El Aston Martin Residences de la familia fue concebido para convertirse en uno de los símbolos del lujo inmobiliario de Miami. A dos años del a inauguración, se encuentra inmerso en una compleja trama de denuncias judiciales, graves cuestionamientos técnicos y acusaciones de presuntas maniobras millonarias.
De un sueño exclusivo a una pesadilla colectiva. El Aston Martin Residences fue concebido para convertirse en uno de los símbolos del lujo inmobiliario de Miami. Una torre de 66 pisos con forma de vela, ubicada sobre la desembocadura del río Miami. Ahí donde cada detalle prometía exclusividad hay fallas, donde se vendía sofisticación se encuentran maniobras financieras complejas de explicar y lo que se trataba de una experiencia reservada para unos pocos millonarios se transformó en una batalla judicial.
Hoy, apenas dos años después de su inauguración, ese emblema del lujo enfrenta una crisis de dimensiones impensadas: una compleja trama de denuncias judiciales, graves cuestionamientos técnicos y acusaciones de presuntas maniobras millonarias ponen en el centro de la escena a la desarrolladora G&G Business Developments, encabezada por Germán Coto -hijo del empresario argentino Alfredo Coto- junto a su madre, Gloria García.
Lo que alguna vez fue presentado como una joya de la arquitectura se convirtió, según surge tanto del trámite judicial como de los relevamientos periodísticos, en una estructura atravesada por el deterioro prematuro y por una administración bajo sospecha.
Los expedientes hablan. Y cuando la Justicia interviene, las promesas de los folletos suelen caer frente al peso de las pruebas que nutren las causas. En ese marco, de acuerdo con el relevamiento realizado por prestigiosos medios internacionales, las cuestiones técnicas aparecen como el corazón de las causas abiertas y describen un escenario inquietante.
En los últimos meses, se acumularon dos demandas. La última fue presentada por la Asociación de Condominios 300 Biscayne Boulevard Way. La presentación, liderada por David Haber, abogado de la asociación de condominios del edificio, afirma que los residentes constataron que los balcones de hormigón se desmoronan mientras crece la corrosión de la ribera. Problema que según los costará millones de dólares reparar.
La asociación de condominios, que se hizo cargo de la administración de la propiedad en marzo de 2025, culpa a Riverwalk East Development, LLC. Según la demanda, los propietarios, cundo ingresaron a sus unidades, encontraron vidrios rotos en los balcones, hormigón sin sellar y trozos de ese mismo hormigón que se desprendían y caían al suelo.
Un peritaje integral elaborado por la firma Epic Forensics refuerza ese panorama y funciona como una verdadera autopsia del edificio. El informe identifica grietas en el hormigón, corrosión en las armaduras de acero y varios signos de deterioro provocados por la exposición al ambiente marino, sin el tratamiento adecuado. Todo esto, tan sólo dos años después de que los primeros propietarios comenzaron a hacer uso de las instalaciones.
Pero el punto más delicado no está en lo que cualquier mortal sin preparación puede ver a simple vista. Según la documentación incorporada al expediente que fue publicada por diversos medios, la mayor preocupación está en el sistema de postensado. Se trata del entramado de cables de acero que garantiza, ni más ni menos, la estabilidad estructural de las losas. En ese punto, la combinación de la humedad y el salitre sin una protección adecuada habría hecho estragos. Sucedió lo que cualquier ingeniero o arquitecto avezado sabe: cuando el acero se oxida aumenta de volumen, presiona desde el interior y termina fracturando el hormigón que lo recubre. Un proceso silencioso, pero que tarde o temprano sale a la luz y deja expuestas las deficiencias que pueden transformarse en un desastre.
La gravedad de la situación quedó expuesta sin miramientos en noviembre de 2025. Una pieza metálica se desprendió de la fachada, recorrió decenas de metros hasta impactar en las inmediaciones de la lujosa pileta del complejo. No hubo heridos. Pero pudo ser una tragedia. Los informes posteriores hablaron de "riesgo inmediato para la vida". En ese marco, dentro de la descripción de fallas estructurales también se dio cuenta de una serie de balcones con una inclinación perceptible hacia abajo, que fue atribuida al desgaste y a la fatiga de la estructura.
El conflicto va más allá de lo que se ve a simple vista o de las pericias. En paralelo al frente técnico avanza una batalla judicial que apunta al manejo de los fondos del consorcio. La asociación de propietarios presentó una demanda ante el Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade. Ante ese tribunal se denunció un presunto esquema de autocontratación y desvío de fondos. Según la presentación, mientras la desarrolladora conservó el control provisorio de la administración del edificio habría diseñado una red de empresas vinculadas entre sí para canalizar en beneficio propio parte del dinero proveniente de las expensas.
Los documentos incorporados al expediente describen una serie de operaciones que los demandantes consideran, por lo menos, incompatibles con una administración transparente.
Entre ellas figura el pago de aproximadamente 800.000 dólares a una empresa de seguridad perteneciente a la familia Polo que, según la demanda, no contaba con antecedentes verificables, sitio web ni las licencias correspondientes para prestar servicios de seguridad armada. Leonardo y María Elena Polo, los dueños de la empresa, son sindicados dentro de la investigación como allegados a Germán Coto.
Además, la presentación también cuestiona el pago de 70.000 dólares por el alquiler de una oficina administrativa ubicada en una unidad perteneciente al propio Germán Coto, pese a que el edificio dispone de espacios comunes destinados precisamente a esas funciones y sin costo adicional.
En el combo que busca probar la querella también se suman facturas mensuales por 34.334 dólares emitidas por una entidad vinculada a la desarrolladora en concepto de servicios de conserjería que, según los demandantes, carecen de respaldo documental suficiente para justificar semejantes desembolsos.
En ese marco, los propietarios reclaman que se reconstruya el recorrido de cada dólar administrado durante ese período. Además, exigen la restitución integral de los fondos que, según sostienen, terminaron beneficiando a sociedades y personas allegadas a los Coto.
Un portavoz de Riverwalk East Developments, LLC, emitió una declaración defendiendo a la empresa. "La asociación ha hecho acusaciones que creemos que son infundadas y parecen desviar la atención de las obligaciones no resueltas de su parte”, se atajó. Y señaló que los proveedores de la desarrolladora son “profesionales ampliamente reconocidos por su probada experiencia y constantemente ofrecen resultados de alta calidad”. En ese marco, también agregó que “su experiencia y su historial han contribuido a una propiedad residencial que refleja una fuerte demanda y estándares premium de diseño y construcción”.
El comunicado concluye con una advertencia desafiante: “Nos preocupa que los litigios en curso puedan no servir a los mejores intereses de los residentes. Seguimos confiando en que el proceso legal conducirá a un resultado justo y apoyará una resolución basada en hechos, buena fe y el bienestar general de la comunidad".
Germán vive en Uruguay, pero pivotea entre Buenos Aires y Miami. La construcción de este rascacielos al sur de Florida fue el proyecto inmobiliario más ambicioso de la familia Coto.
El edificio Aston Martin se realizó a lo largo de una década. El primer paso fue la compra de una manzana en el Downtown de Miami en julio de 2014. Era la última parcela que quedaba sobre el agua, en el encuentro del río con el mar. La familia Coto pujó con otros interesados, hasta quedarse con el terreno a cambio de 125 millones de dólares.
En diciembre de 2017, los Coto iniciaron formalmente la fastuosa obra. Alfredo, Gloria y Germán posaron para la foto con cascos y palas, junto a un representante de la firma Aston Martin.
"El resultado es exactamente como lo imaginé, y refleja la belleza y la atención a cada detalle que presentamos en los primeros diseños. Compartimos una visión clara con Aston Martin y la hemos hecho realidad", afirmaba Germán Coto en 2023. Tres años más tarde, esa declaración retumbo en los tribunales de Miami.
La comercialización de las 391 residencias -con valores que oscilaron desde los 1,5 hasta los 60 millones de dólares- se apoyó en el prestigio internacional de Aston Martin y en una propuesta de lujo absoluto.
Más allá del lujo y la exclusividad prometida, el avance de la investigación comenzó a correr el velo sobre la realidad de la Torre Aston Martin. Por caso, entre los servicios anunciados figuraban una marina privada, un helipuerto en la terraza y hasta un exclusivo club de playa al que los propietarios accederían mediante un ferry privado. Sin embargo, cuando el presidente de la junta de propietarios, Michael Díaz Jr., intentó poner en funcionamiento esos beneficios, la respuesta del hotel involucrado fue categórica: el supuesto servicio de ferry nunca existió y jamás había formado parte de ningún acuerdo operativo.
Lo cierto es que por estas horas la Justicia de Florida ingresa en la etapa de producción e intercambio de pruebas. El caso se consolida y amenaza con convertirse en uno de los litigios inmobiliarios más importantes de Miami en los últimos años
El partido de Santiago Abascal denuncia la concesión de nacionalidades a residentes en el extranjero por riesgo de manipulación del censo electoral.