En la antesala de la marcha federal universitaria, el Ministerio de Capital Humano convocó a un grupo de periodistas para presentar su propia versión del conflicto con las universidades nacionales. La titular de la cartera, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, no se limitaron a defender el presupuesto asignado: pusieron sobre la mesa cifras de rendimiento académico, cuestionaron la distribución histórica de fondos para los hospitales universitarios y abrieron un nuevo frente en torno a los estudiantes extranjeros en carreras como Medicina. El eje de la estrategia oficial no fue la defensa sino el contraataque: llevar el debate del "desfinanciamiento" hacia una discusión sobre eficiencia, transparencia y resultados del sistema.
El encuentro, del que participaron distintos medios nacionales, incluyó una presentación con filminas, rankings y cuadros estadísticos. La lectura que el Gobierno busca instalar es que el sistema tiene un problema estructural más allá del monto de las partidas: casi la mitad de los 1.980.136 alumnos inscriptos no tiene carácter de "regular", es decir, no aprueba dos o más materias por año. Del total, 886.019 figuran como regulares, 725.253 como no regulares y 368.864 no tienen información registrada sobre su actividad académica.
El sistema produjo 93.321 egresados en 2024, con un costo promedio de $57.366.497 por graduado. La Universidad Nacional de las Artes encabeza el ranking con $423.830.487 por egresado, seguida por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego con $176.202.583: en el caso de la UNA, los números de Capital Humano señalan que en 2024 la institución contó con 22.932 estudiantes informados y apenas 82 graduados. Para el Gobierno, esa proporción ilustra su argumento central. Para las universidades, en cambio, esa mirada deja afuera funciones que no se miden en egresados: investigación, extensión, inclusión social, desarrollo territorial.
Álvarez reconoció que "hace muchos años no se analizaba cuál era el costo por alumno y por graduado", y atribuyó esa opacidad al hecho de que la administración del Sistema de Información Universitaria estuvo históricamente en manos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El Gobierno planea revertir eso con el lanzamiento de un micrositio de datos universitarios que centralice información pública sobre presupuesto, alumnos, egresados y costos, accesible para cualquier ciudadano.
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Los hospitales universitarios, en el centro del conflicto
El capítulo más delicado involucra a los hospitales universitarios. Días antes del encuentro con la prensa, las autoridades médicas vinculadas a la UBA advirtieron públicamente sobre la imposibilidad de sostener la actividad a partir de junio por falta de fondos. La respuesta oficial consistió en separar dos conceptos que, según el ministerio, se estaban confundiendo en el debate público.
Por un lado, existe una transferencia automática mensual que el presupuesto asigna a cada universidad. En el caso de la UBA, esa cifra es de $4.882.724.440, distribuidos entre educación y cultura ($4.674.185.203), salud ($150.388.873) y ciencia y tecnología ($58.150.364). Esas transferencias, según Capital Humano, se realizaron con regularidad entre enero y abril de 2026. Por otro lado, existe una partida específica denominada "Hospitales Universitarios" de $79.763.113.948 anuales, destinada al conjunto del sistema, cuya distribución no es automática sino que depende de la subsecretaría. Allí está el nudo del conflicto: la UBA solicitó formalmente, mediante una nota del 30 de abril, que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, siguiendo el criterio de años anteriores. Si se aceptara ese reclamo, restarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país.
"¿Cómo se administró toda la vida eso? De manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro, al lobby político", sostuvo Álvarez, quien aclaró que en los dos años anteriores el gobierno aplicó el presupuesto reconducido de gestiones previas y que este es el primer presupuesto propio de la administración Milei. Por eso, anunció la creación de una comisión integrada por los rectores de las casas de estudio que tengan hospitales, con el objetivo de acordar criterios objetivos de reparto. La iniciativa estaba prevista para semanas atrás pero se postergó deliberadamente. "Lo vamos a hacer inmediatamente después de la marcha, que no es porque ellos hicieron nada", prometió el funcionario.
Extranjeros en Medicina y la agenda de transparencia
La presentación también abordó el Decreto 366/2025, que modificó el régimen migratorio y habilitó a las universidades a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros con residencia temporaria, sin afectar a argentinos ni residentes permanentes. Hasta el momento, según el ministerio, ninguna institución lo implementó. Los datos sobre la composición de la matrícula en Medicina concentraron la atención: según Capital Humano, el 39% de los estudiantes de Medicina de la UBA son extranjeros (16.462 sobre 41.957 alumnos en esa carrera); en la Universidad Nacional de La Plata ese porcentaje trepa al 51% (8.043 sobre 15.920) y en Rosario al 32% (4.517 sobre 13.969). Álvarez fue más lejos y mencionó, sin documentación adicional en la presentación, que estudiantes extranjeros de La Plata reclamaron que las clases se dictaran en portugués: "Esto me lo cuentan las autoridades a mí, no es que yo lo inventé", aclaró.
La disputa sobre la ley de financiamiento universitario, vetada por el presidente Javier Milei y actualmente bajo análisis de la Corte Suprema, también tuvo su lugar. Álvarez insistió en que la norma no puede aplicarse porque quedó derogada de manera implícita al aprobarse el Presupuesto 2026, y que el amparo que analiza la Corte alcanza solo a los artículos referidos a becas y salarios. "Es el 50% de aumento de salario, lo que implicaría un gasto que el Estado no está en capacidad hoy económica de afrontar", subrayó. Pettovello, por su parte, cerró con una definición que resume la posición oficial: "Lo que nosotros queremos es hacer gasto eficiente, inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada universidad. Porque es la inversión que se hace en cada alumno, son impuestos, que la gente, que todos nosotros pagamos".
