El Gobierno acelera contra los gremios docentes y les impondrá multas por el paro de este lunes

El Gobierno acelerará en su conflicto con el gremio docente CTERA tras el paro nacional de este lunes. El ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, llevará adelante un relevamiento para determinar si se cumple el 75% de prestación de servicio que estableció la reforma laboral al considerar la educación como servicio esencial. El resultado definirá las sanciones.

El operativo de la cartera que conduce Pettovello buscará medir, distrito por distrito, cuál fue el nivel real de acatamiento de la medida de fuerza. La cifra no es caprichosa: desde que la reforma laboral incorporó a la educación entre las actividades esenciales, los gremios están obligados a garantizar ese piso de prestación durante cualquier huelga, y el incumplimiento habilita un procedimiento administrativo con consecuencias concretas.

El argumento del Gobierno: "El paro es contra los alumnos y los padres"

En la Casa Rosada ya fijaron el encuadre político del conflicto y lo repiten sin matices. "El paro es contra los alumnos y los padres porque los sueldos los pagan las provincias. No se entiende qué le reclaman al gobierno nacional. Nosotros sancionaremos a los gremios, no a los docentes. Son los gremios los que deben garantizar el cumplimiento de la ley en cuanto a la esencialidad", le dijo a El Observador una fuente con acceso al despacho presidencial.

La distinción entre docentes y dirigencia sindical no es un detalle retórico. Le permite al oficialismo avanzar con sanciones sin quedar expuesto a la acusación de castigar a los maestros, un terreno en el que ningún gobierno sale indemne, y traslada el eje de la discusión desde el reclamo salarial hacia el cumplimiento de una norma.

Multas, sanciones y la puerta abierta a quitarle la personería a CTERA

La decisión del Gobierno es avanzar con multas y sanciones a CTERA por el incumplimiento de la normativa. Esa fue la instrucción que recibió el secretario de Trabajo, Julio Cordero, encargado de darle forma al expediente administrativo que se abrirá una vez que estén los datos del relevamiento.

Con ese camino en marcha quedó abierta una puerta mucho más gravosa: si el proceso administrativo avanza hasta el final, el sindicato podría perder su personería jurídica. Se trata de la sanción máxima que contempla el régimen para una entidad gremial y su sola mención funciona, por ahora, como advertencia sobre la escala que el Gobierno está dispuesto a darle a la disputa. En el oficialismo saben que un desenlace de ese tipo tendría un costo político alto y una previsible respuesta del resto del movimiento sindical, pero prefieren no descartarlo de antemano.

Los antecedentes de la pelea del Gobierno con CTERA

El Gobierno apoya su posición en un argumento normativo. Sostiene que la definición de los salarios corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verdaderos empleadores de los docentes desde el dictado de la Ley N.º 24.049, en 1992, que dispuso la transferencia definitiva de los servicios educativos a los distritos.

Sobre esa base, el Decreto N.º 341/25 modificó el artículo 10 de la Ley N.º 26.075 y puso en cabeza del Consejo Federal de Educación —donde están representados esos gobiernos— los acuerdos sobre condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente. La conclusión oficial es que el Estado Nacional no integra ninguna paritaria nacional docente por la sencilla razón de que no es el empleador.

La judicialización y el timing: 48 horas antes del viaje presidencial

CTERA judicializó la norma y obtuvo una medida cautelar que suspendió la reforma. En el Ejecutivo sostienen que con esa acción el gremio generó un conflicto innecesario que dificulta el diálogo institucional y recuerdan que la denuncia por incumplimientos del Estado Nacional fue desestimada en primera instancia y en Cámara. Al no encontrar eco judicial, argumentan, el sindicato llegó al paro.

Hay, además, un beneficio colateral que en Balcarce 50 no disimulan: el tema le permite al oficialismo controlar la agenda mediática durante 48 horas, justo antes del viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia a partir del miércoles. Como contó El Observador, el Gobierno viene teniendo serias dificultades para imponer sus temas. Esta vez, el conflicto se lo resolvió otro.