Un equipo de investigadores del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó un estudio sobre las condiciones de vida de los jóvenes en contextos de vulnerabilidad social en la Argentina. El trabajo, realizado entre diciembre de 2025 y enero de 2026, encuestó de forma presencial a 1.002 jóvenes de entre 18 y 29 años en los principales aglomerados urbanos del país, todos ellos con algún grado de privación económica o estructural, según los criterios del Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) del INDEC.
El informe, titulado Jóvenes vulnerables en la Argentina: condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro, forma parte de la Serie CBC Investiga y fue dirigido por Juan Cruz Esquivel y Felipe Vega Terra, en el marco de un proyecto financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA.
No se trata de una encuesta representativa del conjunto de la juventud argentina, sino de un relevamiento focalizado en zonas urbanas con altos índices de privación material dentro de los principales aglomerados del país. Para definir quién entraba en la muestra, el equipo consideró vulnerable a todo joven cuyo máximo nivel de instrucción fuera primario completo o menos, y también a quienes, más allá de su formación, integraran hogares con algún tipo de privación económica o estructural según el IPMH. Ahí radica buena parte del valor del trabajo: permite ver con detalle a una población que las estadísticas generales suelen mostrar de manera más difusa.
Educación y trabajo
El primer bloque de datos que aporta el estudio tiene que ver con la relación de estos jóvenes con el sistema educativo y el mercado laboral. Seis de cada diez encuestados tiene el secundario incompleto o un nivel de instrucción menor, y apenas una cuarta parte (24,8%) continúa estudiando en la actualidad. La continuidad educativa es mayor entre las mujeres que entre los varones, y crece de manera notable entre quienes ya alcanzaron estudios terciarios o universitarios, un dato que sugiere que el sistema retiene mejor a quienes lograron sostenerse en él durante más tiempo.
En el terreno laboral, el panorama es más crudo todavía. Tres de cada diez jóvenes relevados están desocupados, y dos de cada diez no estudian ni trabajan, el segmento que suele conocerse como "ni-ni". Entre quienes sí consiguieron empleo, la informalidad es la norma antes que la excepción: solo el 15% tiene un trabajo registrado, mientras que el 76% se desempeña en changas, trabajo por cuenta propia o relaciones laborales no registradas.
Para el 75% de los hogares, ese trabajo —propio o de otro integrante de la familia— es la principal fuente de ingresos, y para el 57% esos ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes. El dato conecta de manera directa con otro hallazgo del informe: la mayoría de estos jóvenes vive en hogares numerosos, con el 46,2% integrando familias de cinco o más personas, lo que multiplica la presión sobre unos ingresos que ya resultan insuficientes.
La precariedad laboral tiene, además, un correlato directo en el acceso a derechos básicos. El 78% de los jóvenes encuestados no cuenta con obra social ni prepaga, por lo que depende exclusivamente del sistema público de salud ante cualquier necesidad médica. A esto se suma que cuatro de cada diez describen su entorno barrial como inseguro o muy inseguro, un dato que completa el cuadro de precariedad material que atraviesa a buena parte de este grupo.
Salud mental y creencias
El estudio no se limita a medir carencias materiales: indaga también en el impacto subjetivo de esas condiciones de vida. Los resultados son elocuentes: más del 70% de los jóvenes manifestó tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad, y más de la mitad reconoció sentir desgano o síntomas compatibles con la depresión. Un 30%, además, admitió tener dificultades para controlar el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias. Los autores del informe señalan que estas manifestaciones de malestar psicológico no aparecen como hechos excepcionales, sino como parte de la vida cotidiana de este grupo, lo que refuerza la idea de que la vulnerabilidad social combina factores materiales y subjetivos que se retroalimentan entre sí.
El estudio también relevó cómo se informan y qué creen estos jóvenes. Las redes sociales concentran el 71,2% del consumo de información sobre la actualidad del país, principalmente a través de Instagram y Facebook, muy por delante de la televisión, que apenas llega al 18%. En materia religiosa, el informe encontró un mapa cada vez más diverso: los evangélicos son la primera minoría con el 37,6%, seguidos por los católicos (30,8%) y por quienes se declaran sin filiación religiosa (29,5%), un grupo que crece de manera sostenida y que, en el AMBA, ya encabeza el ranking. En cuanto a las elecciones presidenciales de 2023, el 38% de los consultados votó por Javier Milei, el 25% lo hizo por Sergio Massa y otro 25% no concurrió a las urnas. El informe releva, además, actitudes sobre temas de agenda pública: casi seis de cada diez se manifestaron a favor de la pena de muerte para quienes cometen delitos graves, postura que los investigadores asocian a los niveles más altos de vulnerabilidad social, donde predominan posiciones más punitivas y conservadoras en temas de género y diversidad.
Expectativas a futuro
Pese al panorama de precariedad que describen los propios datos, el informe también relevó las expectativas de estos jóvenes sobre su porvenir, y ahí aparecen algunos matices menos sombríos. Siete de cada diez proyectan mudarse en los próximos cinco años, mayoritariamente dentro de la misma ciudad, a un barrio que consideran mejor. Conseguir trabajo o mejorar el que ya tienen es el objetivo principal para el 31,9%, seguido de cerca por la aspiración de acceder a una vivienda propia (29,8%). Formar una familia, en cambio, quedó relegado a un cuarto o quinto lugar entre las prioridades, con apenas el 4,8% de las menciones.
El nivel educativo aparece, según el propio informe, como la variable que más incide en las trayectorias de estos jóvenes: a mayor formación alcanzada, menor es la proporción que queda atrapada en los niveles más altos de vulnerabilidad, y mayores las chances de acceder a un empleo formal, a cobertura de salud y a una proyección de movilidad social ascendente. Los investigadores remarcan también una brecha territorial: mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires predominan los niveles de vulnerabilidad medios y bajos, en el resto del país la vulnerabilidad alta tiene mayor peso relativo, lo que habla de desigualdades regionales que persisten más allá del recorte etario que propone el estudio.
Para medir esas diferencias internas, el equipo construyó un índice propio a partir de variables de educación, trabajo, salud y condiciones de vida, que permitió clasificar a los encuestados en tres niveles: baja, media y alta vulnerabilidad. Ese cruce muestra que las diferencias no son solo de grado: entre quienes presentan baja vulnerabilidad, casi un tercio aspira a terminar sus estudios o a metas más diversificadas, mientras que entre los de vulnerabilidad alta la conversación se concentra casi por completo en la supervivencia económica y la obtención de un empleo. La falta de dinero es el principal obstáculo percibido en todos los niveles, aunque la falta de oportunidades gana peso a medida que aumenta la vulnerabilidad.
