La fiscal federal de La Rioja, María Virginia Miguel Carmona, ha solicitado al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena que inicie una investigación contra 1.060 personas que se desempeñaban en el gobierno provincial por el presunto cobro indebido de planes sociales del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local "Potenciar Trabajo".
Carmona pidió que se indague a estas personas por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, y que la investigación también incluya a funcionarios provinciales y nacionales que hayan intervenido en el hecho. Además, señaló que los funcionarios habrían infringido la normativa al no cumplir con los requisitos legales para el acceso al programa y reclamó que se investigue el perjuicio económico para el Estado Nacional.
Esta causa se desprende de una investigación preliminar realizada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan, que detectó presuntas maniobras ilícitas en 14 provincias donde empleados públicos cobraban el plan Potenciar Trabajo, causando un perjuicio estimado en $82.680.000 al patrimonio nacional.
De esta manera, la fiscal Carmona solicitó habilitar la feria judicial de enero para avanzar en la causa y pidió la suspensión urgente de los planes sociales involucrados.
La investigación se centra en asegurar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por el programa y que los fondos destinados a los planes sociales sean otorgados a quienes realmente los necesitan para subsistir. Tanto Sandra Pettovello, actual ministra de Capital Humano, como Victoria Tolosa Paz, que dirigía la cartera de Desarrollo Social en la administración pasada, tomaron contundentes medidas al respecto.
