Heber dejó las camionetas blindadas de Bonomi y usa la Audi Q5 que la Fiscalía le decomisó al Betito Suárez

El vehículo –que estaba a nombre de la esposa de Suárez– le fue incautado en mayo de 2021 cuando la Justicia lo imputó, mediante juicio abreviado acordado con la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero, a dos años y cuatros meses de prisión por tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización.

La Fiscalía pidió el decomiso del auto de origen alemán que quedó a disposición de la Junta Nacional de Drogas (JND) y del Fondo de Bienes Decomisados (FBD), y fue uno de los 75 vehículos que la junta adjudicó al Ministerio del Interior entre 2020 y 2021. 

Además del Audi, la custodia del ministro maneja un BMW que también le fue incautado a un narcotraficante, según supo El Observador. En tanto, el jefe de Policía de Montevideo, Mario D'Elía, usa una Chevrolet Captiva que le fue decomisada a un narco, informó el periodista Gabriel Pereyra en Twitter el 23 de enero.

Camilo dos Santos

Desde el Ministerio del Interior señalaron que el cambio de vehículo se debió a que "el ministro no quiere andar en un auto blindado" y a que la camioneta del Betito cumplía con las condiciones "sin que le salga un peso a la gente". 

Las fuentes consultadas dijeron que las anteriores camionetas habían sido adquiridas y blindadas durante la gestión de Bonomi y Vázquez. Esos vehículos fueron utilizados también por el exministro Larrañaga e incluso por Heber en sus primeros meses al frente de la cartera. Según dijeron desde el entorno del ministro, ahora "estaban dando problemas por el peso del blindaje" y "en lugar de gastar dinero que se puede destinar para patrulleros en comprar un auto para uso oficial, se decidió solicitar este vehículo con 140 mil kilómetros". 

Dentro de la cartera, el mensaje del ministro fue que "en Uruguay se acabó el tiempo de andar con autos blindados", dijo una de las fuentes, e informó que el auto personal del ministro tampoco está blindado. Consultada respecto a por qué se decidió apelar a la camioneta del Betito, la fuente consultada dijo que de esa forma se logró "optimizar recursos".

La administración y adjudicación de los bienes y fondos decomisados en causas por narcotráfico y lavado se hace a través del Fondo de Bienes Decomisados (FBD), bajo la órbita de la Junta Nacional de Drogas (JND).

El artículo 68 de la ley 17.930, que modificó en 2005 una normativa de la dictadura, establece que la JND podrá o bien retener los bienes para "uso oficial en los programas y proyectos a cargo de la misma", o bien "transferir los mismos o el producido de su enajenación, a cualquier entidad pública que haya participado directa o indirectamente en su incautación o en la coordinación de programas de prevención o represión en materia de drogas y de prevención de lavado de activos", o "transferir esos bienes, productos o instrumentos, o el producto de su venta, a cualquier entidad pública o privada dedicada a la prevención del uso indebido de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de los afectados por el consumo".

Por su parte, el artículo 26 del Reglamento del FBD –aprobado mediante el decreto 339/010– establece que los fondos deben ser destinados a "la financiación de programas que procuren la prevención del consumo de drogas, tratamiento y rehabilitación de personas afectadas por dicha problemática y al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y de la interdicción del narcotráfico y el lavado de activos". Los organismos que pueden ser beneficiarios de estos fondos son aquellos "encargados de la ejecución y seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas nacionales e internacionales en esta materia", y también las "instituciones públicas o privadas que persigan fines de interés público", en "conformidad" con el reglamento.

La normativa establece que la JND determinará el destino de los bienes decomisados "mediante resolución fundada".

Fuentes de la Fiscalía señalaron que pueden ser adjudicados por la Junta de Drogas incluso a la policía para que efectúen procedimientos con ellos. Este jueves en un caso de estupefacientes que se resolvió fueron decomisados tres vehículos que quedaron a disposición de la junta.

Incautaciones y adjudicaciones

Desde el ingreso de la nueva administración en 2020 se realizaron adjudicaciones a varios organismos del Estado por un valor total de US$ 1.357.572. En 2020 fueron adjudicados US$ 239.500, de los cuales US$ 99 mil fueron para comprar cuatro vehículos, y fondos para "compra de equipamiento tecnológico" del Ministerio del Interior y US$ 130 mil fueron para la compra de cuatro vehículos para Presidencia, según la respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por Milton Romani, exsecretario general de la junta. 

En 2021 se adjudicaron US$ 1.118.072. Interior recibió la mayoría de esas adjudicaciones –por un total de US$ 893.100—, repartidos en 70 vehículos terrestres valuados en US$ 853.100, un vehículo marítimo de US$ 30.000 y un apartado que ingresó dentro de la categoría "electrodomésticos, comedores y leña" por US$ 10.000. También Presidencia recibió fondos para otros cuatro vehículos, por un valor de US$ 130.500, y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) adquirió dos vehículos terrestres por un precio de US$ 20.000 con ese dinero. 

En su momento, Romani indicó a El Observador que la JND no le entregó ningún acta que explicara el porqué de algunas adjudicaciones, e hizo especial hincapié en los ocho vehículos entregados a Presidencia. "El Fondo de Bienes Decomisados (FBD) fue hecho para generar fondos para lo que tenga que ver con la política de drogas, y excepcionalmente a otra cosa, bien fundamentada", indicó, y aseguró que no entiende qué rol cumplen estos vehículos entregados a Presidencia en el motivo principal de la FBD.

Romani explicó que en los bienes decomisados "desfila mucha guita", y que en el mundo hay "mucha corrupción" con el manejo de estos casos. Por esto, aseguró que es importante que las adjudicaciones estén bien reglamentadas y fundamentadas, y que la JND estaría incurriendo en una "falta grave" si no existen actas para justificarlas.

El delincuente "más peligroso de Uruguay"

El Betito Suárez lideró a la Superbanda, el grupo criminal que en la década de 1990 asaltaba entidades financieras. Tiene diez antecedentes penales y en todos los casos fue imputado con prisión. Estuvo preso entre 2006 y 2018 por diferentes delitos, entre los que se destaca el tráfico de estupefacientes. En mayo del año pasado, Suárez fue detenido en su casa, acusado de integrar un grupo narco que su medio hermano, Ricardo Cáceres, comandaba desde el Penal de Libertad.

Además del vehículo de alta gama que ahora usa Heber, Ferrero ordenó el decomiso de un Chevrolet, modelo Onix, US$ 275 dólares y $ 37.300 pesos.

En su momento, el ministro del Interior Jorge Larrañaga, y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, destacaron la detención y procesamiento de los hermanos. “Se ha dado un nuevo golpe al narcotráfico, llevando adelante la formalización y condena de dos conocidos narcotraficantes, partícipes de la banda más significativa en Montevideo de importación de droga y distribución al narcomenudeo”, dijo Larrañaga en una conferencia de prensa. Y agregó: “El Estado da un mensaje claro, contundente: manda la ley, no mandan los delincuentes”.

A su turno, el fiscal de Corte recordó que Suárez y su hermano –apodado como "el Ricardito"– encabezaban una organización "de larga data" y que habían alcanzado niveles de violencia que preocupaban a la Policía y la Fiscalía. "Lo que nos preocupa es la utilización de medios violentos más comunes en otros países y no tanto en Uruguay", afirmó Díaz. Según supo El Observador en su momento, el exfiscal de Corte se refería a la práctica de "cortar orejas y dedos" a los deudores de droga, y la filmación de esas sesiones de tortura para luego enviar el video a familiares como forma de extorsión para que paguen, tal como hizo en 2019 el Pachuli –llamado Christian Anthony Céspedes–, también integrante de esta banda criminal.

En 2009, Díaz había calificado a Suárez como el delincuente "más peligroso de Uruguay".

Un mes después de su última imputación, Suárez fue encontrado colgado en su celda en el Comcar, aunque el intento de suicidio no prosperó.