Oposición alerta intromisión de jerarca de gobierno en caso ANCAP

"Quiero creer que es un error", dijo el senador Pedro Bordaberry sobre la postura de Carlos Díaz

Integrantes de la oposición, denunciantes en la causa ANCAP, observan con preocupación la polémica generada entre la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Justicia por la designación de los peritos que intervendrán en la investigación sobre posibles irregularidades en la gestión de la empresa, causa en la que ya designó abogados defensores el vicepresidente Raúl Sendic, quien en los anteriores gobiernos del Frente Amplio presidió el directorio del ente.

El responsable de la Secretaría Antilavado que depende de la Presidencia de la República, Carlos Díaz, crítico el proceder del juez Néstor Valetti que antes de dejar su cargo al frente del juzgado especializado en crimen organizado de 1º turno a su colega Beatriz Larrieu, designó a una escribana que trabaja en esa unidad como integrante del equipo multidisciplinario que asesorará a la sede en esa indagatoria.

Según la visión de Díaz, Valetti "se excedió en su competencia" al designar directamente a una funcionaria de la Secretaría Antilavado porque es algo que le corresponde a él en su condición de jerarca de esa unidad. Díaz, en declaraciones que publicó ayer El Observador, adelantó que pedirá una reunión por este tema al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, y al fiscal de Corte, Jorge Díaz, en virtud de que el equipo de investigadores fue designado a pedido de la fiscal María del Ángeles Camiño.

Ante esta situación, y a iniciativa del senador Pablo Mieres, los referentes del Partido Nacional, el Partido Colorado y Unidad Popular que han trabajado en relación a la denuncia sobre ANCAP, acordaron ayer que se reunirán mañana lunes para analizar el asunto.

"Díaz es un jerarca del Poder Ejecutivo. ¿Él va a designar los expertos que intervendrán en una causa judicial donde se va a investigar la gestión del gobierno? Es algo totalmente indebido y fuera de lugar", expresó Mieres, senador y presidente del Partido Independiente, a El Observador.

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry, que asistirá mañana a la reunión de la oposición convocada por Mieres, dijo que "sería inconstitucional que un funcionario del Poder Ejecutivo nombrado por el presidente de la República designe a los investigadores en una causa judicial".

"Quiero creer que se trata de un error jurídico de alguien que no ha entendido el alcance de las normas y no otra cosa que implicaría inmiscuirse en una investigación", dijo Bordaberry a El Observador.

El senador colorado aseguró que analizó la normativa que regula las potestades del titular de la Secretaría Antilavado "y no tiene entre sus competencias la designación de peritos a la Justicia, sino que su tarea es realizar acciones de coordinación y capacitación sobre su especialidad".

La jueza Larrieu, que el lunes 1º quedó a cargo de la sede que ocupaba Valetti, dejó sin efecto la designación dispuesta por su antecesor en la causa ANCAP que había nominado a un oficial de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol como referente de la investigación al entender que el caso no requiere de una indagatoria policial.

Las denuncias

Los cuatro partidos de oposición representados en el Parlamento presentaron las denuncias sobre irregularidades en la gestión de ANCAP entre 2010 y 2015 el pasado 19 abril, tomando como base elementos surgidos de la investigadora parlamentaria que trató el tema durante varios meses.

Las denuncias sobre ANCAP (que entre 2011 y 2014 registró pérdidas por US$ 602 millones) no apuntan a personas concretas sino que refieren a hechos de la gestión de la empresa, como la asignación de publicidad de la empresa, contratos con la armada para la construcción de remolcadores y acuerdos comerciales con Venezuela, entre otros puntos.


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