El Partido Popular ha dado un paso al frente al solicitar formalmente a la Secretaría de Estado de Justicia la revisión de nulidad de oficio de la instrucción interpretativa que regula la adquisición de la nacionalidad española a través de la conocida como 'ley de nietos', enmarcada en la Ley de Memoria Democrática.
La formación conservadora exige que sea el Consejo de Estado el órgano que determine la validez de un criterio técnico que permite optar a la nacionalidad a bisnietos e incluso tataranietos de exiliados, sin la necesidad de que estos últimos hubieran sido objeto de represalias durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. Una decisión que afecta de manera directa a un volumen significativo de ciudadanos residentes en el extranjero, con especial presencia en países como Argentina.
La controversia jurídica: la interpretación de la norma por parte de la Dirección General
El foco del conflicto se sitúa en la interpretación del texto redactado por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente. El articulado original de la Ley de Memoria Democrática contempla la concesión de la nacionalidad a aquellos "nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio...".
Sin embargo, la instrucción emitida por la Dirección General interpretó que la conjunción "y que" debía entenderse en sentido aditivo como "y, además, aquellos que".
Esta lectura administrativa colisiona con el criterio fijado durante la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Durante el debate de la norma, la mayoría de la Cámara Baja rechazó expresamente una enmienda de Ciudadanos orientada en ese mismo sentido, la cual planteaba el acceso universal a la nacionalidad a cualquier descendiente de personas que hubieran salido de España.
"Queremos que el máximo órgano consultivo determine si una instrucción interpretativa puede ampliar de manera determinante el espectro de personas que pueden acogerse a la medida", señalan desde la dirección nacional del Partido Popular.
Los plazos legales y la vía ante el Consejo de Estado
El procedimiento activado por los populares requiere una respuesta administrativa por parte del Ministerio de Justicia. Tras la notificación del escrito, la Secretaría de Estado dispone de un plazo de tres meses para contestar. En caso de no pronunciarse en dicho periodo, operará el silencio administrativo en sentido negativo, desestimando la petición.
Pese a que desde la sede de Génova reconocen escasa confianza en que el Ejecutivo facilite el trámite o en un eventual pronunciamiento favorable del Consejo de Estado —cuyo dictamen posterior sería vinculante—, la formación advierte de que exigirá explicaciones formales sobre los motivos de un hipotético silencio administrativo. La iniciativa del PP se produce tres semanas después de que Vox emprendiera acciones en la misma línea.
La Junta Electoral Central y la preocupación por el impacto en el censo electoral
La decisión del Partido Popular se produce tras trascender las deliberaciones internas de la Junta Electoral Central (JEC) sobre el impacto de estas nacionalizaciones en el censo. En un acuerdo adoptado a puerta cerrada, la JEC fijó como exigencia que en las solicitudes presentadas quede "suficientemente motivada" la adscripción municipal de los nuevos ciudadanos españoles.
No obstante, el acuerdo mayoritario que declinó intervenir en la concesión de nacionalidades por considerar que "excede de las competencias que corresponden a la Junta Electoral Central", motivó un voto particular firmado por cuatro vocales de la institución, entre ellos el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Vidal.
En dicho texto discrepante, los cuatro juristas alertan de lo que consideran un "incremento irregular del censo" y sostienen que el organismo tiene el deber de actuar para "impedir que se amplíe el censo contra legem [contra la ley]", calificando el aumento censal de "formidable e irreversible".
