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El Ministerio de Capital Humano homologó sin modificaciones el acuerdo paritario que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras empresariales del sector cerraron a mediados de abril, y de esa manera el Gobierno evitó la apertura de un nuevo frente de conflicto gremial en un momento de tensión con la Confederación General del Trabajo (CGT) por la reforma laboral.

El convenio, que cubre a más de 1.200.000 trabajadores y es uno de los de mayor alcance del país, fue suscripto entre FAECYS —en representación de los empleados— y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), por el lado de los empleadores. La homologación se produjo sin que el Ejecutivo introdujera cambio alguno en sus términos.

El acuerdo establece un incremento salarial del 5% distribuido en tres tramos: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. A eso se suman dos componentes adicionales: el pago de un bono extraordinario de $120.000 para trabajadores de todas las categorías, y una contribución empresarial de $28.000 mensuales por cada trabajador, destinada al financiamiento de OSECAC, la obra social del sector.

Las cláusulas que definieron el acuerdo

El convenio incluyó dos componentes que fueron objeto de análisis por parte de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, antes de la homologación. El primero fue el incremento de la cuota solidaria del 2% al 2,5%. El segundo fue la contribución empresarial destinada a OSECAC, la obra social del sector, que pasó de $8.000 a $28.000 mensuales por trabajador. Proyectada sobre el total de afiliados, esa contribución representa unos $33.600 millones mensuales para el financiamiento del sistema de salud del gremio.

La homologación del convenio en sus términos originales encontró sustento jurídico en una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, que suspendió la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. Esa resolución judicial estableció que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas en los convenios colectivos.

La voz del gremio y el contexto de las negociaciones

Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, valoró el acuerdo alcanzado y subrayó el carácter consensuado del proceso. "Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía", afirmó el dirigente.

Sobre la disputa en torno a la cuota solidaria, Cavalieri fue explícito: "Uno de los puntos era el valor de la cuota solidaria, que con la excusa de una modernización se pretendía asfixiar a los sindicatos. La discusión quedó saldada con la medida cautelar que fijó el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, al suspender la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, dando continuidad a todas las cláusulas convencionales y que establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales".

El antecedente más cercano de fricción entre FAECYS y el Gobierno databa de mediados de 2025, cuando Cavalieri firmó un incremento del 5,4% distribuido en tres tramos que superó la pauta salarial oficial del 1%. En aquella ocasión, el Ejecutivo rechazó la homologación y el conflicto se extendió hasta agosto de ese año, cuando ambas partes firmaron un nuevo acuerdo para el segundo semestre que permitió destrabar la situación. Esta vez, la resolución llegó sin necesidad de renegociar los términos originales.

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