Fiscal pide captura del "enigmático testaferro de Báez" con lazos en Uruguay

Se trata de Marcelo Ramos, presidente de Helvetic -sociedad que administra "La Rosadita"- y vinculado hasta 2013 con el Estudio Damiani

El fiscal argentino Guillermo Marijuán pidió en la tarde de este viernes la captura nacional e internacional de Néstor Marcelo Ramos, el presidente de Helvetic Service Group, la sociedad que administraba la financiera SGI, mejor conocida como La Rosadita, donde el empresario Lázaro Báez lavó millones dólares, informó Telam, la agencia oficial de noticias. El juez de la causa, Sebastián Casanello, deberá resolver si pide a Interpol la captura del "enigmático testaferro" de Báez, como lo definió el fiscal José María Campagnoli antes de ser separado de la causa.

Ramos debía declarar el próximo viernes 13 de mayo pero el fiscal pidió su captura por temor a que se fugara. Este viernes debía declarar Martín Báez, hijo de Lázaro, que como su padre se negó a responder las preguntas del juez y presentó un escrito.

El director del estudio JP Damiani & Asociados, Juan Pedro Damiani, reconoció en 2013 en un comunicado de prensa que Ramos, el presidente de Helvetic, le proveyó "servicios". De los Panamá Papers surge que Ramos era "socio en Europa" del estudio. "Con respecto a los datos del doctor Marcelo Ramos le informamos que es nuestro socio en Europa, quien nos asiste en consultoría y temas legales, residiendo en la ciudad de Lugano, Suiza", escribió Juan Fernández Methol, socio del estudio Damiani, actual coordinador institucional de Peñarol y extesorero del club, en un mail enviado al estudio panameño Mossack Fonseca, informó Búsqueda el 21 de abril.

"El señor Ramos era un tipo excelente, hasta que en 2013 parece que le prestó servicio a gente incorrecta", dijo Damiani en entrevista con El Observador. "Cuando este señor cometió los errores, inmediatamente se le revocaron todos los mandatos de cosas vinculadas a nosotros porque actuó con gente que aparentemente no es la correcta", agregó el presidente de Peñarol.

La diputada argentina Graciela Ocaña presentó la semana pasada una ampliación de denuncia en el juzgado de Crimen Organizado de Uruguay en la que enumera una serie de giros bancarios desde o hacia Helvetic. En varias de esas transacciones participan sociedades administradas por Damiani.

Junto a un equipo de especialistas en lavado de dinero, la jueza Adriana de los Santos y la fiscal María de los Ángeles Camiño analizan por estas horas qué caminos seguir en la causa que investiga la ruta del dinero k en Uruguay, por la que fue embargado el campo El Entrevero entre José Ignacio y Punta del Este el pasado 25 de abril.


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