El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció nuevas medidas frente a una serie de amenazas de violencia registradas en escuelas de la Ciudad y aseguró que esos hechos “no son una broma pesada, son un delito”. Lo hizo en conferencia de prensa junto a la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y otros funcionarios del área de seguridad y justicia.
Durante su exposición, Macri sostuvo: “No vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida y el ritmo escolar. Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias”. En ese marco, precisó que en al menos tres casos concretos las advertencias derivaron en operativos policiales, uno de ellos incluso fuera del territorio porteño, y que la Justicia investiga la responsabilidad tanto de los estudiantes involucrados como de sus familias.
Medidas y coordinación institucional
El jefe de Gobierno explicó que, ante las alertas, convocó a distintos organismos para definir una respuesta conjunta. Participan el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En paralelo, el Ministerio de Educación activó el Protocolo de actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos, que establece cómo proceder ante amenazas y busca garantizar la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa. También se realizaron las denuncias correspondientes.
Macri indicó que, además, se intensificaron las tareas de supervisión en los establecimientos y se reforzaron las estrategias de convivencia escolar.
El rol de las redes y el acompañamiento
El mandatario porteño vinculó parte de estos episodios con dinámicas propias del entorno digital. “Muchas de estas situaciones nacen en las redes sociales como tendencias virales que convierten la violencia en contenido”, afirmó.
En esa línea, remarcó la necesidad de mayor participación familiar: “Hay algo que es irremplazable: la conversación en casa. Necesitamos volver a hablar, a preguntar, a escuchar y a involucrarnos en lo que a los chicos les está pasando”.
Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, subrayó que la respuesta oficial combina prevención y sanción. “La respuesta tiene que ser, al mismo tiempo, seguridad y formación. Protocolo y acompañamiento. Consecuencia y reparación”, explicó, y agregó que las medidas buscan que los estudiantes comprendan el daño causado y puedan reintegrarse a la comunidad educativa.
Desde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Martín López Zavaleta detalló que se implementó un esquema de coordinación para identificar a los responsables y avanzar en cada caso. Según explicó, esto también cumple una función preventiva al desalentar la repetición de este tipo de conductas.
