El Supremo congela la inscripción electoral de 163.020 nuevos españoles de la Ley de Memoria Democrática ante el cruce de acusaciones entre partidos.
El proceso judicial en torno al Censo de los Electores Residentes Ausentes (CERA) y la Ley de Memoria Democrática ha desencadenado una severa crisis administrativa y política en España.
El Tribunal Supremo mantiene suspendido el derecho al voto de 163.020 personas nacionalizadas bajo la conocida como "ley de nietos", ante el riesgo de que se produzcan irregularidades en el censo electoral de cara a las próximas elecciones. La decisión judicial exige a la administración identificar en un plazo de apenas una semana los expedientes sobre los que recaen dudas, una exigencia que la red consular considera totalmente inviable de cumplir en los plazos fijados.
Los trabajadores de los consulados españoles han alertado de la imposibilidad técnica y humana de cumplir con el mandato del Tribunal Supremo en el tiempo requerido. La sentencia ordenó el rechazo de nuevos registros hasta esclarecer la validez de los expedientes bajo sospecha y reclamó a la administración aportar dicha información en aproximadamente una semana.
Sin embargo, fuentes del consulado español en Buenos Aires señalan que la revisión del censo electoral ligado a la instrucción del Ministerio de Justicia requerirá "años", enfatizando que resulta "imposible que realicemos una tarea que duró tres años en cinco días".
La imposibilidad responde a que el filtro no puede realizarse de forma automatizada mediante cruces de bases de datos:
Proceso estrictamente manual: Cada expediente debe analizarse de manera individualizada a mano.
Tiempo por caso: Cada expediente requiere entre 30 minutos y una hora de trabajo.
Volumen inasumible: Frente a más de 130.000 expedientes pendientes de comprobación rápida, la carga operativa desborda los recursos disponibles.
Esta saturación se agrava por el déficit estructural de personal en las sedes consulares, que siguen operando con las mismas plantillas fijas que en el año 2000. Para intentar responder al alud de peticiones, la administración ha recurrido a la temporalidad y a la contratación de empresas externas. El volumen de demanda es masivo: solo la oficina consular de Buenos Aires ha recibido más de 640.000 solicitudes, teniendo en cuenta que únicamente en Argentina operan cinco consulados españoles.
La ley de nietos —mecanismo recogido en la Ley de Memoria Democrática— faculta para optar a la nacionalidad española a los hijos y nietos de personas que sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia u orientación sexual. Sin embargo, la resolución del Supremo no se encamina contra el texto legislativo en sí, sino contra la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia. Esta norma interpretativa amplió el alcance de la ley al considerar, per se, como exiliados a todos los españoles que abandonaron el país entre 1936 (inicio de la Guerra Civil) y 1955 (en plena dictadura franquista).
A raíz de los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa, el Alto Tribunal decretó la suspensión cautelar del derecho de voto para 163.020 personas. Si bien en un inicio la suspensión se contemplaba únicamente como un escenario preventivo ante hipotéticos comicios futuros, la posterior convocatoria de elecciones anticipadas forzó a los magistrados a decretar el cierre de nuevas inscripciones desde el pasado 1 de septiembre.
La mayoría de la sala del Supremo fundamentó la urgencia en la necesidad de salvaguardar la "corrección, claridad y transparencia" de las elecciones, al estimar que el sustancial incremento del CERA derivado de la aplicación de la ley de nietos podría comprometer la exactitud de los censores y sus adscripciones territoriales. Las medidas cautelares continuarán activas al menos hasta que la administración resuelva la totalidad de las carpetas, un horizonte que diversos expertos sitúan a años o incluso décadas de distancia, dada la existencia de decenas de miles de solicitudes aún en trámite.
La intervención del Alto Tribunal en el censo ha irrumpido con fuerza en la precampaña electoral, provocando un duro enfrentamiento entre los bloques políticos:
PP y Vox (Oposición de derechas): Han sembrado dudas sobre un hipotético intento de "pucherazo", sosteniendo que el Gobierno pretendía modificar artificialmente el censo electoral mediante lo que consideran un "regalo de nacionalidades".
Gobierno de coalición e izquierda: Han arremetido de forma tajante contra el fallo judicial. El presidente del Ejecutivo tildó la resolución de "despropósito". Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, censuró la decisión manifestando que "la Justicia es la mayor amenaza a la democracia" y subrayando que "no hay ningún precepto legal que permita quitarle a un nacional español su derecho al voto".
Con las cautelares en pie y el censo electoral cerrado por vía judicial, el atasco administrativo en la red consular amenaza con dejar fuera del proceso electoral a más de 160.000 nuevos españoles de forma prolongada.