La Abogacía del Estado ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que advierte sobre la imposibilidad material y técnica de ejecutar la medida cautelar que paraliza el voto de los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática —conocida como la "Ley de nietos"— antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Con la fecha límite del censo fijada para el 12 de octubre por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el Ejecutivo sostiene que mantener la suspensión acordada por la Sala Tercera derivará en una privación irreversible del derecho al sufragio activo.
La imposibilidad técnica del censo y los plazos de la LOREG
En sus alegaciones, los servicios jurídicos del Estado exponen que los mecanismos de la LOREG hacen inviable suspender, revisar y recuperar las altas censales en el plazo reglamentario. Según lo establecido en el artículo 39.2 de la norma electoral, el censo de electores debe quedar configurado el 12 de octubre para su posterior consulta en ayuntamientos y consulados durante un periodo de ocho días, fase en la que los ciudadanos pueden presentar reclamaciones.
El informe técnico remitido al Alto Tribunal señala que la fecha estimada para certificar de forma manual y caso a caso a los 168.896 electores afectados por la medida cautelar se fijaba en el 1 de enero de 2027.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) ha puesto en marcha una exhaustiva batería de iniciativas legales destinadas a frenar la tramitación masiva de expedientes de nacionalización española.
La Abogacía del Estado subraya la falta de herramientas informáticas para distinguir de forma automática qué inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) mediante el Registro de Matrícula Consular pertenecen a la Ley de Memoria Democrática o a otras vías de adquisición de nacionalidad, requiriendo una revisión individualizada de las anotaciones marginales.
Las cifras de solicitudes vinculadas a esta norma reflejan el volumen del proceso administrativo:
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304.272 nuevas solicitudes pendientes de resolución.
96.895 trámites pendientes únicamente de la inscripción en el Registro Civil.
1,1 millones de peticiones aún pendientes de tramitación.
El Ejecutivo advierte de un "censo alterado" y de la privación de voto a miles de nacionales
Desde el ámbito ministerial, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha instado al Tribunal Supremo a resolver la situación a la mayor brevedad. Durante su participación en unos encuentros sobre la Guerra Civil en Sevilla, Bolaños señaló que mantener el bloqueo supondría concurrir a los comicios del 29-N con "un censo alterado" y dejaría sin capacidad de sufragio a cerca de 400.000 españoles.
El titular de Justicia remarcó que la norma promulgada en 2022 contó con una aplicación pacífica durante años, habiendo participado sus beneficiarios en las elecciones generales y autonómicas de 2023. Asimismo, argumentó que la participación del electorado en el exterior ronda habitualmente el 10%, con una influencia marginal en los escaños, y rechazó que el Ejecutivo vaya a recurrir a la Diputación Permanente del Congreso para abordar este tema.
Por su parte, la Abogacía del Estado sostiene en su recurso que las acciones iniciadas por organizaciones como Iustitia Europa y el partido político Vox persiguen la eliminación del derecho al voto de los descendientes del exilio, contraviniendo la voluntad legislativa mantenida desde el año 2007.
Reacciones judiciales y parlamentarias de la oposición
Tras el anuncio del adelanto electoral, las acciones legales promovidas por Vox e Iustitia Europa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo solicitan que se declare de forma inmediata la aplicabilidad de la suspensión cautelar para las elecciones del 29 de noviembre, requiriendo además la intervención de la Junta Electoral Central para garantizar su cumplimiento.
En el plano autonómico y orgánico, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dispuesto la creación de una comisión de seguimiento de la Ley de Nietos en la Asamblea de Madrid con el fin de examinar la evolución del CERA y el incremento censal en diversos municipios de la región y del exterior (citando incrementos como el 25% en Tres Cantos o el 40% en el voto exterior de Madarcos). Igualmente, la dirigente regional ha impulsado la supervisión del voto por correo y ha instado al electorado a acudir de forma presencial a las urnas.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo atiende a los medios tras la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso.
Estas manifestaciones han tenido eco en distintas vertientes del Partido Popular:
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Dirección Nacional (Génova): Ha defendido las garantías del sistema electoral, aunque ha solicitado medidas adicionales a la Junta Electoral Central. El presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, diferenció su confianza entre el personal operativo de Correos y la dirección de la entidad.
Gobiernos autonómicos: Figuras como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se alinearon con la postura del voto presencial para los residentes en el extranjero.
Próximos pasos procesales
La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto al recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado determinará la configuración definitiva del censo CERA antes del cierre formal establecido por la normativa electoral para los comicios del 29 de noviembre.