Para la especialista Aleida Azamar Alonso (UAM), el episodio marca un quiebre en la lógica de funcionamiento del sistema: un punto donde las cadenas energéticas globales dejan de operar con normalidad y pasan a un estado de alta fragilidad. En ese contexto, describe la emergencia de una “soberanía del caos”, donde los Estados recurren a medidas excepcionales para sostener el suministro. La pregunta es si los eventos recientes, desde disrupciones en rutas críticas hasta la creciente intervención estatal en los mercados energéticos, configuran efectivamente ese escenario.
Un mismo shock, lecturas distintas
El bloqueo en Ormuz no solo impacta en precios: expone distintas formas de interpretar qué está en juego.
Por un lado, aparece una lectura centrada en la seguridad energética. Bajo este enfoque, garantizar abastecimiento en contextos de disrupción se vuelve prioritario, incluso si implica reactivar infraestructura o proyectos previamente cuestionados. La energía deja de ser solo un commodity y pasa a ser un insumo crítico para la estabilidad económica y social.
Al mismo tiempo, persiste otra mirada que advierte que este tipo de respuestas puede postergar o revertir objetivos ambientales, especialmente si las medidas de emergencia se consolidan en el tiempo.
Entre ambas posiciones, el interrogante es si este tipo de crisis acelera una transición hacia sistemas más resilientes o si, por el contrario, refuerza la dependencia de soluciones fósiles en el corto y mediano plazo.
EEUU: reactivación en California en contexto de emergencia energética
Ante el riesgo de que la inflación y el desabasto desestabilicen la Costa Oeste, donde el 60% del crudo refinado proviene del extranjero, la administración de Donald Trump ha recurrido a medidas de excepción.
La onda expansiva del bloqueo en Ormuz ha encontrado en las costas de Santa Bárbara, California, su primer frente de batalla político y legal en suelo estadounidense. En marzo de 2026, el presidente Donald Trump declaró la “Emergencia Energética Nacional” y ordenó la reactivación de la Unidad Santa Ynez, en Santa Bárbara. La medida habilita el uso de un sistema de oleoductos inactivo desde hace más de una década.
Para avanzar con esta reapertura, el secretario de Energía, Chris Wright, recurrió a una disposición de la era de la Guerra Fría (Ley de Producción de Defensa) para obligar a la empresa Sable Offshore Corp. a reanudar la producción. La justificación técnica es que más del 60% del petróleo refinado en California proviene del extranjero, y una parte significativa transita por el Estrecho de Ormuz. La reactivación inyectará 60,000 barriles diarios al sistema, permitiendo sustituir casi 1.5 millones de barriles importados por mes.
El "Fantasma" del 2015: El costo ambiental del ducto
La medida reabre el debate sobre antecedentes del sistema. El cual estuvo inactivo desde 2015, cuando una ruptura provocó uno de los peores derrames de petróleo en la historia de California.
El derrame ennegreció 240 kilómetros de playas desde Santa Bárbara hasta Los Ángeles, diezmó la industria pesquera y mató a decenas de delfines y leones marinos
Autoridades estatales sostienen que el riesgo no es solo climático, sino la posibilidad de repetir un evento de gran escala en una zona biológicamente rica.
Disputa legal y política
El conflicto ha escalado a un nivel de confrontación directa por el uso del suelo. El oleoducto serpentea a lo largo de 6 kilómetros a través del Parque Estatal Gaviota. Funcionarios de California han calificado la reactivación como una "invasión de propiedad" y han solicitado formalmente a un juez del Tribunal Superior del condado de Santa Bárbara que ordene el cese inmediato de las operaciones y el retiro total de la infraestructura de los terrenos del parque.
A esto se suma la discusión regulatoria: El fiscal Rob Bonta y el gobernador del estado Gavin Newsom denuncian la reclasificación de los ductos como "interestatales" para eludir las normas locales.
Desde el gobierno federal, en cambio, la reactivación se justifica como una medida necesaria y un acto de defensa nacional esencial frente al aumento del costo de vida. En regiones como Los Ángeles, la gasolina ya supera los 6 dólares por galón, y el impacto se extiende a transporte y alimentos.
La Reserva Federal de Dallas ha advertido que, si el bloqueo en Ormuz se extiende tres trimestres, la inflación PCE general en EE. UU. aumentará en 1.47 puntos porcentuales.
¿Marca esto un cambio en cómo se toman decisiones energéticas en contextos de crisis?
México: El giro pragmático hacia el fracking
En México, la crisis de Ormuz habilita un cambio radical en la política de hidrocarburos no convencionales. El país enfrenta un déficit estructural de gas natural que compromete el 60% de la generación eléctrica nacional y la operatividad de sectores estratégicos como el acerero y automotriz. Con una capacidad de almacenamiento de apenas 2.4 días de reserva, lejos de la meta de 5 días para 2026, el sistema eléctrico opera bajo un riesgo constante de interrupción ante cualquier shock externo
La justificación de este giro reside en la caída drástica de las reservas probadas, que han descendido un 70% en las últimas dos décadas (de 41.38 billones de pies cúbicos en 2001 a 12.29 billones en 2024). Esta tendencia ha forzado al país a importar entre el 72% y el 75% del gas que consume, principalmente desde Estados Unidos por ducto. Para revertir esta dependencia, la administración de Claudia Sheinbaum busca elevar la producción nacional de los 2.3 Bcf/d actuales a 5.8 Bcf/d mediante la explotación de yacimientos no convencionales
Fuente: IMCO
Ante el riesgo de apagones y alertas críticas, la administración de Claudia Sheinbaum ha validado el uso del fracking mediante el uso de tecnologías de "bajo impacto" para explotar yacimientos no convencionales. Esta apertura busca aprovechar recursos que, según el IMCO, son urgentes para recuperar la productividad nacional frente a los costos competitivos del gas de Texas.
La oposición de organizaciones ambientales y territoriales, entre ellas la Alianza Mexicana contra el Fracking, se apoya en cuestionamientos sobre la viabilidad hídrica y los riesgos asociados a la técnica.
Según estimaciones difundidas por estas organizaciones y estudios internacionales, la perforación de un pozo de fractura hidráulica puede demandar entre 9 y 29 millones de litros de agua por etapa de estimulación. En estados del norte como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde el estrés hídrico ya es un factor crítico, advierten que esto podría generar tensiones con otros usos, incluido el consumo urbano y agrícola.
En paralelo, señalan riesgos potenciales vinculados al uso de aditivos químicos en el fluido de fractura, cuya composición varía según el proyecto, así como a posibles filtraciones, emisiones de metano y eventos de sismicidad inducida. No obstante, la magnitud de estos impactos y su ocurrencia efectiva son objeto de debate y dependen en gran medida de las prácticas operativas, la regulación y los controles ambientales vigentes.
Consecuencias Económicas y Sistémicas
La interrupción de Ormuz ha generado un "efecto cuello de botella" que trasciende el precio del barril, afectando insumos industriales críticos.
En México, Goldman Sachs ha ajustado a la baja la previsión de crecimiento del PIB a 1.3% para 2026, debido al choque energético y el estancamiento de los sectores productivos
Entre la urgencia y la transición
La crisis en el Estrecho de Ormuz está reordenando prioridades en tiempo real. En Estados Unidos y México, las decisiones adoptadas muestran un desplazamiento hacia la seguridad de suministro y el control de precios, incluso en contextos donde los costos ambientales son conocidos y políticamente sensibles.
Sin embargo, el alcance de este giro aún está abierto. Para algunos analistas, se trata de una respuesta transitoria ante un shock extremo; para otros, marca un cambio estructural en la forma en que los Estados equilibran seguridad energética y transición.
En ese punto se instala la pregunta de fondo: si episodios como Ormuz aceleran la diversificación hacia sistemas más resilientes, o si, por el contrario, consolidan una dependencia más prolongada de los hidrocarburos bajo lógica de emergencia.
