El presidente boliviano, Rodrigo Paz, designó a un nuevo ministro de la presidencia, un cargo clave en el gobierno, tras el quiebre con Unidad Nacional, el partido que hasta ahora había sido su principal apoyo en una gestión que recientemente enfrentó una severa crisis política. En mayo y junio, las protestas sindicales bloquearon vías y paralizaron al país, con el trasfondo del malestar económico más profundo en cuatro décadas.
Paz nombró a Fernando Aramayo, hasta entonces canciller, como ministro de la Presidencia en reemplazo de José Luis Lupo, uno de los colaboradores más cercanos al líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, quien anunció públicamente su ruptura con el gobierno.
Doria Medina, empresario, excandidato presidencial y uno de los hombres más ricos de Bolivia, declaró a medios locales: “Después de mucho insistir y conversar, llegamos a la conclusión de que el gobierno no va a mejorar, así que decidimos cumplir con nuestra conciencia y seguir nuestro propio camino. Lo hacemos por ética; no discrepamos con el programa, sino con el comportamiento de las autoridades”.
El líder de Unidad Nacional cuestionó la lentitud administrativa del oficialismo y reveló que sus propuestas para transparentar la gestión fueron desechadas. “Tardan meses en tomar decisiones o no las toman nunca”, afirmó, al recordar que había sugerido la creación de un “zar anticorrupción” con plenos poderes, iniciativa descartada por el propio mandatario.
También reprochó la ausencia de reformas estructurales. A pesar de las expectativas iniciales, sostuvo que el gobierno de Paz no concretó el cambio integral prometido a la ciudadanía en las áreas clave del Estado, lo que terminó de profundizar las diferencias con su partido.
Doria Medina dio su respaldo a Paz tras quedar tercero en la primera vuelta presidencial realizada el 17 de agosto de 2025 y le ratificó ese apoyo luego del balotaje efectuado en octubre pasado, en el que el ahora gobernante venció al exmandatario Jorge Tuto Quiroga.
Nueva fase
Rodrigo Paz afirmó que “estos cambios ministeriales son decisiones destinadas a preparar al gobierno para la etapa de transformaciones que comienza”. El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, sostuvo que se abre una nueva fase tras un periodo dedicado a “organizar la casa”, con ejes en medidas de austeridad, reorganización del Estado, nuevas leyes y descentralización.
En ese contexto, Gálvez destacó que la actual administración redujo el número de ministerios de 14 a 12, tras comparar esa estructura con los 21 del gobierno de Evo Morales y los 17 de la gestión de Luis Arce. Precisó que la propuesta no se limita a un pacto fiscal ni a la redistribución de impuestos, sino que apunta a una nueva arquitectura del Estado.
“En el fondo estamos asumiendo el reto de clausurar el centralismo, de poder potenciar a cada una de las regiones, pero no lo vamos a hacer de manera impuesta con una sola manera de pensar por parte del Ejecutivo sino de manera concertada”, afirmó en declaraciones al diario El Día.
Añadió que el Gobierno presentará la Ley de Inversiones, la Ley de Minería, la Ley de Hidrocarburos y un paquete adicional de proyectos normativos que ya comenzaron a ser socializados.
Apoyo del Fondo
La pasada semana el Fondo Monetario Internacional anunció el cierre de un acuerdo, a nivel de su personal técnico, por 1.900 millones de dólares “para respaldar el programa integral de reformas económicas de las autoridades del gobierno boliviano”.
El convenio, que aún debe ser sometido a la consideración del Directorio Ejecutivo del FMI pero cuya aprobación parece inminente, puede convertirse en el punto de partida para que otros multilaterales respalden el plan de reformas de Rodrigo Paz.
“El programa respaldado por el FMI ayudará a catalizar financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios para el desarrollo, contribuyendo a un paquete más amplio de al menos 5.000 millones de dólares”, señaló el organismo en un comunicado.
Durante años, la renta del gas permitió a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) financiar bonos, subsidios y grandes obras públicas, mientras la pobreza caía y la estabilidad era reconocida en la región. Pero la falta de inversión en exploración y la declinación de los campos maduros desplomaron la producción y redujeron las exportaciones.
Sin esos ingresos, el Estado sostuvo el gasto recurriendo a las reservas internacionales, que tras alcanzar 15.000 millones de dólares en 2014 comenzaron a caer aceleradamente. Al cierre de mayo de este año se ubicaban en 4.546 millones.
El gobierno de Paz dejó flotar la moneda el 29 de julio y desde entonces el peso boliviano se devaluó 20% frente al dólar, mientras las proyecciones para este año apuntan a una inflación anual de dos dígitos y a un retroceso del PIB en torno a 1%.
El ajuste
El programa de reformas del gobierno boliviano apunta a restablecer la sostenibilidad fiscal mediante una racionalización del gasto, mayor eficiencia en la protección social y nuevas fuentes de ingresos.
Prevé fortalecer las redes de protección social con más recursos y mejor focalización de los programas, para evitar que el ajuste recaiga sobre los sectores más pobres y vulnerables.
Incluye la modernización del régimen monetario y cambiario, con un esquema más flexible para estabilizar precios, eliminar distorsiones y reconstruir reservas internacionales, junto al compromiso de mantener financiamiento monetario cero del déficit fiscal.
También plantea reforzar la resiliencia del sistema financiero con una supervisión más estricta, marcos de resolución bancaria y seguro de depósitos, y medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Finalmente, busca mejorar la competitividad y la productividad mediante reformas que reduzcan distorsiones en los mercados, fortalezcan las instituciones, impulsen la inversión privada y refuercen los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción.
