Temor en el oficialismo por el posible rechazo al artículo que contempla las privatizaciones de las empresas del Estado.
El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le puso nueva fecha a la sanción de la ley bases. “La tendremos en julio”, dijo el ministro que hoy asumen formalmente su nuevo cargo en el Gobierno de Javier Milei.
En el contexto del comienzo de la negociación artículo por artículo que ya se da en el Senado de cara a la sesión prevista, aunque aún sin convocatoria oficial, para el 12 de junio el ministro más político del Gobierno que lleva el pulso del día a día de las tratativas para que la norma vea finalmente la luz se permitió una autocrítica.
“Ha pasado tiempo. Es un tiempo en que la política en general ha tenido que digerir este espacio político nuevo que ha aparecido en la Argentina. Y tal vez nosotros no supimos comprender de entrada que ese tratamiento iba a ser tan complejo, y tal vez la ley que presentamos al principio fue mucha más amplia y quizás por eso nos llevó al intento fallido”, señaló.
El martes en el primer piso del Palacio Legislativo comenzará el raid final de la ley bases hacia el recinto. Si bien el monitoreo de todo lo que suceda estará a cargo de Francos, los encargados de llevar adelante la negociación serán el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy.
La decisión del Gobierno es bloquear el pedido de nuevas modificaciones al texto que ya fue dictaminado en Comisión. Bajo es lógica se reunirán con los referentes de los sectores dialoguistas para garantizar los 37 votos necesarios en cada artículo.
Dentro de ese esquema hay dos temas que preocupan en particular al oficialismo. Por un lado, las empresas sujetas a privatización o concesión y, dentro del paquete fiscal, la modificación del Impuesto a las Ganancias.
Más allá de lo que pueda suceder en estos quince días, el oficialismo es consciente de que llega muy justo a la aprobación en general. Según los datos propios cuenta con 38 positivos para avalar la norma. El número no da tranquilidad al oficialismo que mira de reojo el dictamen de minoría que presentará Martín Lousteau y que puede decantar en algunas abstenciones a la hora de votar en general y complicar la aprobación de la norma.
En la cuenta general, desde el oficialismo suman los 7 senadores propios, 12 de la UCR, los 6 del PRO y 13 de los bloques provinciales. Una construcción compleja que el paso del tiempo puede deteriorar.
El Gobierno por ahora no está dispuesto a ceder. La apuesta es compleja. El principal reclamo que recogió Francos respecto a esta temática tiene que ver con Aerolíneas Argentinas. Por hora el Gobierno se mantiene inflexible.
Sin embargo, ante el riego de que la Cámara alta rechace todo el artículo, en los pasillos del Congreso nadie se anima a descartar por ahora que Aerolíneas Argentinas pueda ser quitada del anexo que enumera las empresas sujetas a privatizaciones.