Imaginemos un escenario que muchos economistas ya no descartan: hacia mediados de este siglo, entre el 25 y el 50 por ciento de la fuerza laboral mundial queda sin trabajo de manera estructural. No por una recesión pasajera ni por una mala racha, sino porque las tareas que esas personas hacían —procesar documentos, escribir código, atender consultas, analizar datos— ahora las hace la inteligencia artificial más rápido y más barato. Y no hay nuevos puestos de trabajo esperando del otro lado. ¿Qué tan probable es eso? Los economistas no se ponen de acuerdo: el Fed de St. Louis detectó en 2025 señales preocupantes de destrucción de puestos vinculada a la IA, el Budget Lab de Yale pide cautela, el Foro Económico Mundial proyecta un saldo neto positivo de 78 millones de puestos para 2030 y Goldman Sachs minimiza el impacto. Nadie sabe. Pero en algo sí coinciden: si el escenario catastrófico se hiciera realidad, los marcos que usamos para pensar la justicia social serían completamente insuficientes.
¿El fin del contrato social?
Antes de hablar de soluciones, vale entender por qué la cosa es más seria de lo que parece. El filósofo francés Cyril Hédoin acaba de publicar un ensayo que ilumina una dimensión que el debate económico suele ignorar: la mayoría de nuestras teorías de justicia social están construidas sobre la idea de que la sociedad es una "empresa cooperativa". Cada persona trabaja, aporta, genera valor, y a cambio tiene derecho a reclamar una parte de los beneficios colectivos.
Esa lógica está en el centro del pensamiento de John Rawls, el filósofo político más influyente del siglo XX, y también en el de David Gauthier y James Buchanan: los derechos distributivos —el derecho a recibir una parte de la riqueza social— están atados a la participación en la cooperación. La pregunta es inevitable: ¿qué pasa con quienes quedan afuera? Gauthier lo dice sin eufemismos: los que no pueden contribuir caen "más allá del alcance de una moralidad ligada a la reciprocidad". Mientras eso describe a una minoría, el sistema aguanta y se articulan excepciones. Pero si la mitad de la población activa queda sin trabajo de manera permanente, las excepciones ya no alcanzan. El andamiaje conceptual se cae.
Y el problema no se queda en el papel. Si la gente internaliza que su derecho a recibir del conjunto social depende de cuánto aporta al conjunto social, el mensaje de que "ya no tenés nada útil para ofrecer" puede traducirse en desenganche político, fatiga social y una crisis de sentido de proporciones difíciles de imaginar.
Las propuestas sobre la mesa
1. La Renta Básica Universal: necesaria pero insuficiente por sí sola
La propuesta más discutida es la Renta Básica Universal (RBU): un ingreso incondicional que el Estado le transfiere a todos los ciudadanos, trabajen o no. La lógica es de manual: si las máquinas generan la riqueza que antes generaban los trabajadores, esa riqueza tiene que redistribuirse de alguna manera.
El tratado académico de referencia es Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy (2017), de los filósofos Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght. Su argumento es que la RBU es la única forma de garantizar libertad real —no solo en el papel— a todos los ciudadanos, en un mundo donde el trabajo asalariado deja de ser la vía principal para ganarse la vida.
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El problema, claro, es la plata. ¿De dónde sale? Bill Gates propuso en 2017 gravar a las empresas que reemplacen trabajadores con robots —un "impuesto robot"— de forma similar a lo que esos trabajadores tributaban. Los cálculos, sin embargo, son desalentadores: con la mitad de la fuerza laboral sin trabajo, un impuesto robot del 30% cubriría apenas el 30% del salario anterior de cada persona. Una RBU que realmente compense requeriría una reforma fiscal de una escala que ningún país ha intentado jamás.
Vale mencionar también que Sam Altman —el CEO de OpenAI, una de las empresas que más ha empujado esta tecnología— financió un experimento de ingreso incondicional cuyos resultados se publicaron en 2024. Las conclusiones fueron bastante más tibias de lo que sus promotores esperaban: el ingreso mejoró el bienestar de los receptores, pero no produjo los efectos transformadores que los entusiastas de la RBU venían prometiendo.
2. Acemoglu y Johnson: mejor redirigir que compensar
El economista turco-estadounidense Daron Acemoglu, Nobel de Economía 2024, y su colega Simon Johnson plantean en Power and Progress (2023) una respuesta distinta: el problema no es que la IA destruya puestos de trabajo en abstracto, sino que está siendo diseñada y desplegada deliberadamente para bajar costos laborales en lugar de potenciar las capacidades humanas.
Su propuesta no es repartir plata sino cambiar el rumbo del desarrollo tecnológico. Una agenda de "IA pro-trabajador" usaría la tecnología para complementar al trabajador —hacerlo más productivo, más creativo, con acceso a más información— en lugar de mandarlo a casa. Eso requeriría intervención del Estado: regulación, incentivos fiscales que privilegien la complementariedad sobre la sustitución, políticas industriales que orienten la innovación hacia sectores intensivos en trabajo humano.
La crítica que se le hace es que puede estar nadando contra la corriente. Si la IA es tan superior en tantas tareas, obligar a las empresas a usar trabajadores de todos modos puede volverse costoso e ineficiente. Y algunos académicos apuntan que Acemoglu y Johnson se obsesionan con conservar el trabajo cuando quizás habría que animarse a pensar en reducirlo.
3. Semana laboral más corta: repartir lo que queda
Una tercera corriente propone algo más concreto: si hay menos trabajo disponible, que se reparta entre más gente reduciendo las horas por persona. La semana de cuatro días pasó en pocos años de ser una utopía de izquierda a convertirse en un experimento serio en más de diez países. Los resultados son bastante elocuentes: el 92% de las empresas que participaron en los pilotos mantuvieron el esquema, con productividad estable o mejor y menos ausentismo. En 2025, más de 2,7 millones de trabajadores en el Reino Unido ya laboran bajo ese régimen.
El argumento de fondo tiene su lógica: en vez de tener a la mitad de la población sin trabajo y a la otra mitad en jornadas de 45 horas, distribuir las horas genera más igualdad y libera tiempo para el cuidado, el voluntariado, la vida política. En cierta forma, es la respuesta más coherente al problema que plantea Hédoin: si la "cooperación social" ya no se puede medir en términos de mercado, quizás pueda medirse en términos de participación en la vida común.
El límite es claro: menos horas implica menos ingreso, salvo que el salario por hora suba proporcionalmente. Y para eso hace falta, nuevamente, redistribuir las ganancias de productividad que genera la IA.
¿Hay alguna respuesta que alcance?
Lo que se desprende del debate es que ninguna propuesta funciona sola. La RBU necesita una reforma fiscal de escala histórica para ser realmente compensatoria. La agenda pro-trabajador de Acemoglu requiere una capacidad regulatoria que los Estados hoy no tienen. La semana corta reparte el trabajo pero no resuelve la distribución del ingreso.
Pero quizás el punto más interesante de toda esta literatura —y que Hédoin articula con precisión filosófica— es que el desempleo masivo por IA no sería solo una crisis económica. Sería una crisis de legitimidad de los marcos con los que pensamos qué nos debemos unos a otros y por qué. Si el trabajo deja de ser el puente entre el individuo y la sociedad, hay que repensar ese puente desde los cimientos.
