En Casa Rosada no se muestran muy preocupados. Quizás porque están convencidos de que no les tocará a ellos hacerse cargo de la fabulosa demanda de 16 mil millones de dólares según falló la jueza neoyorkina Loretta Preska, intercambiables por el 51% de las acciones de YPF. Creen que tienen tiempo y que el pedido de intervención como amicus curiae que solicitó el gobierno norteamericano alcanzará para evitar la ejecución del fallo de primera instancia, es un respaldo suficiente para demostrarle al fondo Bruford Capital que no la tendrá fácil.
Por eso, tampoco les preocupa que la orden de entregar a la justicia los mensajes oficiales y privados vía email y vía mensajería (WhatsApp y Telegram, entre otros) de los dos últimos ministro de economía, Sergio Massa y el actual, Luis "Toto" Caputo. También pedirían información del Banco Central y de otros funcionarios, cuyos nombres todavía no trascendieron. El objetivo que tiene el demandante es probar que YPF y el Estado son la misma cosa, un asunto que tampoco genera preocupación en la Rosada: "es muy claro que son entidades totalmente distintas, una es una sociedad anónima que cotiza en Bolsa, el Estado argentino no solo está muy lejos de ser una empresa, sino que tiene infinitos caminos para probar que son dos entidades distintas".
Por eso generó interés la posición del ex Procurador General del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías, que hoy habló en el Rotary de Buenos Aires y se expresó en contra de los que le piden al Estado argentino negociar ya con la demanda, por ahora desestimada por el Gobierno. "Todavía hay cantidad de asuntos que se pueden llevar a discusión en el litigio. Por empezar, el monto estipulado por la jueza, que está mal deducido por el tipo de cambio utilizado. El monto es mucho menor", dijo Saravia Frías.
Igual es la posición de la Rosada. "No se negociará de ninguna manera. Vamos a agotar cada una de las instancias judiciales que tengamos", aseguran. Con la carta del involucramiento del Departamento de Justicia norteamericano en la mano, que suspendió las ejecuciones sobre YPF que busca preservar la inmunidad soberana, evitar conflictos internacionales y garantizar que el proceso judicial se resuelva correctamente en la instancia de apelación, según consta en la presentación.
Saravia Frías coincidió con el argumento, dado que según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras norteamericana, las propiedades de los Estados extranjeros están protegidas frente a embargos, salvo que se encuentren dentro del territorio de los Estados Unidos. "Como las acciones de YPF están en la Argentina, no en Estados Unidos, no son embargables", explicó.
El ex Procurador se mostró optimista con respecto al proceso y fuera del micrófono contó que "considero que hay una línea estratégica común entre mi gestión y la actual en la materia" y aseguró estar dispuesto a ayudar y en disposición desde su lugar". Ante una consulta de El Observador, dijo que "si necesitan otra nueva declaración mía ante la justicia norteamericana y consideran que suma, no tendré problemas", pero consideró que la que hizo cuando fue Procurador en forma personal, luego reafirmada por la gestión de Rodolfo Barra en otro escrito, ya no es necesario.
Durante su conferencia, contó que durante el kirchnerismo la causa estuvo adentro de un cajón, por negligencia o falta de profesionalismo ("prefiero no pensar otra cosa"), y lamentó que "los funcionarios se les quiera investigar su intimidad, no me gusta". Igual consideró: "si la justicia ordenó que presenten esa información, tienen que hacerlo".
