Contexto:
¿Por qué se reclama una actualización del IPC?
El debate sobre la actualización del IPC no es nuevo, pero ha cobrado relevancia en medio de una creciente preocupación por la brecha entre los datos oficiales y la realidad económica que viven los argentinos. La principal crítica hacia el INDeC es que la fórmula que utiliza para calcular la inflación está basada en una canasta de bienes y servicios de 2004. En ese momento, el consumo era radicalmente diferente al actual: no existían servicios como plataformas de streaming (Netflix, Disney+, etc.), el uso de internet en los hogares no estaba tan extendido, y productos como televisores de tubo, casetes o líneas de teléfono fijas aún formaban parte significativa de los hogares argentinos.
Uno de los principales impulsores del proyecto para actualizar esta fórmula es Esteban Paulón, legislador de Encuentro Federal. Según Paulón, si se aplicara una canasta más ajustada a los hábitos de consumo actuales, la inflación anual de 2024 sería un 16% superior a la registrada oficialmente por el INDeC. Esto impactaría en diversos sectores, pero especialmente en los jubilados, quienes tienen sus aumentos salariales basados en la medición oficial de la inflación. Según sus cálculos, la falta de actualización ha causado una pérdida de más de $500.000 anuales por jubilado, lo que equivaldría a más de $45.000 mensuales que no recibieron debido a este desajuste.
El diputado argumenta que el actual índice subestima los gastos más comunes de las familias argentinas, como los servicios básicos (luz, gas, agua), que en la canasta del INDEC tienen un peso de solo 2%, cuando en la práctica representan más del 17% de los ingresos familiares promedio. Además, la fórmula también subestima los gastos en tecnología, como internet, cable y servicios de streaming, que hoy son esenciales en el consumo de la mayoría de los hogares. La canasta actual no refleja estos consumos cotidianos, lo que distorsiona la realidad de los gastos de la mayoría de la población.
¿Qué consecuencias tiene esta desactualización?
El principal impacto de una medición desactualizada es que afecta a las jubilaciones y pensiones, que se ajustan con base en el IPC. Debido a la subestimación de la inflación, los ajustes que reciben los jubilados son menores a lo que realmente deberían percibir. Esto ha provocado una pérdida del poder adquisitivo de este sector, que además enfrenta un costo de vida cada vez más alto.
Por otro lado, las negociaciones salariales también se ven afectadas, ya que las paritarias toman como referencia el IPC para determinar los aumentos. Si este índice está desactualizado, los aumentos acordados no reflejan la verdadera inflación que enfrentan los trabajadores, lo que contribuye a la creciente insatisfacción social y el malestar de los gremios.
La subestimación del IPC también tiene implicancias a nivel político, ya que refleja un fenómeno de “licuación” de los salarios y las pensiones. Al no ajustarse correctamente, los ingresos reales de la población disminuyen, y el Gobierno se ve presionado para tomar medidas económicas adicionales, como reformas o ajustes fiscales, que pueden resultar impopulares. Esta situación puede ser aprovechada políticamente por la oposición, que no solo critica al INDeC, sino que también acusa al Gobierno de manipular los datos para ocultar una inflación más alta y generar una percepción de control sobre la economía.
¿Qué dice el INDEC al respecto?
Desde el INDeC, la respuesta ha sido que están trabajando en un nuevo sistema de medición. Aunque el organismo ha confirmado que se han completado las pruebas técnicas para una nueva canasta, aún no hay una fecha definida para su implementación. Según informaron fuentes oficiales del organismo a TN, el principal obstáculo para su puesta en marcha son los "avales institucionales" necesarios, lo que implica que el cambio aún está sujeto a la aprobación y coordinación con otras entidades y actores del Gobierno.
El INDEC también señaló que la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), realizada en 2022, contiene los datos sobre los hábitos de consumo más actuales y que el organismo ha estado utilizando esta información para construir el nuevo índice. Sin embargo, la transición de la canasta anterior a la nueva, que refleje de manera más precisa los patrones de consumo del siglo XXI, podría tomar tiempo debido a la complejidad técnica y los ajustes necesarios en el sistema.
¿Qué postura tienen los gremios sobre esta situación?
Los gremios han sido muy vocales en su reclamo por la actualización del IPC. Un grupo de 36 sindicatos, que representan a una parte importante de los trabajadores de distintos sectores, se ha unido para exigir que el INDEC utilice la información de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares como base para calcular la inflación. Los gremialistas argumentan que la medición actual no refleja los aumentos reales de los bienes y servicios que afectan directamente a los trabajadores, como el alquiler, los servicios públicos y la tecnología.
Daniel Yofra, referente sindical, indicó que el cálculo oficial no tiene en cuenta la devaluación de diciembre de 2023 ni los aumentos desmedidos de los servicios, lo que agrava la situación para los trabajadores. Según los gremios, el actual IPC “oculta” el impacto real de la inflación y distorsiona las negociaciones salariales y las políticas de ajustes que afectan directamente a las clases trabajadoras.
El sector sindical también critica que, si se mantuviera la metodología desactualizada, se seguiría "licuando" los salarios, lo que incrementaría la brecha entre el ingreso de los trabajadores y el costo de vida real.
Cómo sigue:
El INDEC continúa con su trabajo técnico para aplicar la nueva metodología, pero no se ha fijado una fecha para su implementación. Mientras tanto, el proyecto de ley presentado por Esteban Paulón y Mónica Fein sigue ganando apoyo en la oposición, aunque su avance en el Congreso dependerá de la voluntad política y de la situación legislativa post-electoral.
