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Regasificadora: Justicia indaga a GNLS por estafa de US$ 10 millones

Una empresa uruguaya que había sido subcontratada presentó denuncia penal
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11 de octubre de 2015 a las 05:00

Hace diez días el gobierno rescindió el contrato con el consorcio GNLS (integrado por la firma francesa GDF Suez y la japonesa Marubeni) para la construcción de la planta regasificadora debido a los atrasos en el plan de obras. De esa forma, Gas Sayago (la sociedad anónima estatal integrada por UTE y ANCAP para llevar a cabo el proyecto) se aseguró cobrar la multa de US$ 100 millones.

Si bien el vínculo contractual entre GNLS y el Estado concluyó, las autoridades de ese consorcio están siendo investigadas por estafa debido una denuncia presentada por una empresa uruguaya que fue contratada para realizar tareas de pilotaje en el río de la Plata para la regasificadora.

La denuncia —según pudo saber El Observador en base a fuentes judiciales— se presentó hace dos meses y está siendo tramitada por la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, quienes ya pidieron información al Banco Central y designaron un equipo de peritos contables que trabajará en el expediente.

La empresa denunciante es Costa Fortuna, una firma local especializada en el sector de pilotaje y cimentaciones de grandes obras y que ha realizado trabajos en los puentes de Laguna Garzón y Santa Lucía y también en el puerto de Punta del Este.

La denuncia pide indagar a la cúpula y a los accionistas de GNLS para determinar si en solitario o en acuerdo con la firma brasileña OAS (que originalmente había sido contratada para llevar a cabo la obra civil de la regasificadora y cuyo contrato fue rescindido en abril) montaron una maniobra para perjudicar a las empresas subcontratistas previo a que el consorcio integrado por GDF Suez y Marubeni acordaran la rescisión del acuerdo con Gas Sayago el pasado 29 de setiembre.

Según Costa Fortuna, tras la salida de OAS siguió trabajando cumpliendo órdenes de GNLS pero no cobró por esas tareas. La denuncia cuantificó la presunta estafa en US$ 10 millones. Costa Fortuna ya ratificó la denuncia ante la jueza de los Santos y el fiscal Gómez y en los próximos días serán citados a declarar los primeros indagados, a quienes se les intimó la designación de abogado defensor en la causa.

Mientras tanto, voceros de GNLS consultados por El Observador dijeron que la empresa no hará comentarios sobre este tema.

Proyecto menor

Tras rescindir el contrato con GNLS para la construcción de la planta regasificadora en la zona de Puntas de Sayago, el Poder Ejecutivo está trabajando en la formulación de una convocatoria internacional para que otro privado retome el proyecto.

Pero a diferencia de lo que pasó con el contrato con GNLS, el Estado tendrá un proyecto de obra definido y no dejará en manos del privado su diseño, según dijeron a El Observador fuentes que están al tanto del proceso.

La ministra de Industria, Carolina Cosse, fue interpelada el 2 de setiembre por el diputado nacionalista Pablo Abdala respecto a las demoras y dificultades en el proceso de la regasifiadora.

En esa instancia, Cosse anunció que el costo del nuevo proyecto "será bastante menor" a lo que se había estimado inicialmente (unos US$ 800 millones) pero no ofreció mayores detalles. La idea de las autoridades es que la obra quede pronta para mediados de 2017, es decir, seis meses después de lo que se había previsto.

El costo de la obra civil se estima en US$ 600 millones, de los cuales hasta 2014 se ejecutaron US$ 210 millones, por lo que restan ejecutar otros US$ 390 millones para el actual período, según informó el gobierno en el proyecto de Presupuesto enviado al Parlamento.

Cosse afirmó en el Parlamento que las condiciones para seguir adelante con el proyecto "permanecen o han mejorado". "El descenso de los precios del petróleo no va a continuar y tenemos precios del gas a la baja", dijo la ministra.

Durante la interpelación, la ministra anunció oficialmente que el contrato entre Gas Sayago y GNLS sería rescindido, cosa que ocurrió el 29 de setiembre.

La disolución del vínculo contractual entre el Estado y consorcio formado por GDF Suez y la Marubeni permitió que el Estado cobre una multa de US$ 100 millones que se pagaron el martes pasado.

"No hay ningún daño patrimonial para el Estado, al contrario, el Estado se queda con los activos transferibles. Empieza ahora un proceso ordenado en que nos van a transferir el obrador y lo que está hecho de la obra. Y también el cobro de la garantía", afirmó Cosse el pasado 1º de octubre.

La rescisión del contrato entre Gas Sayago y GNLS le da la opción al Estado de quedarse con el contrato con la firma japonesa MOL para la construcción de un buque regasificador que está prácticamente terminado aunque la última etapa de tecnología insumirá un año más. En el contrato original de la regasificadora, MOL alquila el barco a GNLS por 15 años y otros cinco años a Gas Sayago a un costo de US$ 5 millones anuales.

GNLS negó versión del Poder Ejecutivo

En mayo, ante el planteo de GNLS de reclamar un aumento el canon a Gas Sayago —lo que implicaba que el total del contrato pasaba de US$ 2.610 millones a US$ 4.800— cosa que fue desestimada por el presidente Tabaré Vázquez quien optó por rescindir el acuerdo para promover el cobro de la multa de US$ 100 millones. Sin embargo, en una entrevista publicada por el diario El País el domingo 6, el secretario general de GNLS, Fernando Tovar, sostuvo que el consorcio "jamás" manejó esa cifra. Agregó que GNLS cumplió con todo lo pactado y que si el proyecto se frenó no fue porque la compañía no haya hecho todo el esfuerzo.

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