Nilson Domínguez, ex novio de Arrieta, ratificó una querella contra el actor, acusándolo de intentar manipular su testimonio durante el proceso judicial.
El actor español, Rodolfo Sancho, enfrenta ahora graves acusaciones de extorsión en el marco del caso judicial que sigue la muerte de Edwin Arrieta, presuntamente a manos de su hijo, Daniel Sancho.
Nilson Domínguez, ex novio de Arrieta, ratificó una querella contra el actor, acusándolo de intentar manipular su testimonio durante el proceso judicial.
Nilson Domínguez, quien mantiene una relación estrecha con el caso debido a su relación anterior con Arrieta, aseguró que Rodolfo Sancho y su equipo legal le ofrecieron una suma de dinero a cambio de declarar que Edwin Arrieta había tenido comportamientos similares a los de su hijo Daniel en situaciones anteriores. Según Domínguez, este intento de manipulación buscaba distorsionar la imagen de la víctima y cambiar el curso de la investigación.
"La querella se formula por una posible coacción del actor Rodolfo Sancho hacia Nilson porque este intenta forzar una declaración que no era cierta para favorecer la defensa de Daniel Sancho", sostuvo a la prensa el letrado defensor de Nilson Domínguez, Alfredo Arrien Paredes.
En su querella, Domínguez sostiene que las presiones fueron tanto verbales como a través de comunicaciones escritas, especialmente por medio de mensajes de WhatsApp, los cuales fueron presentados como pruebas ante la Corte.
En dichas conversaciones, según el denunciante, se ofreció una contraprestación económica para que su declaración favoreciera la versión de los hechos planteada por los Sancho.
Por su parte, el proceso judicial relacionado con la muerte de Arrieta continúa en marcha. El caso ha conmocionado a la sociedad española y a nivel internacional, sobre todo por la implicación de un hijo de una figura pública en un crimen de tal magnitud.
Mientras, Daniel Sancho cumple condena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta, en la prisión de Shurat Thani, una de las más seguras y masificadas de Tailandia. Allí conviven unos 5.000 presos con condenas de entre 15 años y la pena de muerte.