Un ping-pong entre el presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Mario Ayala, y el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, dejó este martes al organismo binacional bajo la lupa de la oposición a pocos días de una interpelación en que la coalición de izquierda arremeterá contra el "clientelismo" en otra de las instituciones que operan bajo régimen especial: la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.
La oposición tiene en la mira los ingresos propiciados por esta administración bajo la sospecha de que la CARU –cuya sede se ubica en Paysandú– incurrió en el mismo modus operandi que Salto Grande, que más hacia el norte terminó costándole el cargo al blanco Carlos Albisu.
La coalición de izquierda elaboró una lista que señala en estos tres años ingresaron al menos 20 militantes políticos de la coalición, algo que es rechazado por las autoridades de la delegación.
Durante la comparecencia en la comisión que discute la Rendición de Cuentas, el FA cuestionó que el oficialismo esté intentando dejar de forma permanente en la CARU a funcionarios que entraron por afinidad política mediante concursos que hasta ahora solo ponían como requisito una antigüedad de seis meses en el organismo.
Los contratos temporales y las 20 designaciones
En la comisión, Ayala –el presidente de la CARU– contó que 43 personas ingresaron con contratos a término desde enero de 2020, dentro de los cuales "hay funcionarios que vienen de la gestión anterior, que les fuimos renovando el contrato; eventuales a los que también se les viene renovando y becarios y pasantes a los que también se les renovaron los contratos".
Un listado manejado por la oposición detalla que entre ellos hay 20 militantes de la coalición. Se trata de 13 personas vinculadas al Partido Nacional (7 de Alianza Nacional; 5 de la 404 y 1 de la lista 71); 4 colorados y 3 de Cabildo Abierto.
La nómina incluye a un edil sanducero (Alejandro Mega), al hermano de la diputada blanca Nancy Núñez y al hijo de la senadora herrerista Gloria Rodríguez.
Consultada por El Observador, Núñez señaló que su hermano no fue "designado políticamente" sino por una "designación directa" que después "pasa a concurso". "Hubo un llamado a concurso que ya se abrió, un cargo administrativo de menor tenor; tiene la preparación y los estudios para estar ahí y se desempeña ocho horas por día", afirmó la legisladora que pertenece a Alianza Nacional.
La diputada agregó que ella no tiene "ningún cargo", que viene "de afuera de la política" y que no intercedió en la vinculación de su hermano a la CARU, sino que "él mismo salió a buscarlo, porque ha sido militante político más de 30 años".
"Él era subdirector de Promoción Social de la Intendencia (de Paysandú, bajo la administración de Nicolás Olivera), vio muchas irregularidades y su intención era salir del lugar en que estaba. Debió ir al médico después de ver tantas situaciones con apariencia poco claras y trató de buscar otra opción laboral, y económicamente hasta era mejor que lo que cobra ahora", aseguró.
Desde el entorno de la senadora Rodríguez, mientras tanto, negaron cualquier vinculación política, dijeron que no hubo una designación directa de su hijo sino que él presentó currículum vitae ante una vacante, consiguió el puesto con un contrato a término y va a postularse a los concursos que se están realizando, algo que es señalado por el FA como clientelar.
Consultado por El Observador, Ayala dijo que no haría declaraciones públicas hasta después de la interpelación del próximo 3 de octubre en Diputados.
En la sesión, según consta en la versión taquigráfica, el presidente de la CARU defendió que en su gestión no tomaron "a planta permanente a ni un solo funcionario".
"Todos han entrado –como lo han hecho históricamente– a la CARU a través de contratos eventuales o contratos a término", sostuvo. Agregó que la plantilla actual supone cinco funcionarios más (182) que antes de asumir (177) pese a un "aumento en el tránsito de vehículos" en la frontera y "una carga de trabajo significativamente superior".
A la salida de la sesión, el senador del MPP, Daniel Caggiani, sostuvo que "en CARU aparentemente hay por lo menos familiares de parlamentarios y algunos ediles también de Alianza Nacional", sector al que pertenece su presidente. "Nos preocupa que esto ha sido tomado como coto de caza para ingresar a dado amiguitos políticos y sobre todo tener ingresos en organismos muy importantes que han sido usados de manera clientelar y con visos de corrupción", acusó.
Concurso suspendido
El ida y vuelta entre Ayala y Sánchez comenzó cuando el presidente de la CARU anunció que estaban realizando un llamado a concurso para llenar vacantes en 19 cargos por retiros y jubilaciones, algo que les permitía cumplir la "tradición de la CARU" de "abrirles la posibilidad a aquellos funcionarios que se encuentran en planilla más los contratados y eventuales".
"Me pregunto cómo una persona que ingresó hace seis meses puede concursar para jefe en el escalafón A, que tiene enormes responsabilidades en la CARU", cuestionó el senador, que con el documento en sus manos preguntó por qué los asesores podían participar.
Ayala recogió el guante y señaló que los asesores no podían "participar en los concursos", lo que motivó otro señalamiento de Sánchez.
"Yo acá, claramente, identifico un error. Esta resolución choca con la parte estatutaria. En consecuencia, tomaremos recaudos, revisaremos esa resolución", contestó el presidente de la CARU. "El concurso ya está en proceso. Las bases están publicadas con el mismo criterio", reiteró el senador de la oposición.
El presidente de la comisión, el nacionalista Rodrigo Blás, zanjó el tema al pedir que la CARU "suspenda esos concursos hasta revisar la documentación" y traslade "toda esa información" a la comisión de Asuntos Internacionales del Senado.
Dirigentes del oficialismo reconocieron en ese intercambio una posición "incómoda" por parte de Ayala en pleno escrutinio del Frente Amplio por designaciones directas que, a priori, no son más que un recurso de las administraciones y no implican nada irregular.
Sin expresarse sobre los nombres en cuestión, Blás reconoció que "han habido cosas que no son del todo correctas", pero también acusó que "hay hijos de diputados anteriores (del FA) que ingresaron a la CARU".
Cancillería anuncia revisión
El director de Asuntos de Frontera de Cancillería, Carlos Mata, anunció a nombre del ministro Francisco Bustillo –ausente por encontrarse de misión oficial en Nueva York– que la cartera "no fue informada" de los controvertidos ingresos en Salto Grande y CARU.
Mata añadió: "Si hay visos de ilegitimidad en alguna de estas contrataciones, en lo que pueda hacer la Cancillería –porque estamos en un órgano internacional–, vamos a adoptar determinadas instrucciones y se llevará adelante la revisión de esos contratos que son discutibles", señaló, aunque desde la cartera deslizan que no supone una irregularidad que un edil se desempeñe en organismos binacionales.
