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La investigación desencadenada a raíz de la denuncia del Gobierno Nacional, luego de la primera manifestación ocurrida el pasado 20 de diciembre, ha logrado individualizar a "un puntero" perteneciente a una organización social. Es relevante destacar que de los aproximadamente 16 mil llamados recibidos, tan solo ocho de estos incidentes están vinculados a la Capital Federal.

La denuncia gubernamental surgió como respuesta a la avalancha de llamadas que inundaron la línea 134, abarcando diversas problemáticas que van desde cortes de calles hasta denuncias de extorsión realizadas por miembros de organizaciones sociales. Estos últimos afirmaron haber sido amenazados con la reducción o eliminación de sus beneficios sociales si no asistían a la protesta.

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De los casi 16 mil llamados reportados por el Gobierno Nacional ante la Justicia Federal, únicamente 200 están relacionados con casos de extorsión, y de manera más específica, solo 8 de ellos provienen de llamadas realizadas desde la Capital Federal.

Es importante destacar que la mayoría de estos llamados proporcionan únicamente datos indiciarios, como apodos y números de teléfono, sin revelar la identidad completa de los denunciantes. Sin embargo, en uno de los ocho casos correspondientes al ámbito de la Capital Federal, jurisdicción bajo la competencia de la justicia federal de Comodoro Py, se logró identificar a un "puntero" que supuestamente habría extorsionado a militantes para que participaran en la manifestación.

En este contexto, el fiscal a cargo de la investigación, designado por la decisión del juez Sebastián Casanello, solicitará al Ministerio de Seguridad la totalidad de los llamados y los archivos de audio correspondientes a los ocho incidentes provenientes de la Capital Federal. El objetivo es que la investigación en Comodoro Py se concentre exclusivamente en los casos de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los demás se tramiten en las jurisdicciones correspondientes.

Respecto a la considerable cantidad de llamados, la mayoría de ellos refiere a reclamos sobre la suspensión de los beneficios sociales o quejas que no están relacionadas con un delito típico de extorsión.

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Javier Milei

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