Sendic y el difícil arte de defender lo injustificable

Gastar más del dinero que entra no es de por sí un pecado. No lo es para una empresa, tampoco en un hogar y mucho menos en un país. Hay un sinnúmero de argumentos y circunstancias que no solo justificarían sino además harían deseable que las cuentas públicas estén en rojo durante un período –quizás prolongado– de tiempo.

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Pero la justificación que da Sendic sobre el abultado déficit fiscal que tiene hoy el Estado uruguayo no solo es errada sino que además induce al engaño. Si bien en el último año, una de las varias razones por las cuales el déficit trepó del equivalente a 3,5% del PIB a 4% fue el incremento de las transferencias al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el argumento olvida una cuestión básica: para explicar el déficit fiscal no alcanza con ver en qué se gastó más o qué ingresó menos en el último año, hay que analizar el gasto y los ingresos en su conjunto y ahí es difícil postular que sean las políticas sociales las únicas culpables del desequilibrio de las cuentas del Estado.

Detrás del déficit fiscal hay errores de programación fiscal y una falta de previsión sobre el impacto del ciclo económico sobre la dinámica de los ingresos y el gasto. Durante toda la década de bonanza, los analistas advirtieron que se estaba jugando sin resto en materia de gasto público. En 2007, las cuentas del Estado prácticamente cerraron en equilibrio y de ahí en más el gobierno puso el pie en el acelerador del gasto, mientras que el ingreso crecía a una velocidad más moderada. No anticiparse a esos cambios fue una decisión equivocada que hoy se paga con un déficit elevado.

El gobierno eligió gastar y lo hizo no solo en políticas sociales. Es difícil pensar cómo los millones que ANCAP gastó durante la administración anterior en negocios imposibles –que solo han dado pérdida– contribuyen al bienestar social, cómo los errores a la hora de adjudicar en proyectos inviables los recursos del Fondes condujeron a un Uruguay más justo y equitativo o cómo el agujero fiscal que dejó el cierre de Pluna –que hasta el año pasado impactó sobre las cuentas públicas– redunda en un mayor grado de desarrollo. Fueron errores de política que dejaron su huella en las finanzas públicas.

Pero no solo de errores flagrantes está alimentado el déficit. No en todas las áreas de la política social en la que el gobierno invirtió hubo una relación directa entre el gasto realizado y los resultados que recibió la población. La educación es el área por excelencia en la cual el aumento de los recursos no implicó una mejora en el servicio que la población recibe, pero lo es también la seguridad y –salvo para algunos colectivos– la salud.

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Y aun dejando de lado todo esto, el argumento de Sendic choca con los límites del pragmatismo. Si una parte del gasto público no alcanza a ser financiada con los recursos que ingresan al Estado, ¿con qué se pagan? Para que un país pueda gastar más de lo que le entra, debe haber alguien en algún lado dispuesto a prestarle y ahí está el principal escollo de un déficit fiscal en 4% del PIB.

Hoy los números no cierran y es justamente por eso que el bienestar de la población está bajo amenaza.

Cuanto mayores son las necesidades de crédito que tiene un país, más riesgoso resulta para los prestamistas atender esas necesidades. Si hay algo en lo cual coinciden los técnicos del gobierno con los privados, es que un déficit fiscal como el actual no es sostenible en el mediano plazo porque ante un aumento de la deuda la reacción del mercado va a ser cobrarle una tasa mayor a Uruguay por los capitales que le presta. Llega un momento en el cual el costo del crédito termina expulsando en los hechos a un país del mercado de capitales y eso implicaría, de un día para el otro, no tener con qué pagar el equivalente a 4% del PIB en gasto público.

Un recorte de tal magnitud implicaría un duro golpe a la actividad económica y sobre todo, a las políticas sociales que defiende Sendic. Hoy los números no cierran y es justamente por eso que el bienestar de la población está bajo amenaza. El manejo responsable de las finanzas del Estado –lo cual no quiere decir, sí o sí, un equilibrio de las cuentas públicas– es una condición fundamental para asegurar la calidad de vida de la población y la base sobre la cual se puede actuar desde la política para mejorarla. El vicepresidente debería saberlo.