El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, reafirmaron su postura crítica frente a las recientes medidas impulsadas por el Gobierno nacional para incentivar la incorporación de los llamados “dólares del colchón” al circuito formal. A pesar de las modificaciones anunciadas por la administración central, ambas autoridades confirmaron que la provincia mantendrá sus mecanismos de control fiscal y que no alterará sus criterios ni umbrales para la fiscalización de los contribuyentes bonaerenses.
Cristian Girard cuestionó duramente las medidas oficiales, calificándolas como un “blanqueo encubierto” que no cuenta con el respaldo normativo necesario y que carece de seguridad jurídica. El titular de ARBA explicó que estas modificaciones forman parte del denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que incluye la eliminación o flexibilización de ciertos regímenes informativos y un proyecto de ley para proteger a los ahorristas frente a futuras gestiones fiscales. Sin embargo, advirtió que estas medidas no modifican la normativa penal tributaria ni las regulaciones sobre prevención del lavado de dinero, por lo que “la normativa vigente sigue intacta”.
Girard detalló que, pese a que el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias permitirá a los contribuyentes realizar gastos por hasta $50 millones mensuales (equivalente a unos 40.000 dólares) sin ser reportados automáticamente al fisco nacional, la provincia de Buenos Aires continuará aplicando todas las herramientas legales para controlar y fiscalizar a los contribuyentes. “No hay modificaciones concretas en términos normativos”, remarcó, y sostuvo que las medidas difundidas “parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva”.
Por su parte, Axel Kicillof, en una conferencia de prensa, calificó el plan nacional como un intento de “blanqueo permanente, pero sin aprobación legislativa”. Señaló que el aumento de los umbrales informativos por parte de ARCA representa una disminución en la capacidad de detección de operaciones sospechosas, lo que, a su entender, podría facilitar la circulación de fondos sin justificación clara. “Antes, si alguien sin ingresos o con salario bajo empezaba a comprar bienes por más de 50.000 dólares al mes, eso generaba una alerta. Ahora ese umbral se elevó y la alerta desaparece”, explicó.
Ambos funcionarios coincidieron en que, aunque la provincia no tiene competencia directa sobre delitos como evasión fiscal o lavado de dinero, sí puede y debe mantener el control sobre el cumplimiento de los impuestos provinciales, entre ellos Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Automotor, que “no se ven afectados” por las nuevas medidas nacionales.
Impacto de la flexibilización del control fiscal
El director ejecutivo de ARBA advirtió que la ausencia de un marco legal claro y la derogación de ciertos regímenes informativos dejan a los contribuyentes en un “limbo legal”. Destacó que, si bien ARCA dejará de recibir reportes automáticos de operaciones por encima de ciertos montos —que antes llegaban a partir de $30 a 100 millones mensuales—, esto no implica una amnistía ni un cambio en las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
Girard aclaró que, en caso de que se detecte que un contribuyente haya utilizado fondos de origen ilícito, se aplicarán las sanciones previstas por la ley vigente. “Esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal. Lo único que cambia es que ARCA deja de controlar, lo cual es una decisión política de alto riesgo”, sostuvo. Asimismo, remarcó que si un contribuyente transparenta una tenencia de dinero que no había declarado antes, deberá responder por los impuestos provinciales correspondientes, como Ingresos Brutos y Bienes Personales.
En cuanto a la situación general, ARBA —que administra impuestos para 1,2 millones de contribuyentes de Ingresos Brutos Simplificado, 800.000 del régimen general, y supervisa 7,3 millones de inmuebles, 1,9 millones de automotores y 55.000 embarcaciones registradas en la provincia— enfrenta la caída del principal impuesto provincial, Ingresos Brutos, que en marzo registró una baja del 17,5% real interanual según datos de Politikon Chaco.
Desde la agencia bonaerense señalaron que, pese a la flexibilización nacional, ellos continuarán fiscalizando con rigor: “Nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde. Esa es la única forma de construir un sistema justo y recaudar con equidad para sostener políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad”, afirmó Girard.
Reacciones en otras provincias
La postura de la provincia de Buenos Aires no es aislada. En Santa Fe, por ejemplo, desde la gobernación indicaron que no solicitarán información adicional a las empresas, sino que se enfocarán en “investigaciones criminales” y que, si detectan discrepancias entre actividades económicas y declaraciones, exigirán ajustes y fiscalizaciones. Señalaron también que no habrá “perdón fiscal” para lo no declarado.
Por su parte, el titular de ARCA, Juan Pazo, confirmó que el nuevo régimen permitirá declarar ingresos y gastos deducibles, sin informar variaciones patrimoniales, y anunció que próximamente enviarán al Congreso un proyecto para modificar la ley penal tributaria, aumentar umbrales y reducir los plazos de prescripción fiscal.
Sin embargo, funcionarios del equipo económico reconocen que la federalización del sistema complica la implementación uniforme de las medidas. “No hay un régimen de adhesión y el país es federal; si algún gobernador quiere hacer inspecciones, tendrá que hacerse cargo”, señalaron desde ARCA. También remarcaron que las provincias compiten para bajar impuestos provinciales y tasas municipales, porque de lo contrario las empresas podrían migrar a otras jurisdicciones.
