La primera parte de este artículo contó una historia de siglos. Los Estados prometen por ley más de lo que pagan, porque una parte enorme de los ciudadanos no reclama lo suyo, es decir, la mitad de quienes califican al ingreso mínimo en España, un tercio en Francia, 24.000 millones de libras anuales en el Reino Unido, más de 1 millón de chicos con derecho y sin cobertura en la Argentina, decenas de miles de millones de dólares en créditos fiscales, devoluciones vencidas y propiedad sin dueño en Estados Unidos. Vimos que ese silencio tiene muchas causas pero dos mecanismos constantes, la ignorancia y la vergüenza; y que ambos tienen historia larga con leyes escritas en idiomas ajenos, la insignia de tela con la letra P que el pobre inglés debió coserse al hombro desde 1697, la workhouse victoriana o el padrón español de pobres de solemnidad. Vimos también la teoría que justificó la fricción como filtro y su refutación empírica, cuando Estados Unidos agregó entrevistas y recertificaciones a su asistencia familiar en 1996, la cobertura cayó del 82 al 28%. Y cerramos con una constatación, ningún ministro ordena que la gente no cobre; alcanza con que cada presupuesto se calcule sobre la cobertura observada y no sobre la legal. Los 2 guardianes no cobran sueldo. Rinden fortunas.
Llega la inteligencia artificial
La mejor crónica de la ruptura llegó desde Gran Bretaña, el mismo país que inventó la insignia del pobre. The Economist dedicó su portada de agosto de 2026 a un fenómeno que los investigadores bautizaron inundación agéntica, cuando ciudadanos que usan la inteligencia artificial (IA) para redactar reclamos, apelaciones y objeciones contra el Estado, con la calidad de un abogado caro y a costo casi nulo. El atraso de los tribunales laborales británicos creció 55% en un año, y las solicitudes de amparo laboral de urgencia se multiplicaron por 100. Un investigador de la Hertie School de Berlín, Chris Schmitz, contó 93 ejemplos del fenómeno en 11 países, y un municipio holandés reportó que las objeciones a las valuaciones del impuesto inmobiliario subieron 400% después de que una plataforma comercial de IA empezara a redactarlas. En Gran Bretaña, un servicio cobra 45 libras por leer el expediente de un proyecto inmobiliario, fundar jurídicamente la oposición y escribir el discurso para leer en la audiencia pública.
Para entender por qué esto es una ruptura y no una moda, conviene mirar el mecanismo económico. Durante toda la historia, reclamar un derecho tuvo un precio compuesto que incluye enterarse, entender, juntar papeles, llenar el formulario, esperar, apelar y soportar la mirada del funcionario. El ciudadano reclamaba solo cuando el beneficio esperado superaba esa suma completa. Millones de derechos chicos, una tasa municipal mal cobrada, una multa dudosa, un complemento de 50 euros mensuales, quedaban del lado equivocado de la cuenta porque valían menos que el esfuerzo de cobrarlos. El no reclamo era aritmética.
La IA no mejora esa cuenta, la aniquila. El costo de un reclamo adicional tiende a cero cuando el agente automático se entera, entiende, redacta, presenta y apela solo; y una supervisión de minutos reemplaza semanas de gestión. No hace falta que la mitad silenciosa despierte de golpe, basta que se vuelvan rentables los miles de reclamos pequeños que antes no pagaban el esfuerzo, y el resultado es una discontinuidad porque el sistema no recibe un poco más de demanda, recibe la demanda que la aritmética contuvo durante décadas. El aumento de 400% del municipio holandés no mide un cambio de humor de los vecinos, sino cuánta demanda contenida había.
En los términos de este artículo, la IA ataca al primer guardián, pero no lo mata de inmediato, porque la máquina necesita datos correctos, acceso a los sistemas públicos y legislación al día, y además se equivoca. Lo que destruye es su ventaja económica. Es decir, la ignorancia fiscal tenía tres capas y todas pierden su precio. Por ejemplo, el no saber que el derecho existe se supera cuando el sistema lo detecta cruzando la situación personal contra el catálogo completo de normas, algo que ningún humano hizo jamás por sí mismo. Otro umbral, no entender el trámite, se basa en llenar formularios y es lo que la máquina mejor hace. El tercero es no aguantar el proceso, cuando el agente apela y reitera sin cansarse, la fatiga era el recurso con que el Estado contaba. La ignorancia seguirá existiendo, lo que desaparece es el enorme costo humano de vencerla, que era lo único que la volvía rentable para el fisco.
Y aquí aparece lo que casi nadie señaló. La IA también hiere al segundo guardián, porque delegar el reclamo evita la humillación. Nadie se sonroja por lo que su agente pide en su nombre, igual que nadie se preocupa por lo que negocia su abogado. El anciano que jamás habría hecho la cola del ingreso mínimo no siente nada cuando su asistente digital presenta la solicitud a las 3:00 de la mañana. La ventanilla era un tribunal moral, pero la pantalla intermediada por una máquina no juzga a nadie. Conviene entender bien qué significa esto para quien no reclamaba, esa persona no era irracional, elegía entre dos sufrimientos y tomaba el que juzgaba menor, la falta del dinero antes que la humillación de pedirlo. El Estado construyó siglos de finanzas sobre esa elección silenciosa de los más débiles. La IA no le regala dinero a nadie, solo le cambia el precio relativo de los dos sufrimientos, porque cuando pedir ya no duele, no pedir deja de ser una decisión y pasa a ser solo una pérdida.
Las consecuencias fiscales se deducen solas. Si el no reclamo vale 24.000 millones de libras en Gran Bretaña, la mitad del ingreso mínimo en España y decenas de miles de millones de dólares en Estados Unidos, cada punto de caída en el no reclamo es gasto público nuevo que ningún parlamento votó como gasto nuevo. Los derechos ya estaban escritos, lo que nunca estuvo presupuestado fue su cumplimiento. Los Estados emitieron promesas durante décadas contando con que la mayoría no las cobrara, exactamente como un banco que presta el mismo dinero muchas veces porque sabe que los depositantes no vendrán todos juntos. La IA es la corrida bancaria contra la letra chica del contrato social.
La Bifurcación
¿Qué puede hacer un Estado frente a esto? Contra la caída del precio de la información no hay remedio, ningún gobierno puede esconder las normas cuando cada ciudadano lleva en el bolsillo un lector infatigable de regulaciones. Esa batalla terminó y quedan dos caminos.
El primer camino es rendirse ante la propia promesa y automatizar también la concesión. Si el fisco conoce los ingresos, los hijos, la edad y el domicilio, puede pagar sin que nadie pida, y entonces la ignorancia y la vergüenza mueren juntas de muerte natural. La técnica lo permite desde hace años, pero lo que lo frena es la cuenta porque pagar todo lo prometido es exactamente el gasto que el no reclamo evitaba. Francia discutió desde 2017 la asignación automática de su ingreso mínimo y la idea fue abandonada; España conoce su tasa de no reclamo con precisión desde hace más de cinco años y la cifra casi no varió. Ningún país que mida el fenómeno con seriedad dio todavía el paso completo hacia el pago sin solicitud. La asimetría es fiscal, ya que automatizar la concesión cuesta miles de millones, mientras que manualizarla no cuesta ningún voto identificable, porque el excluido por fricción no lo sabe.
El segundo camino es el histórico. Cuando cae una barrera, se levanta otra del único material que quede en pie. Lo observado hasta aquí es que eso existe y funciona, aunque sus piezas son anteriores a la inundación agéntica y nacieron con otras justificaciones. La reforma estadounidense de 1996 mostró el rendimiento de la presencialidad obligatoria. Francia exige desde 2025 a los beneficiarios de su ingreso mínimo 15 horas semanales de actividades de inserción registradas. La India verifica con la huella digital a quien retira sus raciones subsidiadas. La Argentina exige turno presencial para reincorporarse a la asignación suspendida. Gran Bretaña somete al solicitante de la prestación por incapacidad a evaluación médica en persona. Cada requisito tiene su justificación oficial, casi siempre el combate al fraude. Entre tanto, cualquiera que sea la intención, todos producen el mismo efecto, elevan el costo de reclamar con la única moneda que ninguna máquina puede pagar por su dueño, el cuerpo y el tiempo del titular.
La predicción de este artículo es que la marea agéntica volverá fiscalmente irresistible ese repertorio. A medida que los bots inteligentes eleven el reclamo efectivo, los Estados que no quieran o no puedan pagar la cobertura plena reintroducirán deliberadamente la presencialidad que la técnica volvió innecesaria. Menos formularios, y más turnos y entrevistas. Impondrán más ventanilla, justo cuando esta dejó de ser técnicamente necesaria para volverse fiscalmente valiosa. La hipótesis es verificable, si dentro de unos años los requisitos presenciales crecen en los programas donde el reclamo automatizado más subió, este artículo acertó. Por otra parte, si los Estados responden generalizando el pago sin solicitud, se equivocó, y será la equivocación más feliz de la historia fiscal.
Cada país elegirá su mezcla, y la elección revelará algo que hoy permanece cómodamente oculto. Es decir, si el Estado quería enfocar la ayuda o quería ahorrársela. Porque la IA lo obliga a optar entre dos caminos que durante siglos evitó al mismo tiempo, pagar lo prometido o trasladar la fricción hacia lo que todavía no se puede automatizar. Y con el cuerpo volverá su sombra, la vergüenza, el impuesto que se paga en persona. La insignia de 1697 no regresará como letra de tela, sino como sala de espera.
Las cosas como son.
Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.