La titular de Inclusión reprochó al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sus "palabras altisonantes contra el Gobierno", remarcando que "no es la actitud de un partido de Estado y de altura de miras" y enfatizando que estar en Ceuta exige "acompañar".
En este escenario, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, se reúne en la ciudad autónoma con Vivas, sindicatos policiales y asociaciones locales tras haber registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados. El PP reclama de forma urgente la creación de un mando único ante la crisis, un refuerzo del despliegue de las fuerzas de seguridad y el "retorno inmediato" a Marruecos de todos los migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio, "sean menores o sean adultos". Gamarra denunció que el episodio ha puesto "en situación límite a todo un país que es España" y ha puesto en riesgo la integridad territorial.
Por su parte, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha anunciado que acudirá formalmente a la cúpula del Poder Judicial ante lo que considera una "pasividad" clamorosa por parte del Gobierno español. Vivas solicitará ser recibido por la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, y por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para trasladarles que "Ceuta está en peligro". Aclaró que no pretende interferir en la independencia judicial, sino advertir del riesgo para la integridad territorial de un territorio que el propio Pedro Sánchez definió en su momento como de "alto riesgo".
Vivas acusó al Gabinete de Sánchez de "maquillar la realidad" asegurando que la normalidad se restableció en 48 horas tras la entrada masiva.
El presidente ceutí sostiene que la normalidad solo se logrará con el regreso a Marruecos de quienes entraron de manera ilegal y defiende que el Estado dispone de recursos suficientes para repatriar a los adultos en un plazo de 30 días mediante un dispositivo de 50 funcionarios capaces de tramitar 750 expedientes diarios (3.750 semanales, 15.000 al mes).
Atribuyó la inacción del Estado a tres motivos posibles: "ineptitud", "irresponsabilidad" ante la vulneración de la soberanía nacional, o el deseo de "no molestar" a Marruecos para mantener "unas pseudo buenas relaciones".
Asimismo, advirtió sobre un "hipotético plan" marroquí diseñado para "golpear sucesivamente a Ceuta hasta la caída definitiva". Además de recurrir a la Justicia, Vivas buscará el amparo de las Cortes Generales, las comunidades autónomas, la FEMP, patronales y sindicatos.
Guerra de cifras y fricción por las agresiones sexuales y los perfiles de riesgo
Uno de los puntos de mayor discrepancia y tensión informativa radica en la cuantificación y gestión de las agresiones sexuales registradas tras la entrada masiva de finales de julio. Según datos recabados de fuentes policiales y judiciales por el diario El Mundo, los casos investigados se elevan a 10, de los cuales cinco corresponden a violaciones (agresiones sexuales con penetración). Todas las víctimas identificadas hasta la fecha son mujeres y niñas migrantes, algunas de ellas menores tuteladas en centros de la ciudad autónoma. Por el momento, la Justicia ha abierto tres procedimientos contra migrantes marroquíes (dos de ellos menores), ordenando el ingreso en prisión preventiva de dos de los investigados y la expulsión inmediata a Marruecos de un tercero.
Paralelamente, las fuentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional desmintieron las informaciones circuladas en redes sociales que apuntaban a supuestas violaciones cometidas contra residentes ceutíes, confirmando que no existe constancia de denuncias presentadas por mujeres locales. No obstante, la Guardia Civil elevó formalmente el balance institucional a 15 agresiones sexuales dentro de sus estimaciones de seguimiento.
A continuación se detallan los datos y estimaciones según cada organismo:
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Fuentes Policiales y Judiciales: 10 casos investigados (5 violaciones con penetración). Víctimas migrantes y menores tuteladas; dos investigados en prisión preventiva y uno expulsado a Marruecos.
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Guardia Civil (Cómputo Global): 15 agresiones detectadas en sus estimaciones institucionales tras la crisis migratoria del 30 y 31 de julio.
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Ministerio de Sanidad y Red Sanitaria Local: 5 mujeres atendidas directamente en las casas de crisis y centros sanitarios.
Frente a este escenario, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha cuestionado de forma explícita las cifras de la fuerza pública durante su entrevista concedida a RTVE y en sus intervenciones públicas en la ciudad. Al ser preguntada por la disparidad entre los 15 casos notificados por los cuerpos policiales y los cinco atendidos en la red de casas de crisis sanitarias, la ministra declaró: "Nosotros lo que podemos certificar desde los servicios sanitarios y desde las casas de crisis son las cinco víctimas de violencia machista y de violaciones que han sido atendidas de manera directa. Si la Policía tiene 15 y nosotros tenemos cinco, a lo mejor es que hay diez mujeres que no han pasado por el hospital o que no han pasado por los puntos de atención a la violencia machista".
Asimismo, al argumentar sobre las dificultades para localizar a las víctimas y hacer seguimiento epidemiológico en la zona, la titular de Sanidad añadió: "La dispersión de las personas por playas, barrios o polígonos dificulta la detección inmediata de estas situaciones. Necesitamos que el Gobierno local ceda espacios adecuados para realizar las investigaciones epidemiológicas y prevenir cualquier brote o situación de vulnerabilidad desde una perspectiva estrictamente humana y sanitaria".
En materia de seguridad e integridad nacional, fuentes policiales confirmaron la expulsión a Marruecos de dos individuos que tenían vigentes prohibiciones de entrada a España por causas vinculadas al yihadismo y a procesos de radicalización islamista. La Policía Nacional y la Guardia Civil aclararon que no se trataba de células operativas ni de personas detenidas por la preparación de un atentado inminente, sino de la ejecución estricta de resoluciones administrativas y judiciales de expulsión vigentes por motivos de seguridad del Estado.
Visita bajo abucheos: Sanidad niega el colapso frente a la protesta de los médicos
La llegada de la ministra de Sanidad, Mónica García, a Ceuta estuvo enmarcada por una fuerte protesta ciudadana. Recibida con gritos de "¡Dimisión, basura, y Sánchez de vacaciones!" e interpelaciones del colectivo facultativo ("Los médicos queremos hablar con usted"), García se ha convertido en la sexta integrante del Consejo de Ministros en desplazarse a la zona tras las visitas previas de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres, José Manuel Albares, Margarita Robles y Sira Rego.
A pesar del clamor del Sindicato Médico, del Colegio de Médicos de Ceuta y de la Organización Médica Colegial (OMC) nacional, que llevan más de dos semanas alertando del agotamiento extremo de las plantillas de Urgencias y Atención Primaria, García ha negado rotundamente la existencia de un "colapso sanitario".
Según la titular de Sanidad, el sistema se encuentra bajo un Plan de Catástrofes Externas de Nivel 1 y ha atendido a unos 5.800 migrantes en 15 días (3.500 en Atención Primaria y 2.300 en el hospital), pasando de una punta inicial de 1.195 asistencias en un solo día a entre 200 y 400 diarias actualmente.
La ministra recalcó que se han contratado a 60 profesionales sanitarios de refuerzo hasta el 31 de agosto, incrementando las plantillas de urgencias un 17% y el resto un 11%, además de ampliar la capacidad del Hospital Universitario de 175 a 212 camas (con 101 ingresados en la actualidad, de los cuales solo 28 son migrantes).
A pesar de admitir el "sobresfuerzo" de los facultativos, atribuyó los problemas al "hacinamiento" en las calles, confirmando únicamente dos casos de tuberculosis (uno de ellos en un migrante). García reitera que la responsabilidad de habilitar recintos cerrados recae en la ciudad autónoma y reprochó a Vivas no actuar con la misma agilidad que en la crisis de 2021.
Por contra, la oposición y los colectivos sanitarios mantienen una posición frontal. Elías Bendodo, vicesecretario del PP, exigió la dimisión de García acusándola de la crisis y recordando que las competencias sanitarias en las ciudades autónomas dependen directamente del Ministerio de Sanidad y no del Gobierno local. Los facultativos de Urgencias denuncian jornadas extenuantes atendiendo picos de hasta 500 pacientes diarios, cinco veces por encima de lo habitual, bajo un estado de impotencia y desamparo funcional.
Tensión humanitaria en la playa del Trampolín y la logística de acogida de emergencia
La vertiente social de la crisis alcanza cotas de alta fragilidad en el litoral ceutí. Más de un centenar de personas de origen marroquí acampadas en la playa del Trampolín han iniciado una huelga de hambre indefinida tras 18 días en la zona. Protegidos en chozas precarias fabricadas con plásticos y cañas, soportando temperaturas extremas de calor de día y frío de noche, los migrantes portan pancartas solicitando asilo formal en España y pidiendo la mediación directa del presidente Vivas, de Pedro Sánchez y del rey Felipe VI. Manifestaron su deseo de no regresar a Marruecos y su intención de resolver su estatus antes de la vuelta a las clases de los niños ceutíes para "no molestar" a los vecinos.
Ante esta saturación, el Ministerio de Inclusión ha iniciado el despliegue inmediato de un operativo humanitario extraordinario para habilitar 1.500 plazas iniciales de acogida, ampliables de forma paulatina hasta las 4.000 plazas.
Las tareas de montaje de carpas y acondicionamiento ya han arrancado con la adecuación de la explanada de Loma Colmenar (cedida por la ciudad autónoma). La infraestructura temporal se completará en otras tres ubicaciones estatales: las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano.
El Ministerio, que distribuye a diario unos 4.000 kits de alimentación básica, confía en acelerar los trabajos para aliviar de forma progresiva la presión sobre el CETI y los espacios públicos.
La atención individualizada se desarrollará en colaboración con organizaciones como Cruz Roja, Accem, CEAR y entidades vecinales, mientras que la ministra Saiz, tras anunciar que supervisará personalmente los trabajos, insistió en que el Estado "no tenía que venir a Ceuta porque está en Ceuta de manera permanente", asegurando que la ciudad "ni ha estado ni va a estar nunca sola".