El plan de Luís Montenegro exige más fianzas a inquilinos y crea un fondo estatal para familias en riesgo, frente a la línea intervencionista de España.
El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro.
El gobierno portugués lleva hoy a su Parlamento una propuesta para reducir el tiempo de impago necesario para suspender un contrato de alquiler y aumentar las exigencias para los inquilinos.
En plena escalada de precios de la vivienda en toda Europa, otros Estados miembros de la UE comienzan a legislar para intentar aumentar la oferta de alquileres. En el caso de Portugal, el gobierno de Luís Montenegro lleva hoy al Parlamento una propuesta que se posiciona como la antítesis a los dos reales decretos aprobados ayer por el Consejo de Ministros español, enfocado en la protección a los caseros, muchos de los cuales han sacado sus viviendas del mercado -como ocurre en España- por miedo a impagos.
La propuesta reduce de tres a dos meses el periodo de impago necesario para poder resolver el contrato. Además, se aumentan las garantías que los caseros pueden exigir a sus inquilinos, permitiéndoles pedir por adelantado hasta tres meses de renta -frente a los dos actuales- y elimina el límite de dos mensualidades para las fianzas.
En paralelo, el gobierno de centroderecha portugués busca eliminar los límites a las subidas de renta introducidos por el anterior ejecutivo, del socialista António Costa, si bien esta medida no afectaría a la actualización anual de los contratos vigentes.
El ejecutivo de Montenegro, además, no descuida en su propuesta a las familias vulnerables, si bien considera que su protección debe recaer en el Estado y no en los propietarios de vivienda en alquiler. Por ello, en el plan que llevan hoy al Parlamento plantea la creación de un Fondo de Emergencia para personas que pierdan sus viviendas por dificultades económicas, frente a la prohibición de desahuciarles que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido en su decreto de vivienda, y que parece haber sido uno de los principales puntos de fricción con Junts que condiciona su sí al texto en el Congreso de los Diputados.
Frente a las críticas de la oposición portuguesa, que acusa a su gobierno de facilitar los desahucios, desde el ejecutivo de Montenegro defienden que los lanzamientos sólo se ejecutarán cuando exista fundamento legal y que no dejarán de lado a las familias vulnerables.
Todo ello, en un contexto donde los precios del alquiler en Portugal, al igual que ha ocurrido en España, no paran de crecer, habiendo registrado un alza del 9,1% interanual en el primer trimestre del año. Un problema para el que el país vecino busca "devolver la confianza al mercado para aumentar la oferta de vivienda", según explicó su ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto.
El alza de los precios se ha mantenido a pesar de que el anterior gobierno portugués puso en marcha varias medidas que guardan gran parecido con las que el Ejecutivo español pretende ahora contener los precios. Entre ellas, la restricción de los pisos turísticos; o, incluso, dar al Estado la potestad de obligar a alquilar las viviendas vacías, algo que se ha demostrado del todo ineficaz tres años después.
En otros países europeos, la restricción a la compra para los fondos de inversión que Sumar ha forzado a incluir al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que lidera Isabel Rodríguez en uno de los reales decretos aprobados ayer se ha demostrado no sólo ineficaz para contener los precios, sino también contraproducente.
Es el caso de Países Bajos, donde se aprobó una ley de "protección de compra" que permitía a los municipios prohibir la compra de vivienda para alquilar. Apenas un año después, un estudio firmado por los investigadores Marc Francke, Lianne Hans, Matthijs Korevaar y Sjoerd van Bekkum muestra los efectos que esta política tuvo en la ciudad de Róterdam.
Después de reducir las compras de inversores en un 75%, la prohibición sirvió para eliminar aún más oferta de alquiler, aumentando los precios en un 4% respecto a aquellos vecindarios donde no se aplicó la restricción. Asimismo, los problemas de acceso al techo se multiplicaron para las familias con ingresos más bajos y los jóvenes, los cuales no cuentan con la capacidad financiera para comprar una vivienda.
Por el contrario, y a pesar del aumento de la oferta de vivienda en venta para particulares, los precios se mantuvieron prácticamente planos, por lo que tampoco sirvió para facilitar el acceso a la compraventa a colectivos en dificultades.
Entre ambos modelos contrapuestos -el portugués y el neerlandés- el Gobierno español parece haberse decantado por el segundo, sin ninguna garantía de que la intervención de los precios o la extensión indefinida de los contratos -como se recoge en el segundo decreto- vaya a servir para ampliar una oferta de alquiler cada vez más exigua, precisamente, por la introducción de topes. En este sentido, los datos de Idealista apuntan a que la oferta de arrendamientos ha caído un 61% en los últimos cinco años, llegando a perder hasta el 90% en grandes plazas como Barcelona, donde se aplica la Ley de Vivienda.
FUENTE: Fuente: EXPANSIÓN | RIPE