Nuevo Régimen penal juvenil: los cambios que rigen

La Ley 27.801 reemplaza a las derogadas leyes 22.278 y 22.803, vigentes desde 1980, y establece que desde los 14 años los menores pueden ser sometidos a un proceso penal. Para la implementación del nuevo régimen se estableció una asignación de 23.739 millones de pesos.

• El régimen fija un máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad y prohíbe las penas de prisión o reclusión perpetua.
• Si el delito conlleva una pena de hasta 3 años de prisión será excarcelable.
• En los casos de prisión efectiva, los menores deberán permanecer en institutos separados de adultos.
• Contempla la posibilidad de cumplir algunas penas bajo arresto domiciliario.
• Se mantiene la protección de la identidad de los menores y no pueden difundirse nombres, apodos, datos familiares o de residencia ni imágenes que permitan identificarlos.
• La intervención penal debe favorecer además procesos de educación, resocialización e integración social.

Otro tipo de penas

La ley incorpora penas alternativas a la prisión, según cada caso y cuando no haya habido muerte de la víctima, violencia física o psíquica grave y el adolescente no registre condenas anteriores ni otros procesos firmes en trámite.

• Restricciones de acercamiento
• Reparación del daño provocado a la víctima
• Participación en actividades educativas.
• Tareas comunitarias
• Reglas de conducta
• Amonestación: un llamado de atención y recomendaciones sobre la conducta del adolescente, que deberá combinarse con alguna de las restantes sanciones previstas.
• Monitoreo electrónico, con dispositivos para controlar la ubicación del adolescente y verificar el cumplimiento de penas o medidas.

Las sanciones no deben impedir los vínculos afectivos ni el acceso a la educación, el trabajo o la salud, salvo que exista una razón vinculada con la protección de la víctima. Y se crea la figura del supervisor, encargado de realizar el seguimiento, asistencia y control de los adolescentes que cumplan esas penas alternativas.