Luego de que Alejandra Abrebaya se haya excusado de la causa, la jueza Analía Romero fue quién asumió la responsabilidad, pero, en las últimas horas, decidió seguir el camino de su colega.
“Considero prudente excusarme del presente proceso”, señaló en el escrito presentado.
De esta manera, la Sala E de la Cámara Civil deberá volver a determinar si las elecciones de Boca seguirán suspendidas y que juez se hará cargo de la causa.
La jueza Alejandra Abrevaya, quien suspendió las elecciones en Boca el pasado domingo mediante una medida cautelar debido a una denuncia por presuntas irregularidades en el padrón, ha informado sobre la recepción de amenazas de muerte, requiriendo actualmente protección policial.
El lunes, la magistrada dejó temporalmente la dirección del caso, ya que la administración actual de Boca la recusó alegando parcialidad. La Cámara de Apelaciones está evaluando la validez de dicha recusación.
Abrevaya presentó una denuncia penal después de recibir mensajes a través de redes sociales que incluían imágenes de una pistola, un ataúd y la representación de sus hijas. Como medida de precaución, se le ha asignado custodia policial.
Aunque las amenazas son motivo de seria preocupación, es importante señalar que la remoción de la letrada no está relacionada con dichas amenazas, sino con la presentación de los abogados de la institución de La Ribera.
Mediante una medida cautelar, Abrevaya decidió la no realización de los comicios, respondiendo a la denuncia de la oposición, encabezada por los candidatos Andrés Ibarra y Mauricio Macri, quienes alegan incumplimiento del reglamento en la transición de aproximadamente 13 mil socios de adherentes a activos.
Mientras tanto, la jueza recibió el apoyo de sus colegas a través de un comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional: "Repudiamos las amenazas sufridas por la jueza Alejandra D. Abrevaya, titular del Juzgado Nacional Civil, y expresamos nuestra solidaridad con la mencionada magistrada y su familia, quienes recibieron una amenaza de muerte a través de las redes sociales", comienza diciendo el texto.
"Estas agresiones revisten una marcada gravedad institucional cualquiera sea su origen y motivación pues se pretende afectar el normal desarrollo de la función jurisdiccional de modo tal que no pueden ser minimizadas. Reclamamos, por ello, tanto el pronto esclarecimiento de los hechos, como la debida protección de la segundad personal de la jueza Abrevaya, su familia, y la de todos los que participan en la actividad judicial del país", continúa luego.
"Reclamamos, por ello, tanto el pronto esclarecimiento de los hechos, como la debida protección de la seguridad personal de la jueza Abrevaya, su familia, y la de todos los que participan en la actividad judicial del país", cierra el comunicado en respaldo a la damnificada.