar con determinación en las dos medidas centrales del inicio del mandato, que han generado un significativo impacto político, el Gobierno se juega a todo o nada por la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica y la ley ómnibus. Manteniendo una postura firme al inicio de las negociaciones, se impulsa la aprobación del proyecto durante las sesiones extraordinarias, dejando claro que no se está dispuesto a prolongar el período ni a realizar concesiones significativas.
La clave en la negociación, según Javier Milei, reside en la reforma del Impuesto a las Ganancias, la cual no fue incluida en el texto enviado por el Presidente esta semana y cuya presentación aún no tiene una fecha establecida por el Ejecutivo. En la Casa Rosada, se advierte que no se llevará a cabo hasta que se garantice la aprobación de la reforma del Estado. Un alto funcionario con contacto periódico con el Presidente señala: "Sería ingenuo proporcionar esa ayuda antes de que se apruebe Ganancias. No se trata de chantaje, sino de una parte fundamental de la negociación política".
En Balcarce 50 afirman que, en conversaciones privadas, "varios" gobernadores, incluso de Unión por la Patria, muestran acuerdo con la dirección propuesta por Milei. Sin embargo, reconocen que las disputas internas en las fuerzas de la oposición pueden condicionar el respaldo de los legisladores. A pesar de ello, en el Gobierno reconocen que los primeros sondeos realizados por Martin Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado no fueron positivos: "No contamos con los números necesarios", admiten.
El manejo preciso de los tiempos en el proceso parlamentario es esencial en la estrategia del jefe de Estado, quien busca acelerar bajo el argumento de la emergencia, aunque en el fondo subyace la urgencia de avanzar antes de que las consecuencias sociales del ajuste comiencen a agitar la opinión pública, un escenario que vislumbran como inevitable. La fijación del 31 de enero como fin de las sesiones extraordinarias fue precisamente para evitar que los legisladores alarguen el debate, y se advierte que no se cederá en este aspecto.
Ayer, varios legisladores opositores moderados advirtieron que el debate sobre las iniciativas del oficialismo, dada su magnitud y alcance, llevaría como mínimo tres o cuatro meses. En el Ejecutivo consideran estos cálculos como irrisorios. "Estamos en emergencia, no hay posibilidad alguna", responde un colaborador de Milei, informando que no dudarán en utilizar "otras herramientas constitucionales", como un nuevo decreto o un plebiscito, si no obtienen el respaldo suficiente en el Congreso.
¿Cuánto margen tienen los operadores políticos del Gobierno y el oficialismo en el Congreso en esta negociación? Por el momento, es escaso. Cercanos a Milei sostienen que buscan que se vote "el paquete completo", sin ceder ante las numerosas solicitudes de cambios que ya provienen desde la oposición. "Si hay una norma que obstaculiza y no es un tema urgente, tal vez se pueda desechar. Pero siempre y cuando no altere el espíritu del camino que quiere marcar el Presidente", concluyen.
