El Ministerio de Defensa ha confirmado a la Agencia EFE que alrededor de una decena de militares pertenecientes al contingente desplazado a la ciudad autónoma de Ceuta —desplegado para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la crisis migratoria iniciada a finales del mes de julio— han resultado contagiados de sarna.
No obstante, desde el departamento que dirige Margarita Robles se ha precisado que los casos detectados no tienen por qué estar necesariamente relacionados con el episodio migratorio en curso.
Frente a las cifras oficiales iniciales, diversas fuentes y organizaciones militares señalan un alcance mayor. Estimaciones periodísticas indican que el brote afecta en realidad a unos 30 miembros de la Comandancia General de Ceuta. Por su parte, la Unión de Militares de Tropa (UMT) ha concretado en un comunicado que se contabilizan al menos 14 contagiados pertenecientes a una misma compañía del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54.
Denuncias por hacinamiento y condiciones de insalubridad
El origen de los contagios ha generado una seria polémica entre los colectivos representativos de las Fuerzas Armadas. La UMT sitúa el foco directo del brote en las precarias condiciones de alojamiento sufridas por el personal desde el pasado sábado 15 de agosto. Según la asociación, los efectivos fueron instalados en la antigua Batería de Costa K-8 (García Aldave), calificada como «unas dependencias habitualmente en desuso, sin el mantenimiento higiénico preceptivo, con antecedentes conocidos de plagas similares y en situación de hacinamiento».
Esta situación ya había sido advertida con anterioridad por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que había alertado de la posible aparición de enfermedades contagiosas —señalando explícitamente la sarna— entre los efectivos comisionados en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes. La inquietud por el deterioro de las garantías sanitarias durante este operativo prolongado de alta exigencia física ha generado una notable preocupación entre el personal desplegado.
Exigencias de transparencia e información sanitaria dirigidas al Ministerio de Defensa
Ante la falta de certidumbre sobre si se trata de casos aislados o vinculados entre sí, ATME ha solicitado al Ministerio de Defensa información precisa y oficial.
La asociación reclama confirmar si se han producido casos oficialmente diagnosticados, conocer el número exacto de afectados, las unidades específicas comprometidas y la activación de los protocolos de control de contactos y vigilancia sanitaria para frenar la propagación de nuevos contagios.
Desde ATME insisten en que la falta de una comunicación sanitaria clara por parte del Ministerio contribuye a la generación de rumores y al aumento de la preocupación en la tropa. Argumentan que la protección de los militares desplegados debe abarcar no solo los medios materiales necesarios para la operación, sino también las garantías sanitarias adecuadas en la ciudad.
En la misma línea, la UMT ha presentado formalmente una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Defensa, a la Subsecretaría de Defensa y a la Secretaría Permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). La organización exige saber si el brote se ha extendido a otras unidades de la Comandancia General de Ceuta (tales como La Legión, Montesa, RAMIX, RING o ULOG), qué plan de contingencia médica se aplica para evitar el contagio a las familias y a la población civil, y qué labores de desinfección urgentes se han programado para las dependencias, gimnasios y vehículos de la unidad.
Respuesta de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta e impacto migratorio
En el ámbito asistencial local, fuentes del servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario de Ceuta afirman que "no tienen constancia" del brote de sarna denunciado por los colectivos militares.
Sin embargo, desde el mismo servicio hospitalario sí se ha confirmado la detección, días atrás, de unos cinco casos de sarna identificados entre personas migrantes que se encontraban en las calles de la ciudad autónoma, manteniendo abierta la controversia sobre la trazabilidad y la gestión epidemiológica de la situación en la zona.