Los Estados tienen el monopolio del uso de la fuerza. Eso es parte de la estructura central de los Estados modernos y fue concebido para custodiar el orden y hacer cumplir las leyes. No hay matices ni interpretaciones. Sin embargo, en tiempos de redes sociales y análisis superficiales y prematuros, un video viral basta para construir una sentencia.
En este caso, la escena de un mantero discapacitado desalojado por la Policía de la Ciudad sirve para reabrir una discusión tan incómoda como necesaria: dónde termina la sensibilidad social y dónde empieza la obligación del Estado de hacer cumplir la ley y proteger a quienes trabajan, pagan impuestos y sostienen sus comercios en medio de la crisis.
La imagen impacta. Todo a un tiro de click. Los teléfonos en mano y la viralización a la vuelta de cualquier esquina. Los hechos están filmados. Un vendedor ambulante discapacitado es desalojado por la Policía de la Ciudad. El video circula, genera rechazo instantáneo y activa una reacción casi automática: hablar de represión. La sensación antes que la razón, clima de época. Pero la escena, por más sensible que resulte, obliga a abrir una discusión más incómoda y profunda. La pregunta no es solo qué pasa con ese hombre. La pregunta también es qué debe hacer el Estado frente a la ocupación ilegal del espacio público y frente a la competencia desleal que padecen miles de comerciantes formales.
El punto no es negar la dimensión humana del caso. Nadie puede quedar indiferente frente a la vulnerabilidad de una persona discapacitada que intenta ganarse la vida. Pero dar el debate solo desde lo emocional encierra una liviandad que no puede ser parte de una gestión. La pregunta racional que prevalece más allá de las sensaciones tiene que ver con el rol del Estado.
El comerciante formal en la encrucijada
Siempre hay más de un punto de vista, siempre hay matices e interpretaciones. Pero tanto los hechos como las leyes son "sagrados". Está el comerciante que abrió un local, paga alquiler, Ingresos Brutos, cargas sociales, habilitaciones, tarifas e impuestos. Está el dueño de un negocio en Flores, o en cualquier otro barrio comercial de la Ciudad, que además enfrenta una crisis de consumo, la presión de los costos y el impacto de una apertura importadora que achica márgenes y destruye ventas. Y está, además, el vendedor ilegal que se instala en la puerta, ofrece mercadería a menor precio, muchas veces de origen dudoso, sin controles, sin tributos y sin asumir ninguna de las obligaciones que sí recaen sobre quien trabaja dentro de la ley.
Ante el panorama que se dibuja ante el panóptico que puede ser un gobierno local, las preguntas son variadas pero sencillas: ¿qué debería hacer el Estado? ¿Mirar para otro lado? ¿Aceptar que el espacio público quede tomado por actividades ilegales? ¿Abandonar al comerciante formal, que ya carga con una estructura de costos cada vez más difícil de sostener? La respuesta, para muchos, es evidente: el Estado tiene la obligación de ordenar. Y ordenar no es, necesariamente, reprimir.
Esa es, quizás, la principal confusión del debate público. La propensión a pensar que cualquier intento de control estatal es también una forma de violencia institucional aporta ruido al debate. Sin embargo, el uso del poder de policía, el uso de la fuerza por parte del Estado, el deber de hacer cumplir las normas no equivale automáticamente a ejercer represión.
A veces, el recorte es tan solo una foto. La película siempre es más compleja. Por caso, si un agente estatal, inspector municipal o policía, intimó a un vendedor a retirarse, si hubo advertencia previa, si la intervención apuntó a liberar un espacio ocupado de manera ilegal y si no hubo un uso arbitrario de la fuerza, entonces la escena puede ser incómoda, puede ser dura, puede incluso ser triste, pero no por eso deja de formar parte de una obligación básica del Estado.
Informalidad, orden y democracia
El error conceptual de creer que la convivencia democrática consiste solo en proteger al más débil en abstracto nubla el razonamiento y tiñe el debate. El orden democrático consiste también en garantizar reglas comunes. Y está claro que esas reglas incluyen el derecho de quienes invierten, producen, contratan personal y pagan impuestos. La informalidad es un obstáculo más para el que intenta darle valor a una sociedad mediante la generación de un negocio lícito. Así las cosas, la informalidad muchas veces termina legitimada en nombre de una sensibilidad mal entendida.
El problema es profundo, de fondo y va más allá de un desalojo puntual. También excede las gestiones locales. La venta ambulante, la ayuda y la inserción de trabajadores con discapacidad y la exclusión social exigen políticas públicas más profundas. Hace falta un Estado capaz de asistir, reconvertir, incluir y dar alternativas. Pero una cosa no anula la otra. La obligación de desarrollar políticas sociales no elimina la obligación de ordenar el espacio público ni de proteger la actividad formal.
Una vez más se trata de saltar la grieta y de evitar el maniqueísmo. Dicho de otro modo: la discusión no debería ser "vendedor ambulante sí o no", ni "policía buena o policía mala". La discusión real es si el Estado puede renunciar a hacer cumplir la ley.
Hay una parte de la sociedad que espera exactamente eso del Gobierno de la Ciudad: que intervenga. Que no permita que una vereda se convierta en tierra de nadie. Que no deje solo al que trabaja dentro de la ley. Que entienda que detrás de cada persiana levantada hay una inversión, un riesgo, una familia y una cadena de obligaciones que no puede competir contra la ilegalidad.
Por eso, quizá, el verdadero debate no sea el que propone el video viral. Tal vez la discusión más honesta sea otra: si estamos confundiendo represión con autoridad, y si en nombre de esa confusión terminamos desprotegiendo a quienes sostienen, con esfuerzo y dentro de la ley, una parte cada vez más frágil de la economía urbana.
