La Libertad Avanza refuerza la propiedad privada y reabre la disputa por la extranjerización de tierras

Esta norma actual, también conocida como de "Extranjerización de tierras”, establece que ningún titular extranjero puede poseer más de 1.000 hectáreas, o su equivalente en la "zona núcleo" u otras zonas agrícolas. La oposición denunció que el extranjero paga el impuesto a las Ganancias en su nación, no en Argentina, mientras que los dueños locales sí tributan en el país, generando la primera desventaja.

Hay una orden de aprobar la mayor cantidad de leyes antes del comienzo del mundial, cuando la actividad parlamentaria posiblemente se pause o quede relegada por el campeonato de fútbol. Ante esta corrida, posiblemente los oficialistas tengan que dar a torcer en este punto y aceptar modificaciones para que avance por el recinto.

La Ley del manejo del fuego también entró en conflicto

El régimen de manejo del fuego, sancionado en 2020, prohíbe principalmente cambiar el uso del suelo en terrenos incendiados. Tras un incendio, esas tierras no pueden destinarse a otras actividades (como desarrollos inmobiliarios o agricultura intensiva) durante décadas. Para bosques nativos son 60 años; para zonas agrícolas o pastizales entre 30 y 60 años.

Oficialistas, aliados y el sector del agro argumentan que la ley no distingue bien entre quién provoca un incendio y quien lo sufre. Además, la norma aparentemente frena inversiones o decisiones productivas, especialmente en provincias donde el uso del fuego forma parte del manejo de pastizales.

Gobernadores y actores locales han planteado que el manejo del suelo es una potestad provincial y consideran que la ley avanza sobre autonomías locales. Incluso, algunos especialistas dijeron que el problema de fondo -la prevención y el control de incendios- no se resuelve con esta herramienta, sino con más recursos, coordinación y políticas activas.

No hay que dejar pasar el contexto en que se sancionó esta norma kirchnerista. La ley se aprobó en medio de los incendios en el Delta del Paraná y otras zonas, con fuerte presión social y ambiental. Para críticos, fue una reacción “rápida” que priorizó el mensaje político (frenar especulación inmobiliaria) más que un diseño técnico integral.

En resumen, qué plantea el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Como ya se explicó, la iniciativa de Casa Rosada busca introducir cambios a varias normas, como Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras y la del Manejo de Fuego, entre otras.

Ley de Expropiaciones y Código Procesal Civil y Comercial

• Se endurecen los criterios para declarar utilidad pública: deberá cumplir con idoneidad, necesidad y proporcionalidad, con interpretación restrictiva
• Se fijan parámetros más objetivos para el valor del bien y se amplía la indemnización
• Refuerza el control judicial y el proceso en todo el trámite expropiatorio
• Se agilizan desalojos: vía sumarísima, restitución anticipada y modernización de notificaciones
• Se elimina la expropiación generalizada de inmuebles en barrios populares

Ley de Tierras

• Revierte restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales
• Se habilita un régimen de autorizaciones caso por caso, según impacto en seguridad, defensa y soberanía nacional
• Endurece los controles contra maniobras de evasión (como el uso de testaferros)
• Cabe destacar que la norma actual, sancionada en la gestión de Cristina Kirchner, establece que los extranjeros no pueden tener más del 15% de tierras rurales a nivel provincial

Ley de Registro de la Propiedad Inmueble

• Crea un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble
• Este organismo coordinará la Red Federal Digital de Publicidad de Inhibiciones para brindar información sobre inhibiciones trabadas en los registros del país
• Se busca mejorar la seguridad jurídica con sistemas trazables e inalterables

Ley de Manejo del Fuego

• Se derogan las restricciones para cambiar el uso de tierras afectadas por incendios, al considerar que esas limitaciones son excesivas e ineficientes
• Así, busca dejar sin efecto las prohibiciones de 60 años para el caso de bosques nativos, áreas protegidas y humedales
• Y también de 30 años, establecidos para el caso de zonas agrícolas
• Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana
• Reemplaza el esquema centralizado por uno con mayor protagonismo de provincias y municipios
• Eliminan cupos obligatorios para cooperativas en la ejecución de obras
• La AGN controlará anualmente la ejecución presupuestaria e implementación de los proyectos socio-urbanos