La Cámara de Diputados dio este miércoles un paso clave para dos iniciativas económicas del Gobierno. El oficialismo consiguió dictaminar el acuerdo con los fondos buitre Bainbridge y Attestor, por US$171 millones, y el denominado "Súper RIGI", un nuevo esquema de promoción para inversiones de gran escala. No obstante, el efecto Manuel Adorni parece volver a colarse por los pasillos del Congreso.
Los libertarios volvieron a apoyarse en el bloque de aliados que suele acompañar sus proyectos económicos y lograron reunir las firmas suficientes para ambas propuestas. De esta manera, quedaron en condiciones de avanzar hacia el recinto, aunque la definición del calendario legislativo todavía está sujeta a las tensiones políticas que atraviesan al Congreso y son marcadas por Adorni.
El objetivo era aprobar estas dos iniciativas en una sesión el miércoles 24. Sin embargo, el avance de los pedidos de moción de censura contra el jefe de Gabinete y la posible sesión opositora para el 23 (que buscaría avanzar justamente en la interpelación y remoción del funcionario) reconfigura la agenda parlamentaria.
Entre medio, el Senado se prepara para sesionar el 25 de junio. En esa jornada, votarán (y quizás aprueben) el pedido para interpelar a Adorni el 2 de julio, mismo día en que presentará su informe de gestión ante el cuerpo. Aliados esperan que el Gobierno lo remueva de su puesto cuanto antes para no tener que someterlo al cuestionamiento de la Cámara.
Fondos buitre y Súper RIGI avanzan
El entendimiento con los holdouts se encuentra más cerca de convertirse en ley -ya cuenta con media sanción del Senado y el Ejecutivo busca aprobarlo antes de fin de mes-, y obtuvo 42 firmas de los 73 presentes en el plenario de esta tarde.
A su vez, el "Súper RIGI" recién comenzó su tratamiento en Diputados. Esta última iniciativa apunta a otorgar incentivos especiales a inversiones superiores a los US$1.000 millones en sectores que el Gobierno considera estratégicos para diversificar la matriz productiva del país. Durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, el proyecto reunió 61 firmas en su dictamen de mayoría. Para conseguir ese respaldo, el oficialismo aceptó modificaciones impulsadas por bloques dialoguistas.
Las modificaciones clave del Súper RIGI
Entre los cambios incorporados figuran incentivos para proyectos que contemplen inversión en investigación y desarrollo (I+D), la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un mínimo del 20% de contratación nacional, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público destinado a transparentar los emprendimientos que accedan al régimen.
También se incorporaron exigencias ambientales y sociales más estrictas. Los inversores deberán acreditar que las iniciativas no afectarán recursos naturales ni infraestructura estratégica, mientras que se sumó una causal específica de rechazo para proyectos que generen impactos negativos significativos en las comunidades donde se desarrollen.
La idea de La Libertad Avanza era sesionar el 24 de julio para darle media sanción al Súper RIGI y sancionar los acuerdos con los fondos butire.
Cámara de Diputados
Uno de los principales impulsores de las modificaciones fue el diputado nacional Eduardo Falcone (MID), quien destacó la incorporación de dos propuestas impulsadas por su espacio: el desarrollo de proveedores locales y los incentivos a la inversión en investigación y desarrollo.
"Solicitamos incorporar una cláusula de desarrollo de proveedores locales similar a la prevista en el RIGI, que exige que el plan de negocios contemple una inversión de al menos el 20% del total del proyecto en proveedores locales. Ese pedido fue aceptado por el Gobierno y quedó expresamente incluido en el dictamen", sostuvo el legislador.
Así, el PRO, la UCR, el MID y los bloques vinculados a gobernadores aliados de la Casa Rosada garantizaron sus votos en el recinto. Entre los bandos provinciales mencionados se encuentran Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. Y, en el caso del "Súper RIGI", también acompañó el santacruceño José Garrido.
Unión por la Patria ratificó su rechazo al proyecto. El jefe de la bancada, Germán Martínez, cuestionó que el Gobierno impulse beneficios extraordinarios para actividades que "no saben cuáles son ni a qué se van a dedicar". Y sostuvo que la iniciativa reproduce la lógica de delegación de facultades que caracterizó a la Ley Bases.
Acuerdo con los fondos buitre
En paralelo, el oficialismo consiguió dictamen para el proyecto que autoriza el acuerdo con los fondos Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge, dos de los principales holdouts que aún mantienen litigios contra la Argentina derivados del default de 2001.
La Libertad Avanza tiene como objetivo cerrar lo antes posible los acuerdos con ambos “fondos buitre”, fondos de inversión que compraron deuda argentina en el default del 2001 a precio muy bajo y después fueron a la Justicia de EE.UU. para cobrar el total más intereses.
Según los antecedentes mencionados en el documento, Argentina ya perdió juicios contra ellos y las deudas tienen sentencia firme (desde 2020) por cientos de millones de dólares. Ahora, los fondos empezaron a avanzar para cobrarse por la fuerza: investigaron activos argentinos en el exterior e incluso intentaron quedarse con acciones estatales en YPF, además de apuntar contra participaciones del Estado en Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Entonces, el Gobierno propone pagarles mediante un acuerdo antes de que sigan los embargos. En el mismo, ambos holdouts aceptan una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en los fallos. También frenar nuevos juicios y embargos, cerrar investigaciones sobre activos argentinos y evitar que siga creciendo la deuda con intereses.
Aunque el oficialismo pretendía llegar a la próxima semana con una agenda parlamentaria ordenada alrededor de estas iniciativas, la situación política que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría alterar esos planes. La oposición convocó para el martes una sesión especial con el objetivo de debatir su interpelación y avanzar hacia una eventual moción de censura, una jugada que amenaza con desplazar las prioridades legislativas del Gobierno y obligar a recalcular la estrategia en ambas cámaras.
