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El vocero presidencial, Manuel Adorni, y el Ministerio de Seguridad, difundieron una lista de agrupaciones que, según argumentan desde la Casa Rosada, estuvieron "involucradas" en dicho evento, y ahora se plantea la posibilidad de cobrarles la suma de 60 millones de pesos.

Aunque el Gobierno no dio aún detalles sobre la forma en que pretende llevar a cabo este cobro millonario relacionado con el operativo de seguridad ideado por la ministra Patricia Bullrich, las agrupaciones mencionadas en la lista se encuentran en alerta y activaron a sus abogados para explorar posibles acciones judiciales.

En la lista de agrupaciones señaladas, que abarca desde corrientes de izquierda hasta aquellas alineadas con el peronismo, la mayoría de sus líderes coinciden en que la administración de Milei busca identificar enemigos dentro de sus filas y también entre las organizaciones sindicales.

El Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Libres del Sur y el MTE de Juan Grabois, todas incluidas en la lista, afirman no haber convocado ni participado en la movilización del 20 de diciembre en la Plaza de Mayo.

En la conferencia matutina de este viernes, el vocero presidencial Manuel Adorni mencionó a 14 agrupaciones como parte de la movilización, respaldando la información que posteriormente fue confirmada en un comunicado enviado por Bullrich con el sello de su cartera. Las agrupaciones afectadas consideran que todas estas acciones buscan desviar la atención del plan económico acelerado por el ministro de Hacienda, Luis "Toto" Caputo, afirmando que solo se sostiene con la "represión de la protesta social".

El líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, declaró que lo que se busca es "hacer explotar la Argentina", y afirmó que la CCC no participó en la marcha del 20 de diciembre. Alderete está convencido de que la Casa Rosada está siendo influenciada por la "casta empresarial, menemista y macrista".

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