El juez Juan Carlos Peinado postergó para el próximo 15 de junio la citación de Begoña Gómez a una audiencia previa al posible juicio con jurado en su contra, que inicialmente estaba fijada el 9 de junio y que el letrado de la mujer del presidente del Gobierno pidió retrasar.
El juez de instrucción fija la audiencia para decidir si la envía a juicio por cuatro delitos, corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, y recalca la obligación de acudir de los tres investigados: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
En el auto dictado este martes, Peinado reitera que los tres deberán comparecer personalmente asistidos por sus letrados y lanza el aviso "expreso" que de lo contrario serán "conducidos por la fuerza pública".
El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha adoptado esta decisión tras la petición del letrado de Begoña Gómez, el abogado y exfiscal Antonio Camacho, que tenía señalamientos previos que le impedían acudir en la fecha fijada, como así documentó ante el magistrado.
A la audiencia preliminar deben acudir, además de los tres investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa. Esta resolución puede ser recurrida por las partes durante los siguientes tres días.
"Velocidad crucero"
Peinado sigue adelante con esta audiencia preliminar, después de que la defensa de Begoña Gómez recurriera la resolución de la primera citación, reprochando al magistrado que haya puesto "una velocidad de crucero" en la causa "absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal", como "si tuviera excesiva prisa" en acabarlo.
El juez imputa a la mujer de Pedro Sánchez presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación por hechos que giran en torno a la citada cátedra que codirigió, al software que se creó en su seno, y a las labores que ejercía su asesora y que, según Peinado, entraban en la esfera profesional y privada de Begoña Gómez.
En esta causa, Begoña Gómez enfrenta una petición de 24 años de cárcel por parte de la acusación popular, que pide 22 años de prisión para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés. La Fiscalía por su parte no acusa, al no ver delito, y ha pedido reiteradamente el archivo de este procedimiento.
La causa está en la recta final y el juez, a unos meses de jubilarse, quiere que los tres investigados sean juzgados por un jurado popular, aunque la Audiencia Provincial de Madrid tiene pendiente resolver los recursos presentados por estos y también por la Fiscalía.
