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Números millonarios y "oscurantismo": comisiones binacionales bajo la lupa del sistema político
En la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, las futuras administraciones solo podrán remover a los dirigentes nombrados políticamente por gestiones anteriores si es "con un debido proceso", por lo que la "única manera" de que no continúen –salvo motivo justificado– será que presenten la renuncia.
En la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en cambio, no tomaron "a planta permanente a ni un solo funcionario" y los designados directamente están con contrato a término; pero sí tenían luz verde para participar en los concursos internos que se harían para llenar 23 posiciones de forma definitiva.
Las comisiones binacionales son estados dentro de otro Estado. Los funcionarios están bajo el mismo régimen que en las embajadas, no rigen las reglas del Ministerio de Trabajo y no hay aportes patronales. Cada delegación política negocia con los vecinos los estatutos y las normas de convivencia diarias. De ahí, por ejemplo, que las remuneraciones para los uruguayos en Salto Grande sean en pesos, mientras que en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) sean en dólares.
Salvo rendir cuentas ante Cancillería –que cada año les transfiere partidas para funcionamiento y determinados proyectos–, tienen su autonomía. Dos de ellas están ahora bajo la lupa del Frente Amplio, que tendrá la chance de arremeter contra ambas cuando los ministros de Economía y Relaciones Exteriores concurran el 3 de octubre a la interpelación promovida por la oposición y Cabildo Abierto tras las denuncias en Salto Grande.
"Lo de CARU naturalmente va a ingresar en la interpelación, aunque no va a ser el centro porque desde lo formal no podemos apartarnos del orden ya citado. Pero ambas (CARU y Salto Grande) tienen una misma línea conductual, un modus operandi que parece pensado justamente en las dos delegaciones en las que no hay contralor político de la oposición", declaró el miembro interpelante Nicolás Viera a El Observador.
"Vemos un manejo bastante turbio del Estado en esas dos comisiones, un proceso de oscurantismo y poca transparencia que por lo menos nos enciende las alarmas", añadió el legislador del MPP. Tras descartar eventuales irregularidades en otras delegaciones –donde el Frente Amplio sí está representado, como en CARP (por Gonzalo Reboledo) y en Frente Marítimo (por Ricardo Posada)–, la oposición afina su puntería hacia el litoral.
La advertencia de Talvi y los números
"Las comisiones binacionales CARU, Salto Grande y CARP tienen un presupuesto conjunto mayor al de toda la Cancillería", advertía en junio de 2020 el entonces canciller Ernesto Talvi, que pedía "informes exhaustivos" a los titulares de esas delegaciones –Mario Ayala, Carlos Albisu y Alem García– "por transparencia y respeto a los contribuyentes".
El exlíder de Ciudadanos tuvo un vínculo tirante con los organismos binacionales, ya que los consideraba opacos, y llegó a vetar a Julio Luis Sanguinetti para integrar la delegación de la CARU, quien lo terminó tildando de "acomplejado".
Salvo en Salto Grande –que publica sus memorias anuales– los números y resoluciones de cada una son de difícil acceso y la búsqueda de documentos para respaldar denuncias de palabra está siendo una de las tareas procuradas por la oposición en estos días. Mientras tanto, los titulares de ambas comisiones mixtas –así como el director para Asuntos de Frontera, Carlos Mata– informaron a El Observador que no harían declaraciones ni brindarían ningún dato hasta una vez culminada la interpelación.
El exdelegado durante décadas ante la CARU, CARP y Frente Marítimo, Edison González Lapeyre, ha denunciado que "en aquellos tiempos los cargos no eran rentados", "se percibía el viático que correspondía ya fuera a Paysandú o a Buenos Aires y era necesario rendir cuentas de la partida que se le suministraba a cada delegación". "Los tiempos cambiaron y ahora nos encontramos, por ejemplo, con que los delegados ante la CARU perciben U$S 8.500 dólares mensuales, más viáticos, cuando su actividad en la sede de Paysandú generalmente no excede de cuatro días", apuntó el abogado colorado especializado en derecho internacional marítimo.
El senador blanco Sergio Botana sostuvo semanas atrás ante una delegación del MEF que el estatuto de las binacionales "genera una situación bastante fea para el control". "Creo que por unanimidad de los partidos deberíamos comprometernos en hacer la corrección fuerte que hay que hacer. No puede ser que el país esté ahorrando y pasando necesidades en algunas áreas y otros se pueden dar el lujo de alguna fiesta (...) estoy seguro que gobierno y oposición comparten la preocupación", afirmó entonces.
A través de Cancillería, el Estado aportó $45 millones para la CARP y $22,5 millones para el funcionamiento de la CARU en el correr de 2022, según surge de las partidas analizadas en el Tribunal de Cuentas. A eso se suman otras transferencias para proyectos puntuales, como es el caso de la CARU, que en el correr de este año recibió hasta US$ 3 millones para ejecutar en obras de dragado del Río Uruguay.
Se trata además de dos comisiones con importantes ingresos por concepto de peajes: la primera cobra por el tráfico de buques que naveguen los canales a Martín García y la segunda los cruces por puentes fronterizos en Fray Bentos y Paysandú.
La CARP percibió por este concepto US$10,7 millones a lo largo del año pasado –según los datos a los que accedió El Observador–, mientras que la CARU declaró en 2018 –el último estado contable publicado a la fecha– haber recaudado US$ 15,5 millones, aunque durante su última comparecencia en el Senado, su presidente Mario Ayala refirió a un "100% de aumento en el tránsito de vehículos" desde el 2020.
En cuanto a plantilla, la CARP tiene un total de 43 funcionarios y los delegados políticos cobran entre US$ 3 mil y US$ 4 mil por mes. La CARU, en tanto, tiene 182 funcionarios. "Todos han entrado –como lo han hecho históricamente– a través de contratos eventuales o contratos a término", defendía el martes Mario Ayala en el Senado. Dentro de ese total, la oposición tiene detectados 20 ingresos de personas vinculadas a los partidos de la coalición, que están representados en su totalidad en la delegación.
Durante su breve paso por el Palacio Santos, Talvi manejaba los datos de que CARP administraba hasta US$ 30 millones por año y hasta US$ 20 millones la CARU. No obstante, desde la primera –liderada por el nacionalista Alem García– prevén que se disminuya el aporte de los Estados a partir de la equiparación de las tarifas del peaje del canal Martín García a la del Emilio Mitre y el consiguiente incremento en la recaudación.
Salto Grande, mientras tanto, tiene desde 2015 un presupuesto anual de $ 744 millones que fue perdiendo valor con el correr de los años, y recibe por lo tanto partidas de UTE por comisión de administración de la energía eléctrica que le proporciona (este año serán $200 millones) más un complemento del Ministerio de Economía y Finanzas (también de $200 millones este año), de modo de totalizar en los $1.300 millones que la delegación tiene presupuestados para funcionar en el correr de este año.
A eso se suma que la represa comenzó a cobrar desde 2013 un peaje al transporte de carga por el puente internacional, que en el 2022 dejó unos US$ 1,2 millones, que tras deducir gastos de funcionamiento, se emplearon en "acciones de responsabilidad social empresarial", hoy bajo la mira del FA y Cabildo por la "discrecionalidad" de los delegados uruguayos para elegir los beneficiarios.
Y aunque la delegación argentina es mayor a la uruguaya –casi la duplica en presupuesto, según supo El Observador– la partida de sueldos mantiene un ascenso sostenido desde 2018, según los números rendidos en el Senado por el presidente de la CTM, Martín Burutaran.
Cancillería anunció mientras tanto que "si hay visos de ilegitimidad en alguna" de las contrataciones controvertidas, "en lo que pueda hacer –por estar ante un órgano internacional–", adoptará "determinadas instrucciones".
