Tres semanas después de la entrada masiva de alrededor de 80.000 personas en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, la cuantificación de menores no acompañados en la ciudad autónoma genera profundas discrepancias entre las distintas instituciones.
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha precisado que son entre 2.400 y 2.500 los menores extranjeros no acompañados (menas) detectados en la zona, advirtiendo de que la cifra real podría ser mayor debido al "número significativo" de ellos que permanece en la vía pública.
Por su parte, el Ejecutivo ceutí manifiesta un desacuerdo directo respecto al cómputo del Gobierno central, situando su recuento oficial en 1.367 menores. Desde el gobierno autonómico denuncian la falta de datos unificados y critican que en los recuentos estatales se hayan podido duplicar filiaciones por actuaciones repetidas sobre un mismo menor. Entretanto, organizaciones no gubernamentales como Save The Children estiman que la cifra real podría alcanzar los 4.000 menores en la ciudad.
Imagen de archivo del espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel para mujeres y niños tras la entrada masiva.
El debate sobre la legalidad del retorno y la exigencia de un nuevo marco normativo
La viabilidad jurídica de la devolución de estos menores a Marruecos centra el enfrentamiento político. Desde el Ejecutivo central, miembros como el ministro Óscar Puente y el secretario de Estado Rubén Pérez defienden que una expulsión en bloque es "ilegal", recordando el antecedente de 2021. En aquel episodio, el Tribunal Supremo declaró ilegal la devolución masiva de menores, y la Audiencia Provincial de Cádiz condenó por prevaricación administrativa a la exdelegada del Gobierno y a la vicepresidenta autonómica al no haberse seguido el procedimiento legalmente establecido.
Ante esta posición, tanto el Ejecutivo autonómico presidido por Juan Jesús Vivas como el Partido Popular afirman no haber solicitado devoluciones sin garantías. La exigencia planteada por estas instituciones contempla:
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Refuerzo de personal: El envío de un mínimo de 50 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía especializados en Extranjería a Ceuta para agilizar la tramitación de expedientes "caso a caso", de modo que se acredite el interés superior del menor.
Acuerdos bilaterales y directivas: La aplicación estricta de los acuerdos bilaterales de 2007 entre España y Marruecos, combinada con la ejecución de retornos bajo el paraguas de la Directiva de Retorno de la Unión Europea.
Reformas legislativas urgentes: Adecuar la Ley de Extranjería a circunstancias extraordinarias. En este marco, el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), y fuentes del gobierno de Ceuta recalcan que una situación en la que cruzan 80.000 personas no puede tratarse con "leyes ordinarias", proponiendo adaptar la legislación nacional como hicieron Polonia y Grecia en sus crisis migratorias de 2025.
Esta postura encuentra respaldo en la Comisión Europea. Su portavoz de Asuntos Internos, Markus Lammert, ha recordado que el derecho comunitario avala la devolución de los menores si se cumplen las condiciones legales, subrayando que la expectativa de Bruselas es que la totalidad de los inmigrantes que entraron irregularmente los días 30 y 31 de julio sean devueltos a Rabat.
Un grupo de migrantes concentrados para solicitar asilo este domingo en la playa del trampolín de Ceuta.
La 'fórmula Rego', el choque con las autonomías y el impacto presupuestario de 30 millones
Como medida alternativa, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, propone trasladar a 500 niñas menores de edad a la Península. La fórmula planteada busca que la tutela legal continúe en manos de la Ciudad Autónoma de Ceuta mientras que la atención diaria sea asumida por organizaciones no gubernamentales en los territorios de destino.
No obstante, esta iniciativa cuenta con el rechazo del Gobierno ceutí por motivos competenciales, políticos y económicos:
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Responsabilidad legal: Expertos en atención a la infancia apuntan a que, ante cualquier eventualidad en el territorio de acogida, la responsabilidad subsidiaria recaería en las propias comunidades autónomas, lo que genera tensiones con los ejecutivos regionales.
Impacto financiero: El Ejecutivo de Ceuta calcula que el coste diario por menor se sitúa en torno a los 145 euros. La atención de 500 menores supondría una partida económica de entre 25 y 30 millones de euros al año, un importe para el cual señalan no disponer de financiación garantizada.
Rechazo a la solución peninsular: Desde el Gobierno ceutí sostienen que no se ha aceptado el plan ministerial de forma oficial e insisten en que la prioridad operativa debe ser la tramitación del retorno a Marruecos en lugar de la redistribución comunitaria.