El zar del oeste y los narcos que controlan la venta de droga en Montevideo: ¿quiénes son?

Luis Alberto "Betito" Suárez empezó como un niño rapiñero, formó superbandas de asaltantes a fines de la década de 1990 y la puerta de la cárcel la hizo giratoria.
Todos lo conocen. Saben quién es, qué hace y cómo opera. Nada de eso pudo evitar que, detrás de las rejas, lo único que hiciera haya sido crecer en poder.
Betito Suárez sigue siendo el zar del oeste de Montevideo, el narcotraficante más pesado del país que construyó junto con su familia un clan contra el que, hasta ahora, todos han perdido. Todos son no solo quienes persiguen la delincuencia, sino también los que se atreven a disputarle el control, a hacerle competencia y al alto riesgo de fracasar en el intento.

Según supo El Observador, él y su medio hermano Ricardito son los responsables de unas 42 bocas de drogas en el Cerro y todos los barrios aledaños. Y fueron los nombres más potentes que manejó el ministro del Interior, Luis Heber, durante la media hora que habló a los legisladores sin cámaras ni registros durante su comparecencia en régimen de comisión general. El ministro habló de seis grupos mayoritarios que se llevan la mayor parte del mercado en la capital aunque, si se cuentan las bandas más chicas el número sube a 45.

El poder de la banda del Betito y el Ricardito se mide en bocas de drogas, en sicarios –años atrás se contabilizaban más de 50 personas que habían matado para él por encargo– y en plata: el ministro del Interior anda ahora en un auto Audi Q5 con más de 140 mil kilómetros que le fue incautado al Betito. Ese auto, con esa cantidad de kilómetros, puede comprarse en US$ 30 mil. Nuevo, cuesta unos US$ 95 mil.

Ya en 2009 se podía dimensionar la billetera de los líderes del narco en el oeste: en un operativo que ellos gestionaron desde la cárcel –hoy duermen en el Penal de Libertad– una mujer fue detenida cuando intentaba entrar 93 mil dosis de pasta base, que en ese momento costaba US$ 180 mil.

Un barrio hecho fortín

Los Figueroa Buscarón son los que le pisan los pies al Betito y al Ricardito en cuanto a poder en el mercado de la droga en Montevideo. 
Su principal zona de influencia es Jardines del Hipódromo, Ituzaingó, Cerrito de la Victoria, Maroñas y Punta de Rieles. 

El momento más mediático de su carrera delictiva fue en 2018, cuando los vecinos del Complejo Quevedo denunciaron que estaban siendo extorsionados y vivían en un hostigamiento continuo. 

Este grupo llegó a tal nivel de impunidad que había construido muros en el complejo, –propiedad de la Intendencia de Montevideo, donde se había realojado a parte de las familias del asentamiento Siete Manzanas– con alambrado perimetral y guardias armados que controlaban quién podía entrar y quién no. 
El año pasado en nombre de la banda cayó Angelina Figueroa Buscarón, de 49 años, que era la encargada de entrar la droga al país y que había entrado en el negocio desde muy joven. Fue condenada por venta de drogas y la previsión de la Justicia es que esté presa hasta 2024 por ese delito.

Carbonero y de la villa
Sergio Paolo López –el Negro Paolo–, es el dueño del mercado en la zona de Villa Española.  Aunque su poder es menor que el del Betito y el Ricardito, su nivel de influencia sigue siendo uno de los más importantes en el departamento. Tiene 34 años, pero desde los 19 que tiene entradas a la cárcel por hurtos, por rapiñas y después por narcotráfico. Estuvo involucrado también en investigaciones por homicidios y llegó a zafar de la cárcel en 2018 durante un operativo en el que fueron detenidas 16 personas. En el Mirador VII –que formaba parte de una política del gobierno anterior que implicaba saturar los barrios con policías en busca de armas y drogas– al Negro Paolo no pudieron adjudicarle ningún delito y quedó libre.

El nuevo reino en Casavalle

Hace cinco años fue la época dorada de Los Chingas en Los Palomares de Casavalle. Este clan familiar se iba haciendo un lugar en el mercado de drogas en toda la cuenca y saltaron a la fama por su modus operandi:  echaban a las familias del barrio de sus propias casas para instalar sus puntos de venta. En un año llegaron a expulsar a 110 personas de sus hogares.

La familia, además, tenía otra particularidad: el liderazgo del negocio lo llevaban las mujeres. La Moni –Mónica Sosa– se vendía como una mujer que hacía “política social”, que le daba abrigo y comida a los niños de la calle. “Vela por que tengan ropa limpia y vayan al médico”, la defendió en 2019 su abogado, Raúl Estomba.

Esta familia empezó, como todos en el rubro, con hurtos y rapiñas. Hasta que descubrió dónde estaba el verdadero negocio.

Pero, también como todos en el rubro, tenía una competencia fuerte. Los Camala fueron sus principales rivales y los enfrentamientos en Casavalle tuvieron su punto máximo entre 2017 y 2018. Al comienzo de la pandemia, las dos bandas ya estaban desarticuladas: la mayoría de sus integrantes estaban presos o muertos.
Aunque, como el rubro se mantiene fuerte a pesar de eso, ahora otra banda de narcotraficantes tomó el poder y empezó a enriquecerse en el barrio.