Han transcurrido 12 días desde que el pasado 30 de julio cerca de 72.000 personas cruzaran desde Marruecos a Ceuta en una jornada crítica para la frontera sur española. Aunque la gran mayoría de quienes lograron entrar ya ha regresado al país vecino, la situación en la ciudad autónoma dista notablemente de recuperar la normalidad. La estancia de miles de personas en campamentos provisionales y la presencia de un elevado número de menores a la espera de una solución institucional mantienen bajo máxima tensión la infraestructura local.
A pesar de que el Ejecutivo central ha estimado que alrededor de 2.000 migrantes permanecen en la ciudad tras la avalancha inicial, las autoridades locales y organizaciones sociales sobre el terreno, como la Asociación Elín, elevan de forma substancial ese cálculo, situando el volumen real de personas entre las 8.000 y las 10.000. De acuerdo con estas estimaciones, en torno a 5.000 serían menores de edad. En contraste con estas cifras globales de las ONG, el Gobierno central ha formalizado e inscrito hasta la fecha a 1.342 menores no acompañados dentro del sistema de acogida oficial de Ceuta.
Decenas de menores a las puertas de la Jefatura Superior de Policía en Ceuta para ser identificados. (EFE)
Condiciones en los campamentos improvisados y la respuesta comunitaria
La mayor parte de la población migrante que permanece en la ciudad autónoma se encuentra distribuida en barrios de la periferia como El Príncipe y Los Rosales, así como en la playa del Trampolín y en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), emplazado en el barrio Benítez. En estos puntos se concentran asentamientos informales, personas pernoctando en espacios públicos y grupos que buscan cobijo transitorio en inmuebles del entorno.
Ante la falta de capacidad de los recursos públicos, numerosos vecinos de Ceuta están ofreciendo alimentos, vestimenta y productos de aseo a las personas afectadas. No obstante, la magnitud de la crisis ha empezado a resentir la propia capacidad de auxilio de la ciudadanía. El agotamiento entre la población local se acrecienta con el transcurso de los días, lo que ha llevado a formular peticiones urgentes para exigir una implicación mucho más decidida de las instituciones públicas.
Asimismo, han sido los propios habitantes ceutíes quienes han habilitado espacios dedicados a acoger a mujeres y niñas migrantes, organizando turnos de guardia para velar por su seguridad física frente a los severos riesgos de agresiones sexuales, trata y explotación denunciados por organizaciones como Save the Children, la cual reclama que su protección sea catalogada como prioridad inmediata.
Grave alerta sanitaria por riesgo de brote epidémico y colapso hospitalario
El impacto de esta crisis humanitaria alcanza de lleno al sistema sanitario de Ceuta, una ciudad que cuenta con una población fija de 82.000 habitantes. El presidente del Colegio de Médicos de la ciudad autónoma, José Enrique Roviralta, ha advertido de que la falta de vacunación y la eventual aparición de enfermedades infecciosas entre la población asentada al aire libre podrían desencadenar un brote epidémico de gravedad y colapsar el único centro hospitalario con el que cuenta la ciudad. Roviralta recordó asimismo la escasez crónica de personal médico que el sector profesional lleva años denunciando en el territorio.
Por su parte, desde la Asociación Elín señalan que las mujeres procedentes del África subsahariana con perfil de solicitantes de asilo que presentaban heridas graves sí han podido ingresar en el CETI.
Sin embargo, se denuncia que aún son numerosos los menores que permanecen a la intemperie sin acceso a recursos habitacionales ni alimentarios mínimos.
La atención directa de esta población descansa sobre la infraestructura de las entidades sociales y la solidaridad vecinal, encargadas de suministrar carpas para proporcionar sombra durante el día y mantas para las temperaturas nocturnas.
Tras casi dos semanas en condiciones de extrema precariedad, los activistas constatan un evidente desgaste físico y psicológico tanto en las personas migrantes como en la población local, sumida en la incertidumbre y en un profundo sentimiento de abandono institucional.
Tragedia en la ruta migratoria y exigencias de las organizaciones humanitarias
Más allá de la emergencia asistencial en las calles de la ciudad autónoma, la crisis ha dejado un trágico saldo en vidas humanas durante el cruce fronterizo. Según los datos recopilados por la ONG Caminando Fronteras, entidad especializada en el seguimiento de víctimas en las rutas migratorias hacia España, al menos 141 personas han fallecido desde el inicio de los acontecimientos iniciados el pasado 30 de julio.
Las organizaciones sociales insisten en que, junto con la implantación inmediata de un plan de choque que garantice la atención básica de agua, higiene y alimentación para frenar el impacto en la salud pública, resulta indispensable facilitar asesoramiento legal completo a los menores migrantes. Este acompañamiento jurídico se considera esencial para garantizar la protección efectiva de la infancia y permitirles el acceso adecuado a los procedimientos internacionales de asilo a los que tienen derecho.
Marruecos exige la devolución de los menores y fija su posición legal y política
En el ámbito diplomático, el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, reclamó formalmente a España la restitución de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en territorio español tras la entrada masiva registrada en Ceuta. En declaraciones al medio informativo marroquí 'Hespress', Ouahbi responsabilizó a las autoridades españolas de la situación actual en la que se encuentran estos menores y confirmó que Rabat solicitará su retorno por vías jurídicas y políticas.
Ouahbi aseveró que el compromiso de Marruecos para recuperar a sus ciudadanos menores de edad es firme, abarcando tanto a los que accedieron recientemente a Ceuta como a aquellos que se hallan en centros de acogida distribuidos por otras zonas de España. El representante marroquí argumentó que su país no contempla abandonar a niños y jóvenes alejados de sus núcleos familiares, remarcando que el entorno adecuado para garantizar su futuro es su propio país y su núcleo familiar.
El ministro indicó también que este asunto ha formado parte de las consultas bilaterales con su homólogo español para articular mecanismos institucionales de verificación de identidad que faciliten la repatriación.
Garantías de la Ley de Extranjería y enfrentamiento político en España
La respuesta institucional de España ante la solicitud planteada por el Ejecutivo marroquí se basa en el marco legal vigente establecido por la Ley de Extranjería. El Gobierno español recordó que los menores extranjeros no acompañados gozan de un estatus especial de vulnerabilidad jurídica, lo que implica que cualquier actuación o procedimiento de repatriación debe estar estrictamente regulado y supeditado al principio del interés superior del menor. En consecuencia, la normativa impide la ejecución de devoluciones automáticas o inmediatas, exigiendo la tramitación individualizada de expedientes dotados de todas las garantías legales y de protección internacional.
En el plano político interno, los acontecimientos de Ceuta han reactivado el choque parlamentario entre el Ejecutivo de la nación y la oposición.
El Partido Popular ha exigido la comparecencia urgente de tres ministros en el Senado para rendir cuentas sobre la gestión de la frontera y la respuesta a la emergencia. Por su parte, el Gobierno central ha declinado acudir a la Cámara Alta para este fin, limitando su disponibilidad de comparecencia al Congreso de los Diputados, mientras persisten las discrepancias sobre el volumen de recursos que deben desplegarse sobre el terreno.