“Estamos en el declive de la agonía”, dijo el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, el pasado 12 de setiembre cuando se declaró desierta la licitación internacional para una asociación industrial y comercial del portland que no recibió ofertas.
Ese día autoridades de la empresa también anunciaron que se explorarían otras alternativas, entre ellas la contratación directa de socios para las plantas de Minas y Paysandú. En caso de licitaciones desiertas, el Tocaf habilita a reiterar la propuesta a los posibles interesados, respetando las condiciones del pliego original.
Con ese objetivo, en las últimas semanas Ancap mantuvo contactos directos con dos empresas que habían manifestado interés en las etapas previas, aún cuando luego no había ofertado. Pero esas consultas no prosperaron.
Tras analizar el panorama operativo, una de esas empresas trasmitió su posición negativa. Entre los argumentos principales, expresó que la compañía tienen un mandato corporativo “muy grande” de bajar la huella de carbono, objetivo que podía afectarse si se sumaban emisiones de nuevas plantas, según supo El Observador.
Y el segundo socio potencial contactado en esa “ronda rápida”, volvió a referirse a aspectos vinculados con la conflictividad sindical como uno de los puntos excluyentes.
El negocio se encuentra actualmente en una situación crítica tanto en lo industrial, por el atraso y obsolescencia de las instalaciones, como en lo comercial por la falta de competitividad de la producción.
El cierre de las plantas de portland no es una alternativa que esté hoy en la agenda de las autoridades. Luego que el intento para una asociación integral no prosperara, en Torre Ejecutiva una postura es que sea la próxima administración la que se ocupe de encontrar una “solución de fondo” para el tema, según supo El Observador.
Por lo pronto, los esfuerzos inmediatos de Ancap se concentran ahora en una reestructuración del negocio, que incluirá estrategias industriales diferentes para las dos plantas, desde el punto de vista societario, estructural y operativo. El objetivo principal es “mitigar” pérdidas.
“Se están analizando distintos escenarios de operación futura de las plantas para emplear la mayor cantidad de gente y reducir costos fijos”, dijo a El Observador uno de los consultados. Esa reorganización se conocerá más en detalle recién sobre el primer semestre de 2024.
Los trabajadores del portland que tienen calidad de funcionario público son 262. En tanto, hay 240 que son empleados de contratistas particulares.
“La reestructuración implica pasar el negocio a las empresas controladas de Ancap, y salir de la esfera pública que es donde tenemos muchas dificultades. (…) Queremos dividir el negocio, Paysandú con Pamacor; y en Minas y Treinta y Tres con Cementos del Plata”; había dicho a El Observador, el vicepresidente del ente Diego Durand.
El negocio de producción de cemento acumula pérdidas por unos US$ 760 millones desde el año 2000, entre pérdidas operativas y de valor de las inversiones realizadas en ese tiempo. Para el ejercicio 2023 se proyecta un rojo superior a US$ 25 millones.
La asociación integral tenía como propósito vincular al ente con uno o más socios que aporten nuevos mercados e integren la operación en Uruguay a una operación regional. El proceso había comenzado en 2021 con varias etapas, antes de desembocar en la licitación que no tuvo ofertas.
Una vez se defina la reestructuración planteada, cabe la posibilidad que el ente vuelva a plantear una hoja de ruta para que la próxima administración, con nuevas herramientas, decida si se exploran soluciones con participación de privados.
Ancap participa actualmente en un mercado local de menos de 1 millón de toneladas por año y en donde ha perdido participación. Además, enfrenta una competencia comercial agresiva en una región en la que, solo entre Argentina, Brasil y Paraguay, se consumen casi 75 millones de toneladas, y tiene capacidad de producción por más de 130 millones de toneladas.
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