José Antonio Kast la había definido como "un antes y un después", pero finalmente el presidente chileno decidió retirar del Congreso su controvertida reforma constitucional de seguridad. El anuncio se dio después de que el proyecto generara cuestionamientos transversales y en medio de una fuerte caída en la popularidad del mandatario.
Hace dos meses, Kast había usado la cadena nacional para dar a conocer su plan. "Seremos implacables", dijo en ese momento el mandatario de ultraderecha, que había hecho campaña en base a su propuesta de "mano dura" contra la criminalidad. Según diversas encuestas, la mayor preocupación para los chilenos es la seguridad.
"Nosotros como gobierno no vamos a perseverar en la reforma que habíamos ingresado", dijo este martes el ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, que informó que el gobierno iba a apostar en cambio por un texto de consenso con senadores de distintos sectores.
El plan original proponía ocho modificaciones a la Constitución, entre ellas la creación de un criticado estado de excepción que podría decretarse por 240 días, sin aprobación del Parlamento, y restringir libertades de movimiento y reunión en caso de grave amenaza para la seguridad pública.
Para aprobarse, la reforma habría necesitado el apoyo de cuatro séptimas partes del Senado, algo imposible por el rechazo que generó el proyecto en toda la oposición e incluso en parte del oficialismo, consignó la agencia EFE.
El senador oficialista Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, consideró por ejemplo que la reforma "raya en lo iliberal" y cuestionó que implicara entregar atribuciones demasiado amplias al presidente. El expresidente Gabriel Boric dijo que representaba "una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena".
Qué dice la nueva propuesta
Un grupo de senadores presentó este miércoles una nueva propuesta de reforma en el Congreso, que Alvarado dijo que "cumple con los objetivos que se ha establecido el gobierno".
"Nos han presentado un texto que aborda las principales materias que son de interés para el gobierno para avanzar en el combate del crimen organizado, tener una mayor segmentación penitenciaria y avanzar en el perfeccionamiento de los estados de excepción constitucional", dijo por su parte el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
En la elaboración de la nueva propuesta participaron tanto senadores oficialistas como Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (Renovación Nacional), como opositores, como Pedro Araya (Partido por la Democracia) o Iván Flores (Partido Demócrata Cristiano).
El proyecto contempla tres ejes principales: calificar al crimen organizado como una amenaza contra los derechos fundamentales, segregar a los presos para evitar delitos desde las cárceles y establecer la duración de los estados de emergencia en 30 días, cuyas prórrogas deben tener autorización parlamentaria.
Squella aseguró que con este nuevo proyecto se "pudieron superar las diferencias que se presentaron en un principio frente a un texto puntual".
Las cifras de Kast
Kast, un abogado de 60 años, llegó a la presidencia en marzo después de que en diciembre le ganara en segunda vuelta a la candidata oficialista, la comunista Jeannete Jara, tras una campaña basada en la mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.
Pese a que el tema está en el centro de las preocupación ciudadana, Chile es una de las naciones más seguras de América Latina. Si bien la tasa de homicidios se triplicó en la última década (de 2,5 a 6,7 por cada 100.000 habitantes), se ubica por debajo del promedio de la región, de 15 homicidios cada 100.000, según los últimos datos de la ONU.
La falta de anuncios concretos y las dudas sobre la existencia de un plan de seguridad habían hecho caer la aprobación del presidente. Ante la falta de resultados, Kast destituyó en mayo a la ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert. También removió del cargo a la secretaria general de Gobierno (vocera oficial), Mara Sedini, en el cambio ministerial más rápido desde el retorno a la democracia en 1990.
Una encuesta de Cadem de esta semana mostró que el 32% aprueba la gestión del mandatario, mientras que un 65% la desaprueba, dos puntos más que en el sondeo anterior y el nivel más alto desde que comenzó su mandato en marzo, informó CNN Chile. De acuerdo con la consulta, un 56% cree que la principal responsabilidad por la seguridad la tiene el gobierno.
La ONG Human Rights Watch había expresado preocupación por el estado de excepción planteado en la reforma original de Kast. "En lugar de proteger a los chilenos, esta propuesta, que crea un nuevo tipo de estado de emergencia y amplía las facultades presidenciales, pone en riesgo los derechos a la libertad de reunión y de asociación", dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, en un comunicado.
A la vez, cientos de manifestantes salieron a las calles de Santiago en septiembre para rechazar las reformas y protagonizaron choques con la policía.