La Justicia acepta la apelación del Gobierno ante la Corte y la suspensión de la reforma laboral persiste
Los magistrados del ámbito laboral aceptaron la apelación presentada por la Procuración del Tesoro, otorgándole efecto "devolutivo".
La Cámara Nacional del Trabajo aceptó la apelación presentada por el Gobierno Nacional contra su propia sentencia, otorgándole efecto "devolutivo". Esto implica que, mientras se aguarda la resolución de la Corte Suprema de Justicia, la suspensión de la reforma laboral continúa en vigencia.
La Procuración del Tesoro interpuso este recurso extraordinario contra la medida cautelar que había detenido la implementación de la mencionada reforma.
Los magistrados Carlos Posse y Alejandro Sudera, este último siendo el principal proponente en el fallo de la primera medida cautelar que detuvo las reformas laborales, argumentan que el asunto reviste "gravedad institucional" y justifica la intervención de la Corte Suprema de Justicia.
Las tres medidas cautelares contra las reformas laborales, que llevaron a la suspensión del capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, serán ahora revisadas por la Corte Suprema como resultado de este recurso.
Los jueces tenían la opción de otorgar el recurso con efecto suspensivo, lo que hubiera invalidado la medida cautelar hasta que la Corte tomara una decisión, o con efecto devolutivo, como finalmente hicieron. En consecuencia, las reformas seguirán suspendidas hasta que el Alto Tribunal emita su fallo.
“Existen razones de gravedad institucional que legitiman la intervención del Superior por encontrarse afectado el funcionamiento de las instituciones jurídicas y la eficacia de un medio técnico que permite al Poder Ejecutivo emitir mandas de carácter legislativo que tienen eficacia inmediata salvo que sean dejadas sin efecto por el Congreso de la Nación”, de acuerdo con la decisión adoptada por la Cámara.
En relación al efecto devolutivo otorgado a la apelación, los jueces argumentan que la Corte Suprema ha clasificado a los trabajadores como un grupo "socialmente vulnerable", y la entidad que presenta la acción, en este caso la CGT, "representa a un vasto sector de la clase activa y acciona en defensa de sus intereses".
Además, subrayaron la importancia de "preservar el principio de eficacia de la jurisdicción y permitir la solución de un conflicto que tiene gravedad institucional y que debe ser resuelto pretorianamente para salvaguardar el orden y la paz social".
Asimismo, argumentaron que es esencial "preservar el principio de división de poderes en que se apoya nuestra Carta Magna evitando todo eventual abuso de poder".
Ahora, la Corte Suprema de Justicia intervendrá a pesar de que ya declaró que durante la feria judicial de enero no examinará el asunto, sino que lo hará una vez que se reanuden las actividades judiciales en febrero.
Esta declaración se hizo durante la presentación del Gobierno de La Rioja al presentar directamente un caso ante la Corte por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Antes de que la Corte emita su resolución, es probable que en febrero el procurador interino Eduardo Casal emita un dictamen sobre la constitucionalidad del DNU, aunque este dictamen no será vinculante con la decisión final de la Corte.
