El Poder Ejecutivo publicó días atrás un decreto que reconoce a los generadores privados de energías renovables (eólica, solar y biomasa) la capacidad de suministrar potencia firme a largo plazo para garantía de suministro.
La semana pasada el representante de Cabildo Abierto en el directorio de UTE, Enrique Pées Boz, afirmó que ese decreto beneficia a 470 grandes clientes del ente (representan el 20% de la facturación), que podrán comprarle energía eléctrica a grandes generadores privados. También señaló que ocasionará menores ingresos para la empresa pública, y que eso redundará en incrementos de las tarifas que pagan los consumidores minoristas.
Al margen de esa consideración, Pées Boz sostiene ahora que la fórmula matemática que se propone para asignar un valor de potencia firme “está mal”, tiene “alteraciones graves” y “utiliza símbolos algebraicos que no significan nada para el cálculo”, según dijo a El Observador.
La normativa anterior vigente desde 2002, imponía que cada agente privado que optara por instalarse, producir y ofrecer energía eléctrica a potenciales clientes también privados, debía tener la garantía de suministro las 24 horas del día.
Por ejemplo, en las negociaciones entre el parque fotovoltaico privado Atlantica Sustainable Infrastructure (ASI) instalado en Salto y Coca-Cola Femsa Uruguay, ASI tuvo que presentar ante Ursea y ADME documentación probatoria sobre la disponibilidad de un motor (Liderdat en Paysandú), que complementaría la potencia firme en horas de indisponibilidad de la producción fotovoltaica o solar.
A partir del nuevo decreto, la exigencia de que el generador privado de energía cuente con una máquina se reemplaza por estimaciones estadísticas reglamentadas. Es decir, se sustituye esa exigencia física individual (el motor), por un cálculo y asignación de potencia firme, según una fórmula incorporada en el artículo 4.
Según Pées Boz, en la simbología que utiliza la fórmula matemática hay “alteraciones graves”, que llevan a concluir que la expresión propuesta “adolece de falta de significación algebraica”, y consecuentemente de aplicabilidad para la asignación de un valor de potencia firme.
Luego de varias consultas con expertos en ciencias matemáticas, Pées Boz entiende que la falta de significación algebraica surge de incorporar al cálculo de la potencia firme propuesto para cada central generadora, el símbolo de “pertenencia” ( ∈ ), en lugar del que correspondería, a saber, el de “sumatoria” ( ∑ ).
Para el jerarca, dado que se trata de una definición y cuantificación que condiciona toda la norma, “su efectiva aplicación quedaría condicionada por la falta de fundamentos y resultados esperables de la formulación propuesta por el Poder Ejecutivo, con la consecuente inseguridad legal que se generaría”.
“Nadie con esta fórmula va a poder aplicar el decreto. (…) La fórmula no tiene significación e interpretación matemático-algebraica, y se la hacen firmar al presidente de la República (por Luis Lacalle Pou). Vergonzoso”, dijo Pées Boz.
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